El rompimiento de la alianza político-electoral entre el PRI y el PVEM en Chiapas ha generado que el proceso  para renovar la gubernatura del estado se haya tornado en uno de los más confusos del país.

A río revuelto el candidato a la gubernatura de Morena, PT y Movimiento Ciudadano, Rutilio Escandón Cadenas, quien hasta enero pasado se desempeñaba como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, se enfila a ganar la gubernatura, de acuerdo con lo que señalan las encuestas que miden la intención del voto en la entidad.

De acuerdo con la encuesta publicada por la Coparmex y Este País, la semana pasada, Rutilio Escandón tenía una intención del voto de 45.5%, seguido de Roberto Albores Gleason del PRI y Nueva Alianza con 16.2% y Jesús Alejo Orantes, sin partido, y José Antonio Aguilar Bodegas, postulado por PAN, PRD y MC que tenía 9.5 por ciento.

De acuerdo con analistas políticos de Chiapas consultados, en el escenario local se observa al gobernador Manuel Velasco Coello que de alguna u otra forma apoyó prácticamente todas las candidaturas que están en la contienda a grado tal que existe una marcada confusión entre sus seguidores de por quién deberán votar el próximo 1 de julio.

Lo que parecía un proceso encaminado a una transición resuelta, donde el gobernador dejaría el cargo a uno de sus hombres cercanos, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, mejor conocido como el Jaguar Negro, se descompuso, cuando, desde el centro del país PRI y PVEM determinaron que su candidato a la gubernatura chiapaneca sería el senador Roberto Albores Gleason, hijo del exgobernador Roberto Albores Guillén.

De esa forma el beneficiado sería el llamado Grupo Comitán, que es la facción dominante dentro del Revolucionario Institucional en la entidad.

La decisión, tomada sin la aprobación del gobernador, generó una airada reacción del diputado local Ramírez Aguilar, quien renunció al PVEM y posteriormente se sumó a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional, del cual es hoy candidato al Senado de la República.

Esa situación generó que se rompiera la alianza política que seis años atrás permitió que PRI y PVEM ganaran la gubernatura.

El partido tricolor sólo logró sumar a su coalición al Partido Nueva Alianza para postular a Albores Guillén.

Paralelamente, Morena, PT y el PES formalizaron su alianza y postularon como candidato a Rutilio Escandón Cadenas, quien es una persona cercana al gobernador Velasco Coello.

Incluso es sabido que hay una buena relación entre Velasco Coello y el candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

En abril pasado, cuando el candidato presidencial visitó la ciudad de Palenque, estuvo en la primera fila Fernando Coello, abuelo del gobernador Manuel Velasco.

El gobernador mueve sus cartas políticas

Varios analistas coinciden en señalar que el gobernador ha ordenado que haya una operación política en favor de Morena, lo cual, aunado al llamado efecto Andrés Manuel López Obrador que ya se observa en la entidad, harán ganar a Rutilio Escandón.

Otra parte de la jugada del mandatario chiapaneco es la postulación de Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez como candidato de los partidos Verde Ecologista de México y de los estatales Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, quienes hasta febrero pasado venían apuntalando una alianza con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

La jugada consiste en que Castellanos Cal y Mayor aparezca como el candidato del gobernador utilizando los recursos del gobierno del estado.

Sin embargo, los analistas consultados coinciden en señalar que este personaje se ha dedicado a fungir como ariete para atacar al candidato del Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, Roberto Albores.

En ese escenario la confusión es lo que permea en la entidad, porque gran parte de la estructura político-electoral del gobierno del estado no sabe a qué candidato van a apoyar para la gubernatura.

En tanto, los pagos de programas sociales de por lo menos  dos meses los mantienen retenidos y todo parece indicar que se debe a que esperan la indicación de por quién votar a cambio de recibir el apoyo.

Y mientras eso sucede, el candidato de la alianza conformada por el PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, José Antonio Aguilar Bodegas, no ha logrado colocarse en una situación de verdadera competencia.

En el caso de este abanderado, se trata de una persona que hasta diciembre pasado militaba en el PRI, partido al que renunció con el argumento de que buscaría construir una candidatura independiente a la gubernatura. Hasta octubre de 2017 formaba parte del equipo del gobernador Manuel Velasco Coello, como titular de la Secretaría del Campo.

En este panorama el candidato del Revolucionario Institucional, Roberto Albores es el único (de los abanderados de partido) que aparece como opositor al gobierno del estado y en las últimas semanas ha endurecido su discurso contra el mandatario estatal.

Jesús Alejo Orantes Ruiz, candidato independiente, prácticamente  sólo tiene fuerza en la región de Venustiano Carranza, de donde es originario. Se trata de un líder cañero hijo del exlíder campesino Carmen Orantes Alegría, un cacique de la región, quien era famoso porque decía que tenía más de 100 hijos y una gran cantidad de terrenos.

Los otros dos candidatos independientes, Lenin Otilio Urbina y Horacio Culebro, no alcanzan ni 1% en la intención del voto, por lo que sus candidaturas son  consideradas  como testimoniales.

Indígenas exigen cumplir con palabra empeñada

Luego de que el PRI y el PVEM no pudieron concretar su alianza para la gubernatura, la confusión se acentuó en el ámbito municipal, debido principalmente a que los arreglos para la alianza contemplaban que el tricolor cedió al Verde 19 de las 24 candidaturas a la diputación local. Cuando rompen la coalición el PRI le pidió al Instituto estatal electoral echar atrás esas candidaturas, pero el instituto se niega a que el PRI nombre a nuevos candidatos.

Hasta la semana pasada  la autoridad electoral local no había decidido en última instancia qué va a pasar con esas candidaturas. 

El problema es que hay una situación similar en alrededor de 50 de los 123 municipios que conforman la entidad.

Además, la situación se complica porque entre los municipios en donde había acuerdos para ir en alianza hay 42 que se rigen por usos y costumbres. Nombran sus autoridades en asambleas y luego comunican a la autoridad, y sólo lo formalizan con los partidos.

Un ejemplo de la tensión que ha generado es lo que ocurre en San Juan Chamula, donde el pueblo, por usos y costumbres, había decidido quién sería su autoridad y sólo esperaban formalizarlo en la elección. Ellos exigen al gobernador que cumpla con el acuerdo de que su próximo alcalde sería postulado por el PRI.

En ese y en otros 22 municipios indígenas, principalmente de la zona de Los Altos, se corre el riesgo de que se generen actos violentos debido al intento del gobernador de cambiar de partido a las autoridades ya acordadas por usos y costumbres o remplazarlas por otras para cumplir con las formalidades que marca la ley electoral. En cuatro municipios las comunidades han decidido que ante la confusión generada por el pleito entre los partidos, no van a permitir que se instalen las casillas electorales el 1 de julio próximo.

diego.badillo@eleconomista.mx