La decisión del Congreso de Baja California de ampliar el periodo del próximo gobierno de Baja California podría haber sido producto de un pacto político donde hubo dos beneficiados, el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid, que pudo nombrar a una persona cercana a él como auditor del estado, y el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, que gobernaría cinco años, no dos para los que fue electo, consideran expertos.

Víctor Alejandro Espinoza Valle, director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera, expuso que lo que sucedió en Baja California sólo tiene una explicación: hubo un pacto para que a cambio de ampliar el periodo de la gubernatura del morenista Jaime Bonilla el PAN nombrara al próximo auditor del estado, quien le “cuidará las espaldas” a Francisco Vega.

El especialista refirió que una vez que el Congreso local aprobó que la gubernatura encabezada por Jaime Bonilla duraría cinco años, se procedió a nombrar a Carlos Montejo como auditor del estado por un periodo de siete años.

“El auditor es gente cercana al gobernador. Le va a cubrir las espaldas. Es evidente que el gobernador salió ganando, gana un auditor que es amigo de él (...) El gobernador se protegió”, consideró.

En tanto, dijo, el PRI también obtuvo una ganancia, a cambio del voto de sus legisladores, podrá colocar a alguien afín en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Por su parte, el analista político Miguel Hernández planteó que existen versiones que señalan que la negociación pudo darse directamente entre el gobernador entrante y los legisladores locales, pues en algunos medios se ha llegado a decir que se les ofreció dinero por su voto.

Dijo que debido a que  en los corrillos políticos de la entidad han surgido versiones en el sentido de que parte de las negociaciones “fue dame la ampliación a la gubernatura con tus diputados, porque fueron diputados del PAN los que hicieron que pasara esto, y yo doy cierta inmunidad en ese tiempo porque prácticamente durante toda la campaña no había día en que el gobernador electo decía que lo podía meter a la cárcel, que lo iba a investigar”.

En ese sentido, recordó que incluso la Auditoría Superior de la Federación detectó que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid presuntamente desvió 1,432 millones 351,069 pesos.

Dirigencias nacionales se declaran engañadas

Mientras que los diputados que aprobaron la ampliación de dos a cinco años el plazo del próximo periodo de gobierno de Baja California no quieren dar la cara, están en proceso de expulsión de sus respectivos partidos o se han declarado independientes, la dirigencia nacional de Morena respaldó la decisión, mientras que las del PAN y PRD se declararon engañadas por sus propios legisladores en esa representación popular.

El secretario general del PAN, Héctor Larios Córdova, afirmó que el mismo lunes aquel, antes de la sesión extraordinaria del Congreso, la dirigencia nacional tuvo contacto con su bancada en Baja California, así como con la dirigencia estatal. Los legisladores panistas les informaron que en esa sesión no sería votada ninguna ampliación del periodo de gobierno, pero, aun así, la dirigencia les pidió abandonar la sesión. Sin embargo, “respondieron con engaños diciendo que no iban a votar”.

Destacó que, para tener seguridad, el CEN panista les pidió que se salieran del salón, pero solamente tres lo hicieron.

El dirigente panista sostuvo que, aunque no tiene seguridad en que los diputados recibieron dinero o alguna tipo de gratificación política, no hay duda de que fueron corrompidos porque seguramente a cambio de su voto les prometieron “futuro político”, sin importar que con su decisión violaron los principios democráticos.

Para Larios, aunque no es claro quién está detrás de la forma de actuar de los diputados, el gran beneficiario es Jaime Bonilla Valdez.

Descartó que el gobernador saliente tenga alguna responsabilidad en la forma en que votaron los diputados de Acción Nacional.

Mientras que el PRD sólo tenía una diputada en el Congreso de Baja California. Se trata de Rocío López Gorosave, integrante de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, quien votó a favor de la modificación. El pasado 11 de julio, la legisladora presentó su carta de renuncia al PRD y se declaró diputada independiente.

Asimismo, el PRI anunció que iniciará un proceso para expulsar de sus filas a los cinco diputados de esa organización que votaron en favor de la iniciativa de Morena y los exhibió en un anuncio espectacular colocado en el centro de Ensenada, donde junto a sus fotos se leía: “Desconocemos a estos diputados por traicionar al PRI”.