El discurso de odio de AMLO contra la Corte ya está rebasando límites

El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa un discurso de odio en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de algunos de los ministros que integran su pleno, lo cual junto con su resistencia a acatar las decisiones del Poder Judicial es preocupante por lo inédito de los ataques, porque constituyen un ejemplo a seguir por sus seguidores y porque puede derivar en el rompimiento del orden constitucional, además de que ya está rebasando límites, plantearon investigadores

Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, dijo que, si bien en cualquier democracia es normal que haya tensiones entre los distintos poderes y que en México en distintos momentos de la historia ha habido criticas entre ministros y el presidente de la República, lo que es inédito es el nivel de las criticas expresadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de ministros de la SCJN, actitud que ha sido replicada por gobernadores, legisladores y dirigentes de su partido.

Comentó que tan sólo en el primer trimestre de 2023, el mandatario hizo al menos 30 señalamientos en contra del Poder Judicial, la Corte y en contra de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

“Esto sí nos debe de preocupar porque hay una intensidad inédita en esos ataques, además de que trae consecuencias, por ejemplo, incentivar a otros actores a organizar manifestaciones en donde se dan amenazas incluso a la vida de la presidenta de la SCJN”.

Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, destacó que ese discurso de odio se ha comenzado a replicar en el interior del país y en la capital por funcionarios, legisladores y seguidores del presidente, cuando lo único que han hecho los ministros es defender la Constitución, haciendo uso de las facultades que les confiere para hacer frente a actos de autoridad que no se encuentran de conformidad con el marco legal vigente.

“Son una serie de palabras, expresiones, manifestaciones que están promoviendo la violencia e incitando a la ciudadanía que tiene simpatía con la 4T con el propósito de seguir atacando al poder Judicial, especialmente contra la Corte y los ministros que han ejercido sus facultades con autonomía”.

Dijo que esa narrativa se explica porque no han podido someter a ministros de la Corte a la 4T. “Ese es el fondo del asunto”.

Si el objetivo real fuera impulsar una reforma al Poder Judicial ya se estaría analizando un estudio serio de cómo se va a mejorar la impartición de justicia en todos sus niveles, abundó.

De acuerdo con el académico, Morena no está interesado en mejorar o fortalecer el sistema de impartición de justicia; “lo que quieren es tener un poder judicial a modo”.

El miércoles pasado, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que se presentó una iniciativa para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados de circuito y jueces de distrito, sean electos por voto popular, el diputado federal de Morena, Alejandro Robles, dijo: “vamos a obradorizar el poder Judicial”.

Al respecto, el académico comentó que esa es la más clara expresión de sinceridad o cinismo de Morena que no busca mejorar al Poder Judicial sino someterlo al Ejecutivo. “Quiere tener un hiperpresidencialismo, donde una sola persona desde el Ejecutivo tenga, bajo su mando al Poder Legislativo y al Judicial”.

Laurence Pantin recalcó que la animadversión no ha quedado solo en el discurso; ha habido comunicados oficiales en los que se crítica a la SCJN, por ejemplo, cuando se conoció un proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán.

Además, el mandatario ha reaccionado a resoluciones de la SCJN con la amenaza de mandar una iniciativa de reforma constitucional para cambiar la forma en que deben elegirse los ministros.

“Es una actitud que no es democrática y pone en riesgo el Estado de derecho. Por eso nos debe preocupar”, expuso.

Por su parte, Francisco Burgoa, enfatizó que la SCJN es la defensora de la Constitución, para que sus principios fundamentales, como la división de poderes, sean una realidad. Además, es la defensora de los pesos y contrapesos que garantiza el equilibrio entre poderes.

Si la SCJN se deja presionar e intimidar, prácticamente dejamos de tener división de poderes y esto se convertiría en un sistema político donde el presidente controlaría todo en la vida pública y transitar hacia una dictadura, añadió.

El papel que tiene la SCJN, dijo, es fundamental para preservar el orden constitucional, convencional y legal.

Asimismo, recalcó que el presidente no debe cruzar la línea del desobedecimiento a las resoluciones de la SCJN, ni del Tribunal Electoral, ni de ninguna autoridad judicial.

La SCJN no debe resolver con base en lo que opinen mayorías o minorías

Laurence Pantin recalcó que la democracia define quién debe ser titular del poder Ejecutivo, así como los integrantes del poder Legislativo, por mayoría, pero eso no quiere decir que las minorías no tengan derechos, pues, por una parte, existen los mecanismos para que tengan representación en el Congreso y para que sus derechos sean protegidos por el Poder Judicial.

Por ello, la SCJN tiene la función de controlar que legisladores y el presidente cumplan con lo que establece la Constitución y respete derechos de las minorías.

Eso da lugar a un sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, el presidente López Obrador se equivoca al declarar que la SCJN ha asumido una actitud de oposición a su gobierno y al Congreso donde su partido tiene mayoría, cuando lo único que ha hecho es asegurar que tanto el mandatario como los legisladores cumplan con la Constitución y las leyes que de ella emanan para que las mayorías no incurran en arbitrariedades, violando el marco constitucional contra las minorías, expuso.

Pantin destacó que la SCJN debe resolver, no con base en lo que piensen las mayorías o las minorías, sino con base en lo que establece la Constitución y sus leyes, es decir en el Derecho.

La especialista enfatizó que tener una alta popularidad no le da al presidente López Obrador el derecho de pasar por encima de la ley y ese es el peligro. “Siempre habla que él representa el pueblo y dice que los ministros de la Corte no son elegidas democráticamente, aunque tengamos cuatro ministros propuestos por él”.

Indicó que la propuesta de nombrar a los ministros de manera directa, vía popular es una falsa buena idea porque si bien puede impedir que haya un vinculo político entre ministros y quienes los nombraron (el presidente y el Senado), si se nombran por voto directo entonces van a necesitar hacer campaña, lo cual necesita dinero, lo cual necesariamente tendrían que ir a buscar en grupos de poder y al ser nombrados le van a deber algo a alguien.

Dijo que desafortunadamente esta tensión entre el presidente y la SCJN ya rebasó los límites que se debieran permitir porque, por un lado, cuando las manifestaciones se han tornado en discursos de odio, lo cual es muy preocupante, por ejemplo cuando han deseado que la ministra presidenta muera al poner su imagen en un ataúd. Además eso ocurre cuando en México la seguridad de los juzgadores es una preocupación, por las amenazas y agresiones de las que han sido objeto.

Por otra parte, el hecho de que el presidente reaccione publicando un decreto horas después de que otro muy similar ha sido declarado inconstitucional por la SCJN es preocupante porque lo que demuestra es que no quiere acatar las órdenes judiciales. “Lo que significa es que considera que su actuación está por encima de la Constitución y de la ley”.

Cuando tenemos un presidente que no está dispuesto a someterse a la Constitución y a las leyes, entonces estamos en graves problemas, remarcó.

Por su parte Francisco Burgoa expuso que por la narrativa que ha impulsado en los últimos meses, el presidente López Obrador, sí podría llegar el momento en el que, con el argumento de que el pueblo así lo quiere, determine ya no obedecer lo que diga la SCJN.

Recalcó que el desconocimiento del presidente a resoluciones de la Corte implicaría un rompimiento del orden constitucional, lo cual no ha ocurrido desde principios del siglo pasado cuando lo hizo Victoriano Huerta.

El presidente estaría cometiendo un delito, pero al estar protegido por una inmunidad procesal, que se desprende de la Constitución, estaríamos en una situación delicada, porque la Cámara de Diputados sería quien debiera acusar ante el Senado y con una composición como la actual del Congreso, eso no prosperaría.

diego.badillo@eleconomista.mx