Organizaciones civiles dedicadas a brindar atención a mujeres víctimas de violencia sexual consideraron la necesidad de impartir una educación sexual con perspectiva de género y homologar las sanciones por delitos sexuales.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia sexual como: “Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física”.

Para detallar, el abuso sexual se refiere a tocamientos u actos sexuales sin consentimiento de la víctima, sin llegar a la penetración, a diferencia de la violación.

El acoso es el comportamiento verbal o físico que atenta contra la dignidad de la víctima y generalmente se llevaba a cabo en un ambiente intimidatorio. Éste generalmente sucede en el transporte público y el entorno laboral.

De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el abuso sexual contra mujeres aumentó 33.74% entre el 2017 y el 2018, mientras el acoso incrementó 37.21% a nivel nacional.

Entrevistada por El Economista, la presidenta de Casa Gaviota, Dolores Blancas consideró que si bien han aumentado los delitos de violencia sexual contra las mujeres, se han visibilizado aún más al propiciar la cultura de denuncia.

“Las mujeres hemos logrado detectar los distintos tipos de violencia debido al empoderamiento de la mujer. Sin embargo, no se ha hecho de manera simultánea con la educación, principalmente de los hombres”, dijo.

Asimismo, Blancas opinó que las medidas para perseguir y sancionar este delito deben reforzarse para garantizar el acceso a la justicia y terminar con la impunidad.

“Con lo que está sucediendo últimamente en el metro de Ciudad de México es necesario que coloquen los módulos de vigilancia en cada estación de metro, no sólo en algunas. Es como lo que quisieron hacer con el silbato de emergencia hace unos años. El problema es que no los reparten en todas las estaciones y muchas mujeres ni sabían de ellos”.

Por otra parte, Rocío Corral, directora del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Macrón, enfatizó la necesidad de que las sanciones de este delito estén homologadas.

“Cada estado tiene su legislación, aunque tenemos un Código Penal Federal. Es importante que en todos los estados esté tipificado de la misma manera para su sanción”.

Externó que el Ministerio Público debe estar capacitado de tal manera que pueda hacer el correcto levantamiento de las denuncias, ya que “aún se pone en duda la credibilidad de las mujeres al denunciar cualquier manifestación de violencia sexual y queda impune, dándole más poder a los perpetradores”, atajó.