Extraditado, pero libre bajo palabra

En febrero de este año, autoridades españolas anunciaron la detención, en una zona residencial de Málaga, de Emilio “L”, director de Pemex entre el 2012 y 2016, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En junio aceptó su extradición a México bajo un acuerdo con la Fiscalía General de la República para ser tratado como testigo colaborador en casos como Odebrecht. Tras un breve paso por un hospital privado, debido a que al llegar al país presentó anemia, se le permitió ir a su casa con libertad bajo palabra.

Buscará trato como el de Emilio Lozoya

A quien fuera titular de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio pasado, Rosario “R”, se le dictó prisión preventiva en agosto del 2019 al vinculársele con la “Estafa Maestra”, mecanismo por el cual se desviaron más de 5,000 millones de pesos de recursos públicos. Desde entonces permanece en el penal de Santa Martha Acatitla. Al principio se dijo perseguida política de la gestión de Andrés Manuel López Obrador; el martes pasado anunció que colaborará con la Fiscalía General en el caso.

La Fiscalía General, todavía sin pruebas

El extitular de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, es señalado por el caso de la “Estafa Maestra” y Odebrecht, específicamente por quienes fueran sus compañeros de gabinete: Rosario “R” y Emilio “L”. En la víspera, el exfuncionario, que se encuentra en Estados Unidos, se desvinculó de las acusaciones.

La Fiscalía General de la República solicitó recientemente una orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht, la cual fue negada por un juez federal al considerar que estaba mal integrada.

Negoció gobierno su regreso al país

Por solicitud de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), el secretario de la Defensa Nacional entre el 2012 y 2018, Salvador Cienfuegos fue arrestado en los Ángeles, California, en octubre pasado por presuntos vínculos con el narcotraficante Juan Francisco Patrón, el H2, abatido en el 2017 por la Marina. Después de negociaciones entre el gobierno mexicano y el estadounidense para retirar los cargos, arribó a México en donde se le informó que será investigado, tras lo cual se fue a su casa.

Un juicio en proceso, en Estados Unidos

En diciembre del 2019, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, fue detenido en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas, específicamente cocaína, desde México hacia Estados Unidos; además de posibles relaciones con el Cártel de Sinaloa.

Actualmente afronta el proceso en una corte de Nueva York. El exfuncionario se ha declarado inocente de los cargos que le imputan las autoridades de la Unión Americana. El expresidente Calderón, por su parte, se ha desvinculado de él.

Batallan para su retorno a México

El exgobernador de Chihuahua, César “D”, fue detenido en Miami, Florida, en julio pasado durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump. La detención se dio por solicitudes de extradición del gobierno mexicano para afrontar acusaciones por presuntos desvíos de recursos. El exgobernador busca no ser extraditado. A su vez, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, ya encarcelado y sentenciado, ofreció colaborar con la FGR en el caso Odebrecht.

Recuperar recursos, un pendiente

Hay cambios sí, pero aún no se reflejan, señalan

A dos años de la entrada en funciones de la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción no ha registrado grandes cambios ya que, si bien ahora los casos se han vuelto más mediáticos, no hay resultados en cuanto a sentencias o recuperación de recursos, coincidieron especialistas.

En los dos primeros años de la gestión de López Obrador han sido diversos los funcionarios de alto mando de las gestiones de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, así como exgobernadores, los señalados por supuesta corrupción.

Algunos de ellos afrontan en la actualidad procesos penales en México; otros han sido señalados en Estados Unidos.

Sin embargo, casos como el de Emilio “L”, extitular de Pemex entre 2012 y 2016, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, vinculado con presuntos sobornos, se encuentran en libertad bajo palabra ante la promesa de colaborar para resolver éste y otros casos como Odebrecht, situación que ha causado críticas de especialistas.

“La principal diferencia de esta administración con las anteriores es el compromiso declarado contra la corrupción. El presidente ha movido el eje de la llamada lucha contra la corrupción a la Fiscalía General, el SAT y la UIF, y hay una percepción social de que el gobierno está trabajando en esta tarea.

“Sin embargo, la corrupción en trámites y servicios, que incluye a los gobiernos federal y estatales, sigue creciendo. Y lamentablemente la gran corrupción trasnacional sigue sin sancionarse en México. Sobre los casos más sonados, todavía no hay sentencias y ningún activo desviado ha sido recuperado. Hay cambios sí, pero todavía no están reflejándose”, aseguró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

El activista añadió que la administración lopezobradorista ha dejado de lado al Sistema Nacional Anticorrupción y han enfocado los esfuerzos del combate al flagelo a través de la Fiscalía, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.

“El mayor faltante no está en las herramientas o los diseños normativos, sino en los resultados, todavía no hay redes de corrupción desmanteladas, los casos de los exgobernadores siguen pendientes de juicio, y no hay recuperación de activos ni reparación del daño a las víctimas. Hay más herramientas, más facultades, más trabajo, pero los resultados son todavía muy parecidos a los de antaño”, reiteró Eduardo Bohórquez.

Por su parte, Marco Fernández, coordinador del programa anticorrupción de México Evalúa, calificó el combate a la corrupción en este gobierno como discursivo, poco efectivo y selectivo.

El también académico del TEC de Monterrey ahondó que no hay una estrategia de investigación y prevención sistemática contra el problema.

“La famosa escoba que barrería la corrupción, que prometió el presidente, pues sus cerdas no llegan cuando los personajes son cercanos a Palacio; ahí está por ejemplo el caso del señor (Manuel) Bartlett (titular de la Comisión Federal de Electricidad) que fue, no solamente exonerado, sino que ni siquiera se hizo una investigación para poder explicar la multiplicación de bienes que tiene el señor, que no son consistentes con su historial como funcionario público que ha sido toda la vida”, dijo el experto.

Fernández apuntó que otra contradicción del presidente López Obrador es que en campaña aseguró que no se abusaría en su mandato de las adjudicaciones directas y hoy en día esto es un patrón de su gobierno.

A su vez, mencionó que miembros del gabinete han utilizado huecos en la ley para no declarar la totalidad de sus bienes.

En este sentido, en febrero del año pasado, se conoció el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien es dueña de un departamento en el estado de Texas, en Estados Unidos, el cual no declaró.

Para la integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Issa Luna Pla, las sanciones emitidas en casos de corrupción por la Secretaría de la Función Pública, si bien tienen un impacto mediático, al llegar ante un juez no están bien fundamentados y “no están convirtiéndose en casos que causen alguna sentencia”.

La especialista en acceso a la información mencionó que otra cosa que preocupa es que la actual administración no tiene interés en llevar un control de los archivos, lo que puede afectar es que “en un futuro muy cercano no tengamos información o archivos sobre los actos administrativos y la constatación de hechos de probable corrupción y esa es una preocupación grave porque lo que vamos a tener es una administración pública que no documenta sus actos”.

Fideicomisos

En tanto, Salvador Mora, experto de la UNAM en anticorrupción, refirió que en temas como los fideicomisos, los cuales han sido señalados de corrupción por el Ejecutivo federal, han sido sólo parte del discurso, sin embargo, no hay pruebas concretas sobre esto.

Añadió que la actual estrategia desplegada por el gobierno no garantiza la viabilidad de la transparencia y rendición de cuentas, ni ataca la corrupción.

“El uso de la figura legal que utiliza la exsecretaria Rosario ‘R’, el mismo Lozoya son figuras que al final del camino están buscando no solamente cooperación para evitar una pena mayor sino también evitar de alguna manera exculpados y ser liberado de las causas (...) el presidente de la República juega con un discurso del cual ni siquiera ellos están limpios del tema de corrupción, de transparencia, el tema de ser responsables como funcionarios públicos; el caso del hermano (Pío López) es patético en ese sentido”, completó. (Con información de Héctor Molina)

Luis Videgaray es investigado por la UIF

Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte del caso Emilio “L”, indagatoria a la que se sumarían las eventuales declaraciones de Rosario “R” en relación con la llamada “Estafa Maestra”, informó Santiago Nieto Castillo.

“Vamos a esperar a si la Fiscalía General de la República (FGR) nos hace algún requerimiento particular sobre el señor Videgaray”, dijo el titular de la UIF, ya que desde que Emilio “L”, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), hizo señalamientos en su contra como parte de la denuncia que de manera formal presentó ante la Fiscalía, se abrió una investigación.

Desde el Senado, tras reunirse con los coordinadores de los grupos parlamentarios, Nieto Castillo recordó que la UIF ya presentó “dos denuncias en contra de Rosario ‘R’, Ramón Sosamontes y Emilio Zebadúa por presuntos desvíos de recursos relacionados con lo que conocemos como la ‘Estafa Maestra’”. “Existieron estos desvíos”, refrendó el funcionario.

En tanto, la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario “R”, refrendó que buscará un criterio de oportunidad con la FGR.

“Reitero mi compromiso de hablar con la verdad. He pedido a mis abogados Epigmenio Mendieta y Sergio Ramírez, generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad, consciente de lo que significa. Seguro habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas hablarán”, expuso la exfuncionaria a través de su cuenta de Twitter.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Rosario “R” haya decidido colaborar como testigo, al indicar que este mecanismo permite conocer más sobre la corrupción y castigar a los responsables. (Con información de R. Ramos, J. Monroy y M. Pérez)