La Fiscalía General de la República es una institución muy débil, prácticamente desmoronándose, donde urge llevar a cabo un rediseño institucional que le permita migrar a hacer investigaciones contextuales, no caso por caso, y así, estar en condiciones de cumplir con su misión, planteó la directora de la organización civil Tojil, Adriana Greaves Muñoz.

En entrevista, la también exdirectora jurídica de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad dentro la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación dijo que el recientemente nombrado fiscal general, Alejandro Gertz Manero, tiene en sus manos una tarea magnánima, además de que recibe a una institución que lleva año y medio sin nadie a cargo.

Lo preocupante, expuso, es que no tiene una política de persecución del delito, lo cual lo demuestran las cifras. Citó que acuerdo con un reporte del Consejo de la Judicatura Federal, de junio del 2014 a junio del 2018, el Poder Judicial recibió de la PGR alrededor de 39,000 causas penales, de las cuales 55% son presuntos delitos de portación de armas de fuego, 19% delitos contra la salud, 7% de robo de hidrocarburos y solamente 0.23% por asuntos de delincuencia organizada.

La abogada reiteró que “lo que debiera de atender (la fiscalía) es el desmantelamiento de redes (criminales) y delitos de alto impacto” y “ en realidad se está concentrando en delitos, cuya investigación es costosísima, porque son investigaciones caso por caso y que el impacto social es muy bajo”. “Tiene que hacerse un rediseño institucional, para ver en qué delitos se van a concentrar. No pueden agarrar a todos”.

También dijo que es necesario invertir en la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, pues es evidente que requieren de seguridad jurídica y social. “Institucionalmente se tiene que proteger al Ministerio Público”, recalcó.

El fiscal no tiene un plan de persecución del delito

Recordó que en los artículos transitorios de la ley que dio origen a la transformación de la PGR a Fiscalía General de la República establece que el actual fiscal tiene 90 días, que se vencen el próximo 17 de marzo, para presentar un plan provisional de persecución del delito y le concedió un año para presentar un plan definitivo.

Dijo que las intervenciones en público que ha tenido el fiscal general en los pocos días que lleva en el cargo reflejan que no tiene una estrategia.

Puso como ejemplo su desempeño en el asunto de la explosión en el ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida el 18 de enero pasado. En ese caso, el fiscal habló de dos estrategias: abrir carpetas de investigación (lo cual quiere decir que el enfoque de su investigación será caso por caso) y comenzar a utilizar la herramienta de extinción de dominio.

En ese sentido, la abogada llamó la atención en que, si bien ya fue aprobada la iniciativa de reforma constitucional para que se pueda dar la extinción de dominio en el Congreso de la Unión, no ha sido aprobada también por las legislaturas locales, por lo tanto, aún no está cumplido todo el proceso legislativo para ser promulgada y utilizarse.

“Por ende, es una figura que no existe hasta ahora”. Sin embargo, advirtió, si la investigación se aborda desde un enfoque de delincuencia organizada, sí se puede usar la extinción de dominio.

Con ello, añadió, lo único que se está vislumbrando es que el fiscal no tiene un plan de persecución.

Por otra parte, aseguró que en el escenario público se le ha dado mucho vuelo a la necesidad de aprobar la prisión preventiva para delitos como el robo de combustible y corrupción, lo cual si bien se trata de un asunto que es muy fácil de vender políticamente, como está ocurriendo, desde el punto de vista del trabajo de persecución del delito no tiene mucho sentido.

“Es una solución temporal y una venta política que al final no se ve tangiblemente (…) además de que ésta obviamente criminaliza a la gente más desfavorecida”.

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