La exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, ofreció ante un juez federal un cúmulo de pruebas para tratar de sustentar su inocencia en el desvío de más de 5,000 millones de pesos de recursos públicos, por lo que la acusa la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el segundo día de audiencia de imputación por el delito de ejercicio indebido del servicio público, la defensa de Rosario Robles exhibió más de 40 medios de prueba para argumentar su inocencia en la firma de 27 convenios calificados como indebidos por parte de la Fiscalía, con universidades públicas estatales.

Los abogados de la exfuncionaria federal mostraron al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, 14 oficios girados por Robles, la extitutlar de Sedatu y Sedesol, tanto al oficial mayor, Emilio Zebadúa, como a los jefes de las unidades jurídicas de ambas dependencias, a fin de que se atendieran y solventaran las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); incluso la defensa de Robles Berlanga exhibió al juez la carta de entrega-recepción de la Sedesol que fue dada al nuevo titular de esa dependencia, José Antonio Meade, el 27 de diciembre del 2015, en la que notificó las observaciones hechas por la ASF.

La defensa también mostró al juez un oficio del 7 de noviembre del 2018, por el que pidió a la entonces secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, que realizara una investigación al patrimonio de Rosario Robles, y por lo cual no se le encontró irregularidad en la evolución de sus bienes.

La defensa también mostró el testimonio de Juan Francisco Martínez Lavín, entonces jefe de la unidad de enlace de la Sedatu, quien mediante un oficio manifestó que ejecutó las indicaciones de Rosario Robles, quien en ese entonces era titular de esa dependencia, para solventar las observaciones de la ASF.

Sobre esto, el Ministerio Público federal, en representación de la Fiscalía General, pidió al juez no aceptar esta última prueba por considerar que la documental fue obtenida por personas que ya no son servidores públicos, lo cual podría entenderse como un acto ilícito, sin embargo, el juez admitió la documental.

El equipo jurídico de Rosario Robles, que encabeza el abogado Julio Hernández Barros, planteó al juez que la mayoría de los 27 convenios irregulares, de los que se acusa a su cliente, se encuentra sub júdice, ya que no han sido concluidos por la ASF y, por lo tanto, no cuentan con una determinación firme.

Tras más de cuatro horas de audiencia, los cinco abogados de la exfuncionaria federal hicieron un repaso por los 27 convenios con universidades de Morelos, Estado de México, Hidalgo y Quintana Rooo, entre otras, para argumentar que no contenían la firma de su cliente.

Al inicio de la audiencia, el juzgador ordenó un receso para que los agentes del Ministerio Público revisaran las más de 40 pruebas que la defensa de Robles había ido a entregar a la Fiscalía General de la República mismo y que no le fueron aceptadas; el juez reprendió a los agentes del MP pues dijo que era su obligación revisarlas y no esperarse a la audiencia; los agentes sostuvieron que no recibieron la documentación porque requerían de tiempo para cumplir un protocolo que no podía llevarse a cabo al estar en trayecto hacia el Reclusorio Sur.

Además, el juez rechazó admitir a prueba algunas documentales presentadas, entre ellas una de grafoscopía y un testimonio que habían sido entregados por los abogados de la extitular de Sedesol y Sedatu.

Antes, al presentarse en el Reclusorio Sur, Rosario Robles dijo que llegaba para demostrar su inocencia. Afirmó que confiaba plenamente en el Poder Judicial y que está con las “faldas bien puestas” y “dando la cara”.

“Como lo dictó el juez: estoy aquí, estoy aquí hoy, hoy antes de las 6 de la tarde para presentar la defensa para demostrar mi inocencia y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial, por eso estoy aquí como siempre y como siempre se los he dicho: con las faldas bien puestas tomando al toro por los cuernos y dando la cara; aquí estoy”, expresó.

Cabe señalar que una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, llamada la Estafa Maestra, señala la triangulación de 7,670 millones de pesos.

Al cierre de esta edición, la audiencia continuaba en espera de que el juez Felipe de Jesús resolviera vincular o no a proceso a Rosario Robles.

En la primera audiencia

La acusación: uso indebido de recursos

El pasado jueves, Rosario Robles fue señalada por la Fiscalía General de la República por uso indebido de más de 5,000 millones de pesos, a través de la firma de 27 convenios con universidades públicas.

Al igual la extitular de Desarrollo Social y de Sedatu afirmó el 8 de agosto que daba “la cara”. En dicha audiencia, celebrada en el Reclusorio Sur, se le adjudicó:

“Usted tuvo pleno conocimiento de la afectación a la hacienda pública. No lo evitó teniendo la facultad para ello y no informó a su superior jerárquico. Eran recursos destinados al combate a la pobreza y al ordenamiento territorial, recursos que debieron manejarse con honradez como lo establece el Artículo 134 de la Constitución”.

Así, la Fiscalía General de la República imputó desde la semana pasada a Robles Berlanga el delito de ejercicio indebido del servicio público, contemplado en el Artículo 214 del Código Penal Federal, por la celebración de 27 convenios entre el 2014 y el 2018 con la Universidad Autónoma de Morelos; la Universidad Politécnica Madero de Hidalgo; la Universidad Politécnica de Quintana Roo; la Universidad Politécnica de Chiapas; el Sistema de Televisión de Quintana Roo y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo. (Con información de Redacción)