Por falta de elementos probatorios, un juez federal en Tamaulipas decretó auto de libertad a cuatro personas relacionadas con el caso de la desaparición de 43 jóvenes de la escuela rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, ocurrida en septiembre del 2014. Sin embargo, sólo uno de ellos dejaría la cárcel.

Marco Antonio Ríos el Cuasi y Martín Alejandro Macedo Barrera el Becerro están acusados del secuestro de los jóvenes normalistas, mientras que Luis Alberto José Gaspar el Tongo y Honorio Antúnez el Patachín fueron indiciados por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.

Únicamente Luis Alberto José Gaspar saldría en libertad, ya que los otros tres vinculados con el caso Iguala enfrentan otras causas penales como violación a las leyes de inhumación y exhumación y tráfico de drogas en el estado de Guerrero.

El juez primero de Distrito en procesos penales de Matamoros, Tamaulipas, dictó una sentencia con reservas de ley, es decir, lo anterior no implica que el  proceso penal haya concluido, porque se encuentra latente la posibilidad de que el Ministerio Público (MP) Federal presente una nueva acusación contra ellos.

Fuentes judiciales confirmaron que lo anterior es resultado de la sentencia del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, el cual en una segunda apelación por parte de los acusados ordenó reponer el proceso.

Ello, tras determinar que en la preinstrucción, es decir, en la primera fase del proceso penal —que incluye la toma de declaración— la Procuraduría General de la República (PGR) no presentó suficientes pruebas procedimentales, lo que impidió la posibilidad de su defensa.

Al reponerse el procedimiento, el juez federal de Tamaulipas advirtió la existencia de que las declaraciones pudieron ser obtenidas bajo tortura, y por tanto quedaron desestimadas dichas pruebas.

Asimismo, consideró que el resto de las pruebas presentadas por el Ministerio Público se consideraron insuficientes para sostener un auto de formal prisión.

En la resolución se expuso que el auto de libertad no implicaba que los hechos consignados por el MP no existieron, ni tampoco que los liberados no participaron en su comisión, ello conlleva que no es una libertad absoluta.

Se indicó que representaba una oportunidad para que el Ministerio Público volviera a investigar a fin de evitar la impunidad; además, a diferencia de otras determinaciones, permite someter las consideraciones que la sustentan al escrutinio de órganos revisores.

Esta sentencia es independiente de la del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas, que fue dada a conocer el pasado 4 de junio. En esta resolución el juez determinó que la investigación sobre el caso no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. Asimismo, recomendó establecer una comisión de la verdad y la justicia a modo de procedimiento alternativo.

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