En el Estado de México, la pandemia de Covid-19 agudizó las deficiencias ya existentes en los servicios de procuración de justicia de la entidad, principalmente, en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres, documentó Amnistía Internacional. 

Al presentar el informe “Como anillo al dedo”. El impacto de la pandemia de Covid-19 en los servicios de procuración de justicia del Estado de México, la organización internacional dio a conocer los resultados de tres meses de análisis al funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de México durante el periodo de la contingencia sanitaria. En especial, centrándose en la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y la Fiscalía Especializada de Desapariciones.

En dicho documento, Amnistía Internacional dijo haber identificado tres problemáticas en el funcionamiento de los servicios de procuración de justicia del Estado de México: el aumento de la sobrecarga de trabajo, la insuficiente digitalización y el acceso desigual a las tecnologías, y la descoordinación entre instituciones.

Todo ello, ha tenido un impacto en la investigación de los delitos contra las mujeres, causando tres importantes deficiencias: la imposibilidad para algunas mujeres de interponer una denuncia, la paralización de investigaciones de casos anteriores, y la pérdida de evidencia.

“Estas deficiencias inciden directamente en la probabilidad de que estos casos queden impunes e impiden cumplir con el debido proceso, constituyendo una violación del derecho de las víctimas a acceder a justicia, verdad y reparación”, advirtió la organización.

En tanto, de las problemáticas identificadas, la primera consiste en que la carga de trabajo de los servicios de procuración de justicia se incrementó durante la pandemia hasta niveles insostenibles considerando además la disminución de personal.

Este aumento tuvo distintas causas: la cantidad de mujeres que solicitaron algún tipo de apoyo o intervención por violencia de género; en las Fiscalías algunos trámites requieren que la persona servidora pública esté presente en las oficinas, de manera que la reducción de la cantidad del personal que trabajaba de forma presencial conlleva que se acumularan algunas tareas; y finalmente la Fiscalía del Estado de México sufrió numerosas bajas de personal porque varias personas trabajadoras enfermaron de Covid-19.

La segunda problemática se relaciona como la potencialización de la denuncia en línea, pues se identificó que en los casos de delitos graves es necesario ratificar la denuncia de forma presencial, de manera que la denuncia en línea no evitó que las personas tuvieran que acudir a presencialmente a los servicios de procuración de justicia; en segundo lugar, algunas personas no pudieron ratificar la denuncia de forma presencial por problemas relacionados con la aplicación o porque cuando acudieron a las oficinas, estas estaban colapsadas; y en tercer lugar, no todas las personas tienen acceso a las tecnologías de la información necesarias.

Y finalmente, la tercera problemática está relacionada con la descoordinación, especialmente a nivel interinstitucional, se dijo que hubo instituciones de los servicios de procuración de justicia y del gobierno estatal que cerraron, mientras que otras suspendieron algunas actuaciones, lo que tuvo un impacto en aquellas con las que deben coordinarse para atender e investigar ciertos delitos.

Asimismo, señaló que las problemáticas y deficiencias anteriores, no son cuestiones nuevas surgidas a raíz de la pandemia de Covid-19, ya se documentó que son fallas estructurales del sistema de procuración de justicia mexiquense.

Por lo que la pandemia, ha evidenciado una vez más la existencia de un sistema de procuración de justicia deficiente, cuyas fallas estructurales han impedido reaccionar de manera más apropiada en algunos ámbitos y han exacerbado sus consecuencias en un momento especialmente complejo para las mujeres víctimas de violencia, así como para las personas servidoras públicas.

Asimismo, específicamente en lo relacionado con las investigaciones sobre feminicidios y la desaparición de mujeres, se dijo que la situación de las fiscalías, ha causado violación a los derechos humanos de las familias de las víctimas, por la revictimización que sufren y por la impunidad en la que quedan numerosos casos.

La investigación, realizada entre marzo y septiembre de 2020, a través de 23 entrevistas a personas que trabajan en los servicios de procuración de justicia, titulares de derechos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil del Estado de México incluyó una revisión de los estándares internacionales, relativos a los derechos humanos de las mujeres y a la situación generada por la pandemia.

Amnistía Internacional urgió a las autoridades mexiquenses a procurar que los servicios de justicia cuenten con recursos humanos e infraestructura necesarias para cumplir su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas.

kg