El juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, dictará este martes auto de apertura a juicio oral en el caso de la ex secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, quien la víspera decidió declararse inocente de la llamada “Estafa Maestra” y de un juicio anticipado.

Desde el pasado viernes, la Fiscalía General de la República presentó al juez unos 300 datos de prueba contra Rosario Robles en el delito de ejercicio indebido del servicio público y daño al erario federal por más de 5,073 millones de pesos, razón por la cual solicita una pena de 21 años de prisión en su contra.

Ayer se llevó a cabo una audiencia en la que el juez Villar Ceballos citó para hoy, a fin de dictar auto de apertura a juicio oral, a efecto de que esté la inculpada, puesto que desde el viernes pasado pidió no estar presente.

El mismo juez federal ordenó en este caso la comparecencia del exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, Emilio Zebadúa, por las presuntas omisiones en las que habría incurrido junto a su exjefa, Rosario Robles.

El pasado viernes, la extitular de Sedesol y Sedatu se declaró inocente ante el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos por el desvío de 5,073 millones de pesos en el caso conocido como la Estafa Maestra. Ahí mismo, la exfuncionaria renunció a buscar un procedimiento abreviado para declararse culpable y obtener una pena menor, en virtud de que la FGR le rechazó dos propuestas de acuerdo en las que planteaba admitir cargos sin reparación del daño.

La extitular de la Sedesol es imputada por la FGR en el desvío de 5,073 millones de pesos durante su gestión en Sedesol y Sedatu, mediante la celebración de 27 contratos ilegales con universidades públicas, en un caso conocido como la “Estafa Maestra”.

Por este hecho, desde el 13 de agosto 2019, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, vinculó a proceso a Rosario Robles y dictó formal prisión en su contra en el penal de Santa Martha Acatitla. Su defensa acusó que fue víctima de un “tribunal de Estado” y de la violación a la presunción de inocencia.

El 6 de noviembre 2020, un juez federal giró orden de aprehensión su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.

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