El colectivo en “Búsqueda de Verdad y Justicia”, encabezado por la organización Fundar, y que congrega a decenas de organizaciones sociales en búsqueda de más de 61,000 desaparecidos en el país, demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) un compromiso inmediato para la localización de personas.

Mediante una carta dirigida a Abel Galván Gallardo, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR, el colectivo enumeró diversas reuniones virtuales a las que han sido requeridos familiares de desaparecidos, sin que a la fecha haya un compromiso por parte de los Ministerios Públicos para dar seguimientos a los casos.

Mencionaron que esta situación no es privativa de los actuales funcionarios de la FGR y de Ministerios Públicos, sino también de aquellos que han ocupados los cargos en años anteriores, por lo que la situación de revictimización, dijeron, continúa en el actual gobierno.

“Desde que la desaparición trastocó nuestras vidas hemos padecido la epidemia de impunidad: investigaciones inexistentes o deficientes, mentiras, revictimización y simulación. Hemos visto pasar a tres Presidentes, al menos cuatro Fiscales Generales y decenas de Fiscales y Ministerios Públicos que han conocido nuestros casos pero no han logrado ningún avance. Ya perdimos la cuenta de las mesas de trabajo, minutas y acuerdos que hemos tenido y que sólo se pierden en la simulación y la administración de nuestro dolor”, mencionaron familiares a través del colectivo.

Ejemplificaron que el pasado pasado 15 de mayo se realizó una reunión virtual entre algunos familiares de personas desaparecidas del colectivo y la Fiscalía Especializada, donde plantearon su malestar en relación con la falta de información de los Ministerios Públicos que llevan casos e investigación.

Indicaron que en dicha reunión denunciaron que continúan prácticas como la rotación de Ministerios Públicos sin informar previamente a las víctimas y sin un plan que dé continuidad a la investigación. Por esta razón dijeron que acordaron que la Fiscalía reforzaría la instrucción a los Ministerios Públicos para que se pongan en contacto y remitirán vía correo electrónico los planes de investigación con diligencias calendarizadas a las víctimas, durante las siguientes dos semanas. Sin embargo, aseguraron que esto no ha ocurrido, salvo en un caso.

Por tales motivos, plantearon al fiscal Abel Galván Gallardo y demás autoridades de la FGR: “¿para qué nos citan? ¿para llenar su registro y hacer sus informes con el número de mesas realizadas? ¿para administrar nuestro dolor? ¿para evitar que protestemos? ¿De qué sirvió nuestro esfuerzo para conectarnos a internet y aprender a usar su plataforma que, por cierto, nos sacaba una y otra vez de la reunión? ¿De qué sirve que nos ofrezcan atención psicológica si nos siguen revictimizando con su negligencia?”.

Y concluyeron: “tanto las y los familiares, como los acompañantes comprendemos el desafío que representa la pandemia (del coronavirus Covid-19) y las limitaciones que implica para desarrollar ciertas diligencias. Sin embargo, como expresamos en la reunión, hay otras acciones que se pueden llevar a cabo y la pandemia no puede ser el pretexto para no realizarlas. Por eso decimos no más simulación, exigimos planes de trabajo con diligencias calendarizadas y el debido seguimiento para su cumplimiento”.

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