Chihuahua, 1988-¿2018?

Chihuahua parece estar en el centro del maremágnum que viene. Hace 30 años, era un foco rojo para el PRI, porque se sabía que ahí el PAN ganaría la elección presidencial. Dos años antes, en 1986, el PRI hizo todo para impedir que el panista Francisco Barrio ganase la gubernatura. Y junto a Barrio estaba Javier Corral, entonces un joven panista aguerridamente anti-PRI. El fraude electoral en Chihuahua fue el preludio de los sucesos de 1988: el punto de inflexión que obligó a pensar en la transformación del sistema político corporativo-clientelar de partido dominante con una democracia procedimental a una democracia moderna, con un sistema pluripartidista alternando en el poder, prensa libre y economía de mercado. Tres décadas después, la meta no se ha cumplido. Se han construido muchas instituciones democráticas en ese lapso; aun así, hoy enfrentamos un escenario en donde el antiguo partido hegemónico, después de años de alternancia, pretende mantenerse en el poder, pero a diferencia de los años 80, sin un desempeño económico y político relativamente eficiente, y de seguridad, mejor ni hablamos. El Estado no imparte justicia, no sienta las bases para un desarrollo económico más equitativo, la mano libre del mercado no ha ayudado a reducir disparidades, ni el sistema electoral y de partidos ha garantizado una lucha política limpia. Eso sí, se han hecho reformas importantes cuyos efectos aún no vemos, mientras la inflación campea a sus anchas. ¿Cómo pretenden los priistas ganar el voto ciudadano?

La transferencia de recursos etiquetados para el sector educativo chihuahuense a las campañas del PRI en el 2016 es un resumen de muchas de las trampas posibles para eternizarse en el poder.

¿Cómo es que el gobierno de Javier Corral pudo obtener la información de los recursos desviados para las campañas del PRI, lo que no sólo incrimina al exgobernador César Duarte y a su equipo, sino que tocó al exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, en prisión desde el pasado 20 de diciembre, y a varios conspicuos priistas, dentro y fuera del sector hacendario?

Comparado con el Pemexgate del 2000, 1,500 millones de pesos procedentes de las arcas del sindicato petrolero, 250 millones de pesos parecen poco. Pero si en el 2000 los priistas dudaban sobre la posibilidad de perder, hoy la derrota parece más cercana.

En la conferencia de prensa del 9 de enero en la CDMX, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, estuvo acompañado de un grupo de académicos, funcionarios y exfuncionarios, todos antipriistas de siempre e involucrados en el tema de la transparencia, al menos discursivamente: académicas periodistas como Jacqueline Peschard y Denise Dresser, exfuncionarios como Jorge Castañeda y Santiago Creel, panistas como Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks, perredistas como Agustín Basave y Guadalupe Acosta Naranjo, un exconsejero del Instituto Federal Electoral como Alfredo Figueroa y un ex fiscal electoral como Santiago Nieto. Arropado por este grupo legitimador, Corral denunció que el gobierno federal frenó la entrega de 700 millones de pesos a Chihuahua como represalia por la indagatoria que señala al hoy evadido exgobernador César Duarte como responsable local de los desvíos, pero que también involucra a funcionarios priistas y del gobierno federal.

Más allá de la acusación, que incluso tocó al presidente Peña, al que el chihuahuense conminó a extraditar a Duarte, Corral dio una pista muy interesante sobre el asunto. Según él, José Antonio González Anaya, el actual secretario de Hacienda, le dijo que los recursos se detuvieron por baja recaudación, pero le dio a entender que las acusaciones contra varios priistas eran el motivo real. ¿Sería posible que el secretario de Hacienda hubiese dicho algo así a Corral en una coyuntura electoral? No parece coherente. ¿Y si como por ahí se deslizó, Miguel Ángel Osorio tuviese algo que ver? Tampoco parece coherente porque el golpe fue recibido en primera instancia por un grupo priista que no está confrontado con Osorio… Entonces ¿de dónde salió la información y por qué los presuntos implicados no han podido ver el expediente, según han manifestado sus abogados? La información salió de Hacienda, no se sabe a cargo de quién, aunque ya se investiga a Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, encargado de los convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las entidades federativas.

La investigación chihuahuense es crucial para exhibir la corrupción y el favoritismo en la asignación de recursos. Para quitarle el aroma electoral, resulta indispensable que el gobernador chihuahuense aclare por qué Alejandro Gutiérrez y demás acusados no han tenido acceso a través de sus abogados al expediente que los incrimina, independientemente de que las autoridades judiciales del gobierno de Corral no han, según se dice, cumplido con los protocolos de derechos humanos inherentes a un debido proceso…. Incluso se habla de tortura, lo que deja bastante malparado al gobierno panista de Chihuahua.

Corral dio un golpe certero a la línea de flotación de todos los grupos internos del PRI y del gobierno peñista, por lo que no suena lógico que la información obtenida por Corral haya sido filtrada por alguien comprometido por el gobierno actual. ¿Será que la oposición tiene topos en la Secretaría de Hacienda? Puede ser…

Lo que sí pasa ahora es que quien resulta más beneficiado de todo el sainete es Ricardo Anaya, quien a la fecha no ha dicho nada sobre el tema. Eso sí, los líderes del PAN, PRD y MC, ya suscribieron un documento apoyando a Corral, un hueso duro de roer que llega a las últimas consecuencias en sus empeños. Y el suyo es, a las claras, reivindicar su mandato, porque Chihuahua no está en buenas condiciones. Pero quizá el objetivo central sea ayudar a que en el escenario queden sólo dos candidatos, eliminando al candidato del PRI a un lejano tercer lugar. ¿Qué gana Corral con este escándalo? Esa es quizá la verdadera pregunta que nos debemos hacer. Por principio, si todo le es favorable, le habrá hecho un enorme favor a Anaya, el cual seguramente piensa cobrar, cualquiera que sea el resultado electoral. Otra ganancia es tiempo para recomponer la situación interna por lo menos de manera cosmética para asegurar votos en favor de Anaya. Y lo tercero tiene que ver con la posición que comparte con todos los personajes que lo acompañaron en la rueda de prensa del pasado 9 de enero: ver fuera al PRI de Los Pinos como un triunfo personal de una lucha de tres décadas. Eso implica la posibilidad de un cambio profundo de régimen, un reemplazo de la clase política y, si es posible, con el ansiado fin del PRI, el mejor escenario para la alianza Por México al Frente, aunque de todos modos está López Obrador como elefante en la sala. Habrá que seguir a Javier Corral y observar qué tantos reflejos tienen los contendientes para responder a los golpes que propinarán por doquier las fuerzas básicas de los partidos que integran el Frente. Mientras, hay que ver qué pasa en los estados que elegirán gobernador: Puebla, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Veracruz y la CDMX, todas, excepto Yucatán, en manos de la oposición… Mal comienzo de año para el PRI, y no pinta para mejorar.

erp