La organización Causa en Común refirió que si bien este año se redujeron los robos en el país, esto se debe a la pandemia y no a acciones del gobierno. También negó que se hayan reducido los feminicidios, las torturas, desapariciones y las masacres, como lo aseguró este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su Segundo Informe de Gobierno.

Mediante un comunicado, Causa en Común dijo que de enero a julio de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 566 denuncias por feminicidio, un aumento del 5% respecto el mismo periodo del año pasado.

“De hecho, en lo que va de este 2020 se presentó el mayor número de reportes de asesinatos de mujeres y de menores de edad desde que el Secretariado registra las víctimas de este delito, en 2015”, sostuvo.

Indicó que un delito, cuyo incremento el Presidente no mencionó, es el de violencia familiar. De hecho, en este año se presentó el mayor número de registros de este delito desde 2015.

“El Presidente mencionó que hay menos secuestros, robos a transeúntes, a transportistas, robos de vehículos, robo en transporte público colectivo, robo en transporte público individual, robo a negocios y robo a casas habitación. Ante esta aseveración, la organización establece que, aunque entre el primer septimestre (sic) de 2019 y el mismo periodo de 2020 se presenta una reducción en estos delitos, es claro el efecto de la pandemia que, obviamente, ha impedido la realización de actividades delictivas y ha dificultado enormemente la denuncia”, indicó.

La organización Causa en Común mencionó que es falso, como lo aseveró el Presidente, que en el país ya no existan torturas, desapariciones y masacres.

Dio cuenta de un conteo que realizó sobre eventos que pueden catalogarse como “atrocidades”, realizado de enero a julio del 2020, y el cual documentó 429 masacres y 404 casos de tortura, así como al menos, 2,582 hechos “atroces”, con 3,383 víctimas.

Destacó también el asesinato este año de siete periodistas: Fidel Ávila Gómez y Luis Eduardo Ochoa, en Michoacán; de María Elena Ferral, en Veracruz; de Víctor F. Álvarez, en Guerrero; de José Castillo Osuna y Jorge Armenta, en Sonora; y de Pablo Morrugares, en Guerrero.

“A pesar de esta crisis de inseguridad, Causa en Común considera que no existe una estrategia por parte del gobierno federal para enfrentarla eficazmente”, dijo.

Mencionó que en julio se publicó el “Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024”, el cual calificó como un documento con frases retóricas y lugares comunes, y que no ofrece una estrategia y tampoco acciones puntuales.

“A pesar del discurso gubernamental sobre la atención a las causas de la violencia, e independientemente de las asignaciones directas, no existe ningún programa que pueda considerarse como parte de una política de prevención. También destaca el abandono de programas para la atención de la violencia contra las mujeres”, indicó.

Consideró como un hecho que no abona a la seguridad del país, el hecho de que continúa el abandono de las policías locales.

Mencionó que entre 2019 y 2020, el presupuesto para seguridad pública aumentó únicamente 1.2% (2,824 millones de pesos), representando .9% del PIB.

Añadió que el monto asignado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los estados (FASP), tuvo un aumento minúsculo de 0.4% entre 2019 y 2020; mientras que el Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (Fortaseg), se redujo en un 3% con respecto a 2019 para los cerca de 300 municipios seleccionados.

“Quizá el principal indicador de la indefensión de las corporaciones es el número de asesinatos de policías: de diciembre de 2018 a agosto de 2020, Causa en Común tiene registrados, al menos, a 877 policías asesinados, tanto estatales como municipales”, aseveró.

Sostuvo que a casi dos años de la creación de la Guardia Nacional, y a más de un año de haber iniciado su operación, la realidad demuestra que es una corporación con todas las características de un cuerpo castrense, cuya construcción y desarrollo están liderados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

“De esta manera, las funciones de la Guardia se suman a las diversas atribuciones conferidas durante este gobierno a las Fuerzas Armadas. La última disposición en este proceso de militarización acelerada ha sido conferir el control de las aduanas al Ejército, y el control de los puertos a la Marina, disposición a todas luces inconstitucional, pues vulnera el artículo 129 que dispone que, en tiempos de paz, no se asignarán funciones civiles a autoridades militares”, puntualizó.

Causa en Común destacó que las víctimas de la violencia están en abandono, debido a las carencias con las que opera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dado el decreto presidencial de "austeridad" de abril de 2020 que le impuso una reducción en su presupuesto del 75 por ciento.

Finalmente, subrayó el incremento en el número de carpetas de investigación durante los primeros 20 meses del presente gobierno, comparadas con los primeros 20 meses de las tres administraciones anteriores, fue 37% superior con relación al periodo del presidente Vicente Fox; 23% con respecto al periodo del presidente Felipe Calderón; y 16% con respecto al periodo del presidente Enrique Peña Nieto.

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