La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una controversia constitucional en contra del decreto por el que se expide la ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y se reforman otros ordenamientos, por considerar que vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

El recurso del órgano encargado de garantizar el respeto a los derechos fundamentales controvierte específicamente los artículos 10, fracción I, 19, fracción XIV, de la Ley de la Fiscalía General de la República; artículo 5, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos; artículo 85, segundo párrafo, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; artículo 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Lo anterior, en virtud de que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la Fiscalía General de la República en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

“El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; así como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en estricto apego a su autonomía constitucional, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad”, preciso el órgano autónomo en un comunicado.

La CNDH detalló que con las reformas avaladas, la participación y actuación de la FGR se limita en tareas como la búsqueda de personas desaparecidas bajo el argumento de la autonomía constitucional que tiene la fiscalía federal.

La Comisión destacó que la acción de inconstitucionalidad fue producto “de un vasto trabajo de diálogo, tanto con organizaciones de la sociedad civil como con autoridades involucradas en el tema”.

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la encargada de pronunciarse por la constitucionalidad de los artículos impugnados.

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