La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 43/2015 a Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, por la detención de dos activistas de la comunidad Yaqui, a quienes se les acusó de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad de uno de los integrantes de esta comunidad.

Las autoridades señaladas como ejecutoras de la detención son la Policía Federal Ministerial y de la Policía Estatal Investigadora, además de que se comprobó que funcionarios públicos de esta entidad vulneraron el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y al debido proceso de las dos víctimas.

El 11 de septiembre de 2014 una persona denunció vía telefónica sobre la detención del vocero de la tribu Yaqui cuando circulaba por Ciudad Obregón, por cuatro elementos de la Policía Federal Ministerial, vestidos de civil, en vehículos no oficiales y sin mostrar orden de aprehensión.

Así mismo refirió haber acudido a la Procuraduría de Sonora y a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) donde le indicaron que la víctima no se encontraba.

Ocho días después se presentó por escrito una queja luego que el Procurador del estado declaró que el detenido estaba acusado de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad en agravio de un miembro de la tribu Yaqui, que su esposa presento una denuncia el 8 de junio de 2014, luego que fue detenido por integrantes de este grupo étnico y llevado a la Guardia Tradicional, conforme a sus usos y costumbres.

El quejoso asentó que meses atrás diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las acusaciones contra la víctima eran parte de una estrategia de criminalización del entonces Gobernador, contra la lucha de la Tribu Yaqui por la defensa del agua, ante la construcción del Acueducto Independencia, un megaproyecto que intentaba implementar el gobernador , dijo.

El 26 de septiembre de 2014 un quejo envió un escrito donde da cuenta de la detención, tres días antes, de la detención de otro miembro de la tribu Yaqui en Vicam por elementos de la Policía Estatal Investigadora, acusado por los mismos delitos que su compañero y siendo liberado el 27 de agosto de 2015.

Al analizar el caso la CNDH advirtió que el agente del Ministerio Público del Fuero Común de Bácum, Sonora, no verificó el carácter de las autoridades tradicionales de los dos agraviados en los hechos que derivaron en el proceso penal.

En este sentido recomendó indemnizar a las víctimas, instruir al Procurador a impartir cursos a los servidores públicos de la dependencia sobre los usos y costumbres de los indígenas y colaborar con el aporte de elementos en el procedimiento administrativo de investigación que se iniciará contra el Ministerio Público responsable de las violaciones a los derechos humanos.

mfh