Tras auditorías correspondientes a las cuentas públicas del 2015 y del 2017, entregadas a la Cámara de Diputados, la Policía Federal a la fecha no ha aclarado la utilización de 54.5 millones de pesos.

En dichos ejercicios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Policía Federal no comprobó en total la utilización de 79.4 millones, de los cuales queda pendiente de aclarar aproximadamente 68.6% del monto, según arroja el portal ASF Datos.

De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF, los montos recuperables provienen de revisiones realizadas sobre los recursos erogados en el rubro de pasajes y viáticos destinados para la operación de los mismos elementos de la Policía Federal.

De los casi 54 millones 500,000 pesos pendientes de aclarar, 39.4 millones provienen de observaciones realizadas al ejercicio del 2015, mientras que 15.1 millones corresponden a la Cuenta Pública del 2017.

Uno de los casos que aún se mantiene sin aclarar es, por ejemplo, el pago de 8 millones 273,196 pesos, de los cuales no se contó con la evidencia documental de los formatos de registro de control de hospedaje y alimentación que corresponde al periodo comprendido entre el 1 y el 15 de mayo del 2017.

Sobre los montos pendientes de aclarar referidos en la Cuenta Pública del 2015, destaca la utilización de 1 millón 591,780 pesos, que fueron considerados por la ASF como “pagos en demasía”, correspondientes al pago de la factura FINEG-1820 que, a su vez, es parte del convenio de colaboración SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C064-A/2014, del 1 de septiembre del 2014.

Este convenio se realizó entre la Secretaría de Gobernación —de quien dependía hasta el año pasado la Policía Federal— y el Sistema de Agencias Turísticas Turissste.

Esta última instancia era una área adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que desapareció en mayo pasado, después de que el 1 de febrero se publicara en el Diario Oficial de la Federación un nuevo estatuto orgánico del ISSSTE que decretó su desaparición, en el marco de las políticas de austeridad implementadas por la actual administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Combate a la delincuencia

Además de los montos económicos pendientes de aclarar, también quedan por atenderse recomendaciones giradas sobre el desempeño de la PF en el combate a la delincuencia.

De acuerdo con la auditoría al desempeño con título Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito. Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF refirió que la PF no cumplió con metas claras a seguir para cumplir su función social, establecer condiciones de seguridad para la población.

“De acuerdo con el árbol del problema del Programa Presupuestario E903: Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito, la falta de servicios especializados para apoyar las actividades sustantivas en materia de seguridad pública; de programas permanentes de profesionalización de los integrantes de la Policía Federal (...) de acciones de prevención y combate a delitos contra la salud; operaciones con recursos de procedencia ilícita; de evaluaciones tecnológicas aplicadas a la operación policial y servicios especializados, así como las limitadas opiniones con conocimiento científico para la resolución de casos de alto impacto y la escasez de acciones de seguridad para proteger los ciclos productivos y combatir delitos ambientales, ha ocasionado que las personas en el territorio nacional reciban deficientes acciones de seguridad pública por parte de la Policía Federal”, indicó la ASF en la auditoría, cuya fecha de término fue el 29 de enero del 2019.

Cinco recomendaciones quedan pendientes de atender por parte de la institución policial.

Una de ellas indica que la PF debe establecer mecanismos de control para asegurar que los policías que tienen la función de primer respondiente informen a sus superiores, así como al Ministerio Público, todas las denuncias atendidas que derivaron en la comisión de un hecho delictivo.

Otra recomendación refiere que se debe adecuar la matriz de indicadores de la Policía Federal sobre los operativos para la prevención y disuasión del delito, con el fin de que se cuente con indicadores claros con los que se pueda medir la efectividad de la Policía Federal en los operativos.

En este contexto, cabe recordar que la Policía Federal está en un proceso de transición, ya que en la Ley de la Guardia Nacional, que entró en vigor el 28 de mayo pasado, en su artículo sexto transitorio se precisa que la institución policial deberá de ser absorbida por la Guardia Nacional a más tardar en un plazo de 18 meses, es decir, dicho proceso no puede rebasar noviembre del 2020.

Actualmente, una de las demandas de los policías es que se les entregue el bono de operatividad que consiste en la entrega de 9,800 pesos cada 25 días laborados, que es utilizado para cuestiones como traslados desde los lugares en donde estén asignados, es decir, como viáticos, entre otros rubros.