A lo largo de seis años, en México se han registrado al menos 87 casos de acoso judicial contra defensores y periodistas como forma de censura e intimidación por revelar información de interés público, ya sea por su trabajo periodístico o de defensa de derechos humanos, lo cual también se traduce en un incremento de los casos en los últimos años.

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Artículo 19 México y Centroamérica, con apoyo de Justice for Journalists, presentaron el informe: “Leyes del Silencio, acoso judicial a la libertad de expresión en México y Colombia”, en donde exponen como en el caso de México existen diversas normas penales, civiles y de propiedad intelectual que posibilitan el acoso judicial, lo que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas.

Según los registros de Artículo 19, en nuestro país los casos de acoso judicial pasaron de un solo caso en el 2015 a 39 en el 2020. Los datos de la organización defensora detallan que para el 2016 se registraron 13 casos, misma cifra para el 2017. Mientras que en el 2018 se contabilizaron 21 casos; 21 en el 2019, y por último un ascenso a 39 en el 2020.

Una forma de agresión

Al detallar que el acoso judicial es una forma de agresión que consiste en interponer recursos legales en contra de periodistas o denunciantes que investigan e informan, en su mayoría, sobre corrupción e irregularidades en entidades del Estado y que en algunos de esos recursos suelen ser demandas civiles, acusaciones criminales, procesos administrativos o acciones constitucionales (en el caso de Colombia).

Las organizaciones sociales mostraron su preocupación ante el incremento en los casos de acoso judicial en los últimos años, ya que tanto en la legislación colombiana como en la mexicana existen normativas que posibilitan el acoso judicial, y que muchos jueces y funcionarios del aparato judicial emitan sentencias contra periodistas completamente opuestas a los estándares internacionales de libertad de expresión.

“Por ello, en el acoso judicial, la víctima no es solo el periodista o denunciante, es también la sociedad que ve sus derechos reprimidos. Los derechos a recibir información y a la libertad de prensa y expresión de toda la ciudadanía están siendo oprimidos”, plasma el documento.

En el caso específico de México, se dijo que un factor importante es la imprecisión de las normas y las sanciones excesivas impuestas en contra del ejercicio de la libertad de expresión, ello a través de diferentes figuras penales que facilitan el acoso judicial de personas defensoras y periodistas como los delitos contra el honor, que se encuentran regulados en los diversos Códigos Penales de las entidades federativas.

maritza.perez@eleconomista.mx