La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR dictaminó que el candidato del PRI-PVEM Javier López Zavala y el gobernador de Puebla Mario Marín Torres alteraron documentos para despojar de 144 hectáreas que pertenecían a ejidatarios de Tonantzintla.

Ese terreno sirvió para construir el complejo residencial 'La Vista Country Club', en la ciudad de Puebla.

De acuerdo al expediente 026/UEIDAPLE/LE/4/2007 radicado en la PGR López Zavala y Marín Torres incurrieron en los probables delitos de violación al artículo 204 de la Ley de Amparo, falsedad de declaraciones judiciales e informes rendidos ante una autoridad federal y falsificación de documentos oficiales.

El juez Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Puebla, requirió a los peritos de PGR dictaminar la autenticidad de las escrituras presentadas por López Zavala en su calidad de Secretario de Gobernación local y Marín Torres basado en el juicio de amparo 926/2006 interpuesto por los ejidatarios de Tonantzintla.

El perito de la PGR María del Rosario Castillo García dictaminó que los documentos presentados por los funcionarios del gobierno de Puebla "tenían graves alteraciones y habían sido manipulados" y carecían de valor legal para sustentar la propiedad de las 144 hectáreas.

López Zavala y Marín Torres presentaron ante el Juzgado Cuarto de Distrito documentos certificados por el Notario Público y ex secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, hoy candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Puebla.

El juez requirió a los actuales funcionarios del gobierno de Puebla, acreditar la propiedad ante el reclamo vigente de los ejidatarios dado que el juicio agrario en primera instancia continúa irresuelto desde 1992.

Los ejidatarios promovieron el amparo 926/2006 ante el Juzgado Cuarto para hacer valer un decreto presidencial que otorgó los derechos de posesión.

Paralelamente interpusieron la denuncia penal 026/UEIDAPLE/LE/4/2007 en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR.

De acuerdo con el expediente penal los ejidatarios denunciaron que el gobierno del estado primero impidió el acceso a las tierras, posteriormente inventó un apoderado legal y falsificó las escrituras ante el Notario Público Montero Serrano, para poder así comercializar las 144 hectáreas en dólares.

El gobierno del estado de Puebla amparó con esos documentos certificados por el notario público y hoy candidato a la alcaldía, Montero Serrano la venta de esas tierras a empresarios que construyeron un complejo residencial y un campo de golf .

Un grupo de ejidatarios pidió a la PGR consignar el expediente y liberar las órdenes de aprehensión contra López Zavala, Marín Torres, y demás funcionarios del gobierno estatal involucrados en el despojo de tierras.

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