A 39 días de haber rendido protesta como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya suma varios frentes abiertos que le han generado situaciones de tensión con empresarios, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con gobernadores, y con funcionarios de órganos autónomos.

Entre las razones de los enfrentamientos se encuentran la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de México, la creación de la figura de superdelegados, la propuesta de disminuir el salario a altos funcionarios, así como la cancelación de la reforma educativa.

Contrarreforma educativa

En su calidad de precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador planteó dar marcha atrás a la reforma educativa, a través de la modificación de la Ley de Servicio de Profesional Docente que eliminaría la evaluación a los profesores del país.

El pasado 12 de diciembre, el presidente de México firmó la propuesta de iniciativa para reformar los artículos constitucionales 3, 31 y 73, bajo los cuales se elimina la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley General del Servicio Profesional Docente, aprobadas durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

López Obrador expresó: “Compromiso cumplido, maestras y maestros de México” y reiteró que nunca más se va a ofender a los docentes.

Políticos de oposición manifestaron su inconformidad por la cancelación. El líder del PAN, Marko Cortés, aseguró que es indignante que se pretenda empeñar el futuro de los niños por cumplir demandas sindicales; en tanto el dirigente del PRD, Ángel Ávila, dijo que con esta decisión se colocan los intereses políticos por encima de los de la niñez. La diputada priista y secretaria de la Comisión de Educación, Cynthia López, afirmó que buscarán conformar un bloque para evitar que se eche abajo la reforma. La iniciativa ya fue turnada a la Cámara de Diputados y tendrá que alcanzar 334 votos para ser avalada.

Desaparición del INEE

Como parte de la cancelación de la reforma educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador también propuso eliminar la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con lo que desaparecería el organismo público autónomo creado en el 2002 para evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo en nivel básico y medio superior.

De acuerdo con la propuesta, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sería sustituido por el Centro Nacional de Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.

La presidenta de la Junta de Gobierno del INEE, Teresa Bracho, calificó la propuesta como un atentado del nuevo gobierno al sistema de pesos y contrapesos de la democracia mexicana y afirmó que un instituto como ése es indispensable para el país para conocer el Sistema Educativo Nacional y superar las brechas de inequidad que lo caracterizan.

La funcionaria aseguró que la Junta de gobierno del INEE estará al frente de la defensa de la institución.

Asociaciones de la sociedad civil y empresariales manifestaron su rechazo a la posibilidad de desaparecer al INEE y pidieron al presidente reconsiderar su esta medida.

Ley de salarios máximos

Desde el año 2006, Andrés Manuel López Obrador acusó a los ministros de la SCJN, a los magistrados y jueces de circuito de ser unos privilegiados y de gozar de los mejores sueldos del mundo. Por lo que una de sus propuestas en campaña del entonces candidato presidencial fue que ningún funcionario público ganaría más que el presidente de la República.

Antes de tomar protesta como titular del Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la que se establece que ningún funcionario puede ganar más de 108,000 pesos mensuales, además de que se eliminan las pensiones a los expresidentes de la República.

La aprobación de esta legislación generó un choque entre poderes. En un hecho inédito, 1,410 jueces de distrito y magistrados de circuito del país se manifestaron para defender su salario que, aseguraron, es un elemento de su autonomía e independencia.

Ante la SCJN se han presentado diversos recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones al considerar que el Poder Ejecutivo quiere colocarse por encima de los otros poderes. Más de 5,000 funcionarios públicos se ampararon ante la SCJN contra la reducción salarial; el presidente dijo que respetará los fallos que se den al respecto.

Superdelegados

A unos días de haber ganado la Presidencia de la República, el entonces presidente electo anunció que desaparecería las delegaciones federales en los estados de la República y serían sustituidas por un coordinador estatal de programas de desarrollo, a quienes se les denominó superdelegados.

Esta decisión generó molestia entre los gobernadores, quienes en su primera reunión con el presidente electo plantearon que la figura de coordinadores estatales pretendía colocar a un gobernador paralelo.

“Delegar en coordinadores de gobierno que se puedan convertir en gobernadores paralelos violenta los principios básicos del pacto federal. Y eso ojalá que se revise con cuidado para evitar confusiones”, sostuvo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Para darle sustento jurídico a la figura de superdelegados, se tuvo que reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El pasado 27 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la creación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas.

Partidos de oposición adelantaron que, ya que la batalla se perdió en el Legislativo, recurrirían al Poder Judicial para frenar esa figura que atenta contra el pacto federal.

Senadores del PAN, PRD, PRI y MC, argumentaron diversas irregularidades, entre éstas, una violación al principio de legalidad y principios de la democracia representativa, violación a la soberanía de los estados al considerar que los superdelegados tendrán atribuciones de vicegobernadores.

Cancelación del Aeropuerto en Texcoco

La decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tensó la relación entre el presidente de la República y el sector empresarial.

Fue a través de una consulta ciudadana que el gobierno entrante decidió frenar la construcción del aeropuerto en Texcoco y en su lugar, rehabilitar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, en el Estado de México, así como construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

La Iniciativa Privada, a través del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que, si bien la participación ciudadana es fundamental para un desarrollo democrático robusto, decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas.

Para financiar la construcción del nuevo aeropuerto, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, colocó en los mercados internacionales bonos —instrumentos financieros de deuda— por un total de 6,000 millones de dólares. Los bonos estarían garantizados a través por la Tarifa de Uso Aeroportuario.

Al tomarse la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco, el gobierno mexicano anunció que buscaría recomprar los bonos. El pasado 20 de diciembre, el presidente de México anunció que la recompra de bonos había sido un éxito, por lo que el camino para la construcción del Aeropuerto en la base militar de Santa Lucía estaba limpio.

EZLN-Tren Maya

Con un ritual a la Madre Tierra encabezado por el presidente López Obrador, el pasado 16 de diciembre inició la construcción del Tren Maya, obra que fue aprobada en la segunda consulta ciudadana que realiza la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Pese a haberle pedido “permiso a la Madre Tierra”, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtió que se opondrá a este proyecto, porque afectará a la Selva Lacandona, así como a la población de Chiapas.

“Aquel que está en el poder está engañando a los pueblos originarios, hincándose en la tierra como pidiéndole permiso. Aquí le decimos que no le creemos. Esa consulta que hacen (para la construcción del Tren Maya) es una burla y una humillación a los pueblos originarios”, afirmó en el mensaje con motivo del 25 aniversario del surgimiento del EZLN.

El presidente de México aseguró que los zapatistas están en su derecho de disentir con su proyecto.

Fiscal General de la República

Entre fuertes críticas de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con la cual se abre paso a que se dé el nombramiento del fiscal general, en sustitución del procurador.

La oposición criticó que no se haya modificado el Artículo 102 constitucional, lo cual implicará que el fiscal siempre estará a la posibilidad de que lo ponga o lo quite el presidente de la República, además rechazó la creación de un coordinador general, pues dijo, que ello implicará que el fiscal general sea sólo una figura decorativa, pues el poder recaerá justo en ese coordinador general.

Hasta el pasado 31 de diciembre, se habían registrado 27 aspirantes, entre ellos, el exprocurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, y el actual encargado de despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero.

De la lista de aspirantes que cumplan con los requisitos, la Junta de Coordinación Política integrará una lista con 10 perfiles que pondrá a votación del pleno, para después ser enviada al presidente de la República, el cual regresará a la Cámara Alta una terna para ponerla a consideración y votación del Senado.

Para este mes se prevé que se convoque a un periodo extraordinario a fin de someter a votación el nombramiento de quien será el primer fiscal general de la República.

Guardia Nacional

Para enfrentar la crisis grave de inseguridad y de violencia que se padece en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso mantener al Ejercito en las calles y crear la Guardia Nacional, la cual se conformará con elementos de las Fuerzas Armadas.

Esta propuesta ha generado diversas críticas tanto de partidos de oposición, como de organizaciones de la sociedad civil, así como defensores de derechos humanos.

El colectivo #SeguridadSinGuerra advirtió que en caso de ser aprobado el proyecto de dictamen para crear la Guardia Nacional se dará continuidad a un modelo de seguridad militarizado, y a la violación sistemática de derechos humanos. A pesar de que aún los diputados no han reformado el Artículo 21 de la Constitución para conformar la Guardia Nacional, el presidente lanzó la convocatoria para reclutar a 50,000 jóvenes argumentando que las circunstancias lo ameritan y que no hay tiempo que perder.

El líder del PAN, Marko Cortés, pidió presidente tomar decisiones en estricto apego a la legalidad, sin violentar procesos y con pleno respeto al Ejecutivo. El empleo de las Fuerzas Armadas también ha sido rechazado por organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, al considerar que ese tipo de estrategias ya ha sido probado, pero no ha dado resultados. De ser aprobado el dictamen que dé marco legal a la Guardia Nacional, podría consolidar el paradigma militar que ha contribuido al deterioro de la situación de derechos humanos en México.

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