Vulcan, ¿solución sin tribunales?

El gobierno mexicano no expropió a la empresa Vulcan Materials.

En cambio declaró área natural protegida a una extensa región de Quintana Roo, incluídos los terrenos que ocupa la compañía.

El fin de semana pasado, un grupo de congresistas estadounidenses envió una carta al presidente Donald Trump para pedirle que exija al gobierno de México, una resolución en torno a la empresa Vulcan.

En la misiva acusan que el Tren Maya podría haber sido financiado por el Partido Comunista chino y eso pone en riesgo la seguridad nacional de EU, por la cercanía que tiene la península de Yucatán con Florida.

Hay que recordar que casi al final de su sexenio, el entonces titular del Ejecutivo Federal declaró área natural protegida a más de 53 mil hectáreas de Quintana Roo, un extenso terreno que abarca el puerto de Punta Venado y las 2 mil hectáreas en disputa entre el gobierno mexicano y la firma extranjera.

En respuesta al reclamo de los congresistas estadounidenses, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , anunció que enviará –a través de la Secretaría del Medio Ambiente, encabezada por Alicia Bárcena –, una carta a los congresistas y al Presidente Donald Trump para aclarar el asunto.

La posición de la presidenta Sheinbaum es negociadora. Dijo que su gobierno, a través de la Semarnat, se está reuniendo con la empresa para ver alternativas de solución.

Sheinbaum destacó que en contra de lo que dicen los congresistas, en realidad no hubo expropiación.

Sheinbaum reiteró que su gobierno está abierto al diálogo.

Dijo que se busca una solución fuera de tribunales, en diálogo directo con la empresa. Puede haber distintas opciones, comentó, pero advirtió que ya no se puede seguir explotando en esos terrenos por los impactos ambientales que causó la extracción que realizaron.

Por lo visto, la presidenta de México busca una solución negociada. Muy prudente para un caso en el que el gobierno mexicano busca preservar sus áreas naturales. Al tiempo.

Atisbos

Rafael Zaga Tawil , en ejercicio de su derecho de réplica, aclara que el asunto que se dirime en la Corte, versa sobre la responsabilidad en la que incurrió Banco Actinver por haber actuado en su perjuicio en su calidad de fiduciaria del fideicomiso 3201, ante un evidente conflicto de intereses y beneficiando a la familia El Mann Arazi, controladores del principal cliente (Fibra Uno) del banco y personas con gran injerencia en Actinver, pues el señor Andrés El Mann Arazi es consejero de la sociedad controladora de Banco Actinver.

Asegura que la controversia no se desprende de sí mil millones estaban o no en el fideicomiso de Actinver.

La discusión o litis es el derecho único que tenía el fideicomiso administrado por Actinver para solicitar que numerario que salió de un diverso fideicomiso administrado por una fiduciaria distinta, regresara o se devolviera a este último fideicomiso, en el que el único beneficiario era el fideicomiso en el que Actinver es fiduciaria, sin embargo, ese derecho fue frustrado por conductas ilícitas de Actinver que dejaron a la deriva los derechos fideicomisarios que Actinver debió proteger.

Zaga sostiene que la acción en contra de Actinver plantea conductas ilícitas ejecutadas por su división fiduciaria que le ocasionaron daños y perjuicios por haberle cancelado sus poderes y porque interfirieron abruptamente en ciertas acciones legales que estaban iniciadas por el fideicomiso que contrató con Actinver.

Afirma que fue abiertamente discriminado y “juzgado” por la institución fiduciaria quien en abierto conflicto de interés, actuó en su perjuicio, al cancelar ilícitamente sus poderes.

La licitud de las conductas de Actinver corresponde resolverla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nadie ha invocado argumento de lavado de dinero o blanqueo de capitales, subraya.