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Violencia sexual (impune) en la Universidad

Lucía Melgar | Transmutaciones
¿Para qué los protocolos contra la violencia de género en las universidades?¿Para qué los cursos sobre igualdad de género a estudiantes y profesores/as si las autoridades prefieren ignorar las denuncias contra profesores que ejercen violencia contra estudiantes mujeres? Protocolos y cursos tienen el objetivo de prevenir la violencia y de establecer procedimientos y sanciones, para investigar los casos, dar apoyo a las agraviadas, resolver los casos, en lo que a las universidades corresponde.
Sin pleno compromiso de sus autoridades con la justicia –y la prevención–, los protocolos son palabras huecas, los cursos pueden enseñar que la violencia de género es intolerable pero pueden frustrar a quien crea que las autoridades responderán a sus denuncias. Para las sobrevivientes de abuso sexual en el ámbito universitario, y para quienes se atreven a acompañarlas, la indiferencia institucional implica revictimización; es una forma de violencia institucional.
La UNAM no es la única universidad con casos escandalosos (y acallados) de abuso y violencia sexual contra estudiantes (en su mayoría mujeres), profesoras y trabajadoras, o con comités de género omisos. Sabemos de casos de violencia sexual y acoso en universidades estatales, donde profesores sube fotos de alumnas a las que consideran presas fáciles - o ya atacaron, y/o mandan mensajes lascivos o amenazantes a estudiantes; donde quien denuncia y quien acompaña, o se pronuncia contra estos agravios (incluso violaciones) o cuestiona la complicidad de la dirección, es señalada como “loca” o, paradójicamente, “violentadora”.
El mal general no exime a la Universidad Nacional, la más prestigiada del país, de la responsabilidad de cumplir con sus propias reglas y hasta de dar un ejemplo de congruencia y promoción de la igualdad que contribuya a frenar la violencia misógina que prevalece, o subsiste, en muchas universidades públicas y privadas.
Un ejemplo de la gravedad del problema que las autoridades, en este caso de la UNAM, no se deciden a enfrentar es el caso de M. Ella fue profesora de humanidades en una pequeña sede universitaria estatal. Contratada para impartir cursos de género, encontró aparente apoyo al principio. Sin embargo, al empezar a hablar de violencia de género y apoyar a alumnas que le revelaban lo que pasaba, enfrentó serios problemas. Entre lo que denunció, ante la dirección local y luego en C.U., menciona que un grupo de profesores subían a FB fotos de sus “proyectos”, futuros “trofeos” de su red destructiva. Para captar a las estudiantes, organizaban eventos especiales seudoacadémicos, sólo para mujeres, seguidos de fiestas en lugares alejados, donde las emborrachaban y violaban. A algunas las hacían sus amantes.
Las denuncias de profesoras y de víctimas de esta pandilla se perdieron en la burocracia institucional. A un estudiante que violó a su novia sí lo “sancionaron”… con ¡un año de suspensión! Como suele suceder, la sobreviviente no denunció penalmente: ¿para qué en un municipio controlado por la criminalidad?
Después de resistir, por las estudiantes, varios años, M logró cambiarse a otra sede, en Ciudad de México. Pronto la señalaron como “conflictiva”, por impartir cursos de género y, de nuevo, apoyar a las alumnas acosadas o violentadas. La acusaron incluso de “manipular” a las estudiantes, como si éstas inventaran los abusos o ella promoviera falsas denuncias.
Tras diez años de acoso institucional, incluyendo en Ciudad Universitaria en 2025, M se pregunta por qué las autoridades prefieren desgastar a quienes denuncian, perder a alumnas que, tras una violación dejan la universidad, ser cómplices de pandillas de “maestros” que abusan de su poder, en vez de enfrentar el problema protocolo en mano.
Mucho hablamos hoy de la red de trata de mujeres de Epstein. Nos preguntamos cómo fue posible. La escala y dimensiones de esa red no se comparan con las redes misóginas en las universidades. El pacto patriarcal y las complicidades criminales, sin embargo, son semejantes. La UNAM y demás universidades tienen la obligación de sancionar y expulsar a estos mini-epsteins y sus cómplices.


