Ver para Soñar: la aritmética detrás de una buena intención

En noviembre de 2025, la Secretaría de Educación Pública presentó “Ver para Soñar” como parte de la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”: lentes graduados y gratuitos para niñas y niños de primarias públicas con necesidad confirmada de corrección visual. El problema que se intenta atender no es menor. Llevar la detección a la escuela es una buena idea. La pregunta no es si el programa tiene una intención valiosa, sino si su diseño está a la altura de esa intención. Y, a punto de cumplir un año de ejecución, hay otra pregunta inevitable: ¿qué tal está funcionando?

Para responderlas hay que reconstruir el proceso completo. Primero, personal educativo y brigadas de salud aplican en las escuelas públicas la Cartilla de Snellen, una prueba rápida que identifica posibles alteraciones de la agudeza visual. Es un tamizaje, no un diagnóstico: está diseñado para no dejar pasar niños con problemas de agudeza visual y, por lo mismo, también produce falsos positivos. Después, los resultados se incorporan al Expediente Digital de Salud Escolar y la familia recibe una notificación para que el estudiante sea valorado nuevamente. En el tercer paso, la familia debe trasladarse por su cuenta a una clínica de los aliados de la iniciativa, externa al sistema público de salud, donde un optometrista confirma o descarta la necesidad de corrección. Sólo entonces se fabrican los lentes y se avisa cuándo recogerlos.

La secuencia parece razonable mientras se describe como una lista. Vista como trayectoria, revela su primera contradicción. El Estado concentra una enorme capacidad operativa en el tamizaje: moviliza escuelas, docentes, enfermeras, brigadas y sistemas de información para identificar individualmente a cada niño con posible dificultad visual. Pero se retira justamente cuando el proceso exige a la familia transporte, tiempo, conectividad, trámites y, en muchos casos, la pérdida de una jornada de trabajo. La detección ocurre en la escuela; la confirmación depende del hogar.

Las cifras permiten observar el tamaño de esa ruptura. Al cierre del ciclo escolar 2025-2026 se había valorado a 10.8 millones de estudiantes de primaria en 83 mil escuelas públicas. Según informó el secretario de Educación Pública, cuatro de cada diez estudiantes presentaban algún grado de dificultad visual. Un corte parcial, con cifras más detalladas, registró 1,367,991 niños fuera del rango considerado estándar entre 3,940,602 evaluados: alrededor del 35%.

Si se aplica el 40% anunciado a los 10.8 millones de alumnos revisados, el tamizaje habría señalado a 4.32 millones para una valoración adicional. Sin embargo, en el último corte que pudimos consultar, los Aliados por la Salud reportaban 252,661 exámenes de la vista y 163,997 pares de lentes fabricados, sin precisar la fecha de actualización. Aunque las cifras provienen de cortes distintos y deben compararse con cautela, la diferencia de magnitud es difícil de ignorar: sólo una pequeña proporción de quienes fueron señalados en la escuela llegó al examen con el optometrista

Entre quienes sí llegaron, 64.9% terminó con lentes fabricados. Esa proporción no puede extrapolarse mecánicamente a los 4.32 millones, porque las familias que completaron el recorrido no son una muestra aleatoria. Es probable que hayan acudido aquellas cuyos hijos ya presentaban síntomas evidentes: dolor de cabeza, dificultad para leer o necesidad de acercarse demasiado al pizarrón. Pero el problema sigue ahí: del resto no sabemos si el tamizaje fue un falso positivo, si no recibió la notificación, si no pudo trasladarse, si abandonó el trámite o si continúa necesitando lentes. Simplemente deja de aparecer.

Conviene además cuidar las palabras. Los comunicados hablan unas veces de niños “detectados”, otras de “diagnosticados” y otras más de quienes “necesitan lentes”. No son categorías equivalentes. Tampoco es lo mismo fabricar un par de lentes que entregarlo, ni entregarlo que comprobar que el niño lo usa y ve mejor. En Tamaulipas, por ejemplo, las autoridades reconocieron la existencia de decenas de miles de lentes sin recoger. La respuesta fue apelar a la responsabilidad de los padres. Es una explicación cómoda, pero incompleta: acudir a una óptica externa impone costos de tiempo y traslado que no todas las familias pueden asumir.

Hasta aquí podría pensarse que se trata de un problema de ejecución: una buena política que todavía no consigue cerrar el circuito. Pero hay una segunda inconsistencia, menos visible, que obliga a revisar su marco lógico.

La Alianza privada formada por fundaciones y proveedores de servicios ópticos (BBVA, Fundación Coppel y Salud Digna) se comprometió a aportar hasta dos millones de pares de lentes. Esa cifra no parece provenir de una estimación epidemiológica publicada por el programa, sino de la capacidad o del monto que los aliados decidieron aportar. No sabemos cómo fue establecida. Podría responder a los recursos disponibles, al costo unitario de los lentes, a la capacidad para realizar exámenes y fabricarlos, a la duración del convenio, a consideraciones administrativas, al tratamiento fiscal de las aportaciones o a una combinación de todo ello. No hay elementos para atribuirle una motivación particular. Precisamente por eso hace falta transparencia: conocer el convenio, las aportaciones de cada participante, los costos estimados y la memoria de cálculo.

El problema no consiste en que dos millones sea una contribución pequeña. Es una oferta considerable y generosa. La pregunta es si corresponde a la necesidad que la propia estrategia puede generar. Hoy no lo sabemos, porque la mayoría de los posibles casos no llega al examen confirmatorio. La paradoja es que la oferta parece suficiente mientras el recorrido funciona mal. Si todos los niños identificados fueran valorados, podríamos conocer la necesidad real de lentes y determinar si la aportación de los aliados es suficiente.

Por eso no basta con preguntar cuántos lentes han sido fabricados. Hay que saber qué ocurrirá si la necesidad confirmada supera los dos millones. ¿El Estado comprará los pares faltantes? ¿Los aliados ampliarán su aportación? ¿Habrá criterios públicos de prioridad según edad, gravedad, riesgo de ambliopía, condición económica o territorio? Si esos criterios no existen, la selección terminará haciéndose por mecanismos menos justos: orden de llegada, proximidad a una clínica, conectividad digital y capacidad familiar para completar el trámite.

México conoce una alternativa. Desde hace 28 años funciona “Ver bien para aprender mejor”, con un esquema que también comienza con una detección escolar, pero después lleva a optometristas certificados al propio plantel para realizar la valoración especializada. La diferencia puede parecer menor, aunque cambia la lógica completa: el menor permanece dentro de la trayectoria y no se obliga a la familia a construir por su cuenta el puente entre la detección y la prescripción. Esta iniciativa reporta que durante el ciclo escolar 2025-2026 visitó 3,375 escuelas públicas, realizó 472,128 valoraciones optométricas y benefició con anteojos a 24% de los alumnos valorados.

También conviene revisar la idea de que el programa “no cuesta” porque no tiene una partida presupuestal nueva claramente identificable. Que una actividad sea realizada por personal ya contratado no significa que carezca de costo. Si cada aplicación de la Cartilla de Snellen, incluido el registro y el cambio de estudiante, tomara aproximadamente cinco minutos, revisar a 10.8 millones de niños habría requerido unas 900 mil horas de trabajo. Es un cálculo aproximado, no una medición oficial, pero sirve para recordar que el tiempo de enfermería, el tiempo docente, los traslados, los sistemas digitales y la coordinación institucional son recursos reales. No aparecer como gasto adicional no los convierte en gratuitos.

El tercer problema está en la definición de la población elegible. “Ver para Soñar” se limita a estudiantes de primarias públicas y utiliza así el tipo de escuela como aproximación a la capacidad económica. Es un criterio sencillo, pero imperfecto: también hay familias de ingresos limitados en escuelas privadas de bajo costo. No se trata de incluir a toda la matrícula privada, sino de reconocer que tipo de escuela, necesidad económica y necesidad visual no son equivalentes.

Visto en conjunto, el programa contiene tres mecanismos de selección. Primero, selecciona por tipo de escuela. Después, entre quienes entraron, selecciona por la capacidad de la familia para completar el traslado y los trámites. Finalmente, si la necesidad confirmada supera la oferta de hasta dos millones de lentes, tendrá que seleccionar nuevamente, aunque todavía no haya dicho cómo.

Eso es lo que debería examinar una evaluación del marco lógico. ¿Cómo se estimó la necesidad? ¿Cómo se definió la población objetivo? ¿Por qué se eligieron dos millones de lentes? ¿Qué aporta cada aliado? ¿Qué costos asume el Estado y cuáles las familias? ¿Qué ocurre con quienes no llegan al examen? ¿Quién responde cuando la corrección óptica no basta? ¿Y mediante qué indicador se considerará cumplido el objetivo: niños tamizados, lentes fabricados, lentes entregados o estudiantes cuya visión efectivamente mejoró?

“Ver para Soñar” tiene una ventaja que su antecesor nunca tuvo: la capacidad del Estado para llegar a prácticamente todas las primarias públicas del país. Pero ampliar la cobertura no exige comenzar de cero. México cuenta con casi tres décadas de experiencia en detección y corrección visual escolar que podrían contribuir a resolver precisamente las dificultades que hoy enfrenta la nueva iniciativa. Los documentos públicos no explican cómo se ha aprovechado esa experiencia. La oportunidad era combinar la escala del Estado con el conocimiento acumulado, no confundir millones de niños examinados con millones de niños que ya pueden ver mejor.

Referencias para profundizar la lectura

1. Aliados por la Salud.

Ver para Soñar. https://www.aliadosporlasalud.com/

*El autor es investigador Emérito del SNII. Profesor Emérito del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud. Universidad de Washington. [email protected]; @DrRafaelLozano