Sheinbaum amplía la cooperación militar mantenida por AMLO

El Senado autorizó ayer, por unanimidad, que 139 soldados de la 101 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos entren a México con armamento para participar en un ejercicio conjunto con las Fuerzas Armadas mexicanas. Estarán del 20 al 30 de septiembre en el campamento militar de Santa Gertrudis, Chihuahua. La autorización, al amparo del artículo 76 constitucional, no significa que soldados estadounidenses vayan a combatir directamente a grupos criminales mexicanos.

Para algunos críticos de la presidenta Claudia Sheinbaum, la presencia de tropas de EEUU puede parecer una concesión inédita. No lo es. Con Andrés Manuel López Obrador también entraron militares armados de ese país para capacitar a mexicanos. En abril de 2024, el Senado autorizó el ingreso de 11 instructores del 7º Grupo de Fuerzas Especiales, dedicado a operaciones especiales y al entrenamiento con fuerzas aliadas. Félix Salgado Macedonio, entonces presidente de la Comisión de Defensa Nacional, respaldó el ejercicio. Tres meses después se autorizó la entrada de 180 paracaidistas de la 82 División Aerotransportada, especializada en despliegues rápidos.

Pese al discurso de soberanía y no intervención que caracterizó a AMLO, también entonces prevaleció el pragmatismo. Con Sheinbaum continúa, pero se ha vuelto más frecuente y sistemático. Este año han venido integrantes del SEAL Team 2, fuerzas especiales de la Marina de EEUU, y miembros del 7º Grupo de Operaciones Especiales. Ahora llegarán militares de la 101 División Aerotransportada, especializada en asaltos aéreos y despliegues rápidos.

¿Qué busca el gobierno mexicano con estos ejercicios? Adquirir capacidades frente a organizaciones criminales que emplean drones, explosivos, armas de alto poder y tecnologías más sofisticadas; mejorar la interoperabilidad entre ambos ejércitos para comunicarse y coordinarse frente a amenazas comunes; y mantener una relación funcional con Washington sin permitir que fuerzas de EEUU actúen unilateralmente en México.

La contradicción entre el discurso y la práctica es evidente. México acepta capacitación, intercambio de conocimientos y ejercicios conjuntos porque necesita mejores capacidades operativas. Al mismo tiempo mantiene una línea que hasta ahora no ha cruzado: cooperación sí, operaciones de EEUU por cuenta propia en México, no. La soberanía también consiste en decidir quién entra, para qué y bajo qué reglas.

El cambio entre López Obrador y Claudia Sheinbaum no está en aceptar o rechazar la cooperación militar. Ambos la aceptaron. Con la presidenta se ha convertido en una práctica más regular y especializada, mientras EEUU presiona más sobre fentanilo, armas, drones y cárteles. El objetivo mexicano parece claro: aprovechar capacitación y experiencia estadounidense sin ceder el control de las operaciones dentro del país.

Falta conocer mejor los resultados. Durante el gobierno de AMLO también se autorizaron ejercicios conjuntos, pero aparentemente no hay informes públicos que expliquen qué capacidades adquirieron las fuerzas mexicanas o si se cumplieron los objetivos. Hoy debería corregirse esa falta de transparencia, porque si la cooperación militar con EEUU será más frecuente, también debería informarse qué obtiene México de ella.

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