Regalías; no balazos

El viernes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó tres jurisprudencias relacionadas con el uso de la imagen de particulares en series televisivas, que serán obligatorias para todos los jueces, quienes deberán aplicarlas en los casos análogos al que le dio origen. Dado el contexto y alcance de los precedentes, las productoras de contenidos audiovisuales y los medios periodísticos y de entretenimiento quizá tendrán que replantearse la forma en que producen y diseñan sus contenidos, especialmente los relacionados con narcotraficantes y organizaciones criminales.

Las jurisprudencias derivan del procedimiento administrativo que presentó Sandra Ávila Beltrán, la famosa narcotraficante mexicana conocida como “La Reina del Pacífico”, en contra de Telemundo Network Group, LLC, la cadena televisiva que produjo la serie “La Reina del Sur”, por el supuesto uso no autorizado de su imagen para fines comerciales. El procedimiento se interpuso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien tuvo por acreditada la infracción e impuso a Telemundo una multa de $448,100.00 pesos. La televisora impugnó la resolución mediante un juicio de nulidad. Después presentó un amparo directo, y finalmente un recurso de revisión, que fue resuelto por la SCJN. En todas las instancias se confirmó la multa. Independientemente de esta sanción, según diversas notas periodísticas, la defensa legal de Sandra Ávila tiene planeado demandar a Telemundo y Netflix regalías por los ingresos obtenidos de la serie, tomando como base la sentencia de la SCJN.

Más allá de las condiciones particulares del juicio que dio origen a las jurisprudencias, su impacto es relevante para la industria de los medios de comunicación porque sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión, particularmente por dos criterios de interpretación que las sostienen.

El primero de ellos se refiere a la catalogación de Sandra Ávila como una persona privada, sin proyección pública (registro 2032845), bajo el argumento de que no es una servidora pública y la difusión de su imagen no se vincula con el interés público. Esta interpretación de la SCJN es inconsistente con los precedentes judiciales que por décadas se han desarrollado en relación con las figuras públicas, que establecen que las personas con proyección pública (sean o no servidores públicos) deben tolerar un mayor grado de intromisión en su privacidad, honor y reputación, para privilegiar a la libertad de expresión cuando se abordan temas de interés público.

Ahora, para poder emitir contenidos con la imagen de narcotraficantes famosos, e incluso de políticos vinculados con el crimen organizado, se tendrá que obtener su autorización, o pagarles regalías, a menos que sean servidores públicos en ejercicio de sus cargos.

Por otro lado, las jurisprudencias también se sostienen en el argumento de que la cadena de televisión no utilizó la imagen de Sandra Ávila con fines informativos o periodísticos, sino que su uso se llevó a cabo con fines comerciales y de explotación económica, lo que confirma la comisión de la infracción y la procedencia de la sanción (registro 2032844). Esta interpretación es peligrosa porque da por sentado que los fines comerciales excluyen de manera absoluta los fines informativos y periodísticos. Para la SCJN, si un medio o periodista difunde la imagen de una persona y obtiene ganancias directas o indirectas por ello, entonces la finalidad de la difusión es comercial, y no informativa, por lo que el medio debe obtener la autorización del titular de la imagen y, en su caso, pagarle regalías. ¿Qué hay de los noticieros, televisivos o digitales, que obtienen ganancias por la publicidad pautada con sus contenidos? ¿Qué hay de los periódicos que cobran suscripciones por el acceso a sus contenidos, o por sus ediciones impresas?

La nueva interpretación de la SCJN representa un peligro para la libertad de expresión, no solamente por su impacto directo para Telemundo, sino por el efecto intimidatorio que podría tener para medios y periodistas. Además, en un México en el que cada vez más narcotraficantes son políticos, y viceversa, el precedente podría funcionar como un escudo para proteger al oficialismo de futuros escándalos.