Reforma judicial y economía

Este domingo 1 de junio se estrenó la primera elección judicial en México.

De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral, la participación estimada fue de 13%.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la elección judicial fue todo un éxito.

Y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez la calificó de “ejemplar” y la comparó con el 7% de participación que registró la consulta popular del juicio a los expresidentes.

Sin embargo, si se compara con la participación ciudadana registrada en elecciones federales, que han rondado, en promedio el 60%, la elección judicial en realidad se quedó corta en participación ciudadana.

La baja participación denota un marcado desaire de la ciudadanía al proceso.

Sólo 13 millones, de un padrón de 97.7 millones de mexicanos, definieron el poder judicial.

De acuerdo con las cifras oficiales del INE, votaron en las elecciones del poder judicial entre 12.57% y 13.32% de los inscritos en el padrón.

Lejos también del objetivo del 20% de participación.

Así se celebró el primer proceso de elección judicial vía voto popular.

En un proceso en el que se habrían invertido por el INE, 7,000 millones de pesos.

Un proceso en el que 87 millones de mexicanos no votaron.

Quedaron 522 millones de boletas sin utilizar. Y más de 20% de los votos fueron nulos o blancos.

Con tales cifras se realizó la elección, de entre 3,397 candidaturas, de 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, por voto popular.

El porcentaje real de participación se conocerá cuando concluyan los cómputos distritales, el 10 de junio.

Con este proceso de elección por voto popular, se cierra un ciclo e inicia otro.

Para el gobierno, es el inicio de un nuevo sistema judicial que entierra al previo, por corrupto.

Para la mayoría de los analistas independientes, se trata de la culminación de un proceso que lleva a la máxima concentración del poder.

Se completa el control del último de los poderes. Ahora el gobierno controla al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial.

El partido en el poder gobierna en 23 estados de la República Mexicana y la mayoría de los 27 congresos locales.

Suena grave, tal concentración de poder en una sola persona y en un solo partido.

Sin embargo, en el empresariado mexicano –salvo a sottovoce–, es prácticamente inexistente su preocupación.

La Coparmex, ha sido la única voz que abiertamente se ha manifestado en contra de la Reforma Judicial y que ha alertado sobre los riesgos para las empresas y las inversiones.

Los empresarios en México, no han levantado siquiera la ceja, cuando el gobierno ha expresado con claridad que los proyectos de infraestructura que vengan, tendrán que realizarse mediante asociaciones con participación mayoritaria del propio gobierno.

Tampoco han dicho nada, aunque las cifras del comportamiento económico marcan un inocultable estancamiento.

A contracorriente del discurso oficial el panorama económico, no es positivo.

Las finanzas públicas enfrentan el desafío que representa reducir el déficit fiscal de casi 6% a 3.9 por ciento.

El gobierno arrastra uno de los niveles más altos de deuda.

El riesgo Pemex, es una variable importante.

De acuerdo con Banxico en este y el próximo se registrarán tasas de crecimiento inferiores al 1%.

Los analistas privados coinciden en que el consumo y la inversión, registran datos preocupantes.

El CEESP advierte que la Inversión Extranjera Directa se contrajo 21% anual, si se compara el monto de 21,373 millones de dólares registrados en el primer trimestre de este año con las cifras revisadas.

Además, bajo esa óptica, la reinversión de utilidades se contrajo 40% y las cuentas entre compañías cayeron 289 por ciento.

Sólo las nuevas inversiones aumentaron 81%, aunque en términos de monto, es el segundo más bajo para el primer trimestre desde 2013.

El escenario económico, advierte el think tank, se complica por la preocupación por una reforma judicial que atenta contra la división de poderes y por los efectos de la política arancelaria de Estados Unidos.

Lo que se observa, es que a la difícil condición económica que vive México, se agregan las potenciales repercusiones negativas que provocará el nuevo sistema judicial. Veremos.

Atisbos

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