Raíz de la pobreza, intacta: Acción Ciudadana

El presidente Andrés Manuel López Obrador, identificó su campaña y su gobierno con una frase: “por el bien de todos, primero los pobres”. 

Orientados en ese objetivo, los programas sociales y el aumento al salario mínimo son el par de preseas más presumidas por el gobierno.

En días recientes, el presidente de México afirmó que durante su sexenio han salido de la pobreza 9 millones 500 mil personas y así lo reconoce el Banco Mundial.

Eso es lo que se escucha en el discurso oficial.

En el ámbito no gubernamental, tienen “otros datos”.

Encabezada por Rogelio Gómez Hermosillo, Acción Ciudadana frente a la Pobreza, una organización civil especializada en el tema, difundió su más reciente análisis sobre la pobreza, titulado, Balance sexenal: La raíz de la pobreza permanece.

Entre los datos más importantes están: 1.- Hoy hay 5 millones de personas más que carecen de salario suficiente para superar la pobreza; 2.- La tasa de desempleo total es de 6.6 millones de personas; 3.- La informalidad aumentó de 32.8 millones en 2018 a 35.5 millones de personas en 2024.

El análisis basado en datos oficiales concluye que en el sexenio que está por concluir, el sistema laboral en México permanece, prácticamente, sin cambios sustanciales.

Señala que en estos últimos 6 años indicadores como el desempleo, exclusión laboral de mujeres y jóvenes, salarios de pobreza y empleos informales, registraron estancamiento, retrocesos o, en el mejor de los casos, cambios mínimos.

A nivel internacional, México está muy abajo en la tabla de comparación de indicadores laborales; queda siempre por debajo de los países pares de la OCDE y muchas veces por debajo de las economías de América Latina y El Caribe.

Advierte que la magnitud desproporcionada de la pobreza en México, aún con su reciente reducción y considerando el incremento del salario mínimo se explica por las condiciones de exclusión y precariedad laborales, que no corresponden con el tamaño y el dinamismo de la economía nacional.

En consecuencia –afirma– la raíz principal de la pobreza que se produce desde el sistema laboral se mantuvo prácticamente sin cambio en el actual sexenio.

El trabajo sigue siendo fábrica de pobreza para millones de personas y, pese a que el incremento al salario mínimo ha mejorado el ingreso laboral, no ha sido suficiente, incluso, entre quienes tienen trabajos formales en el sector privado

Mientras se siga discutiendo la pobreza desde la política social y se deje de lado la raíz laboral de la pobreza en México, estamos condenados a mejoras marginales y retrocesos cíclicos, concluye.

El análisis es contundente y revelador.

Vulcan Materials, la duda

Cuentan quienes están cerca de la empresa Vulcan Materials que la decisión de declarar área natural protegida para disfrazar la expropiación de los cuatro terrenos en donde se encuentra ubicada Sac-Tun, la filial mexicana de la compañía estadounidense, permite que el gobierno mexicano no pague indemnización alguna.

Al no ser estrictamente una expropiación, no hay obligación de pago indemnizatorio.

De acuerdo con los expertos jurídicos, la expropiación es un instrumento que busca lograr el equilibrio entre el interés público y el interés de los propietarios.

Y uno de los elementos fundamentales para alcanzar este equilibrio es la garantía de que la expropiación sólo puede llevarse a cabo mediante indemnización.

En ese sentido, es muy claro el concepto de expropiación.

El decreto por el que se declara área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, con la categoría de área de protección de flora y fauna, la superficie de 53,227-07-02.37 hectáreas, ubicada en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, estado de Quintana Roo, en el que se incluyen los terrenos de Vulcan Materials, sólo menciona en el cuarto transitorio, eventuales erogaciones que pudieran generarse.

Sac-Tun reclama mil 500 millones de dólares, más lo que se acumule.

La empresa interpuso en el 2018 un arbitraje en el marco del Tlcan, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Desde entonces se ha litigado en tribunales internacionales y espera una resolución definitiva para el segundo semestre de este 2024.

La duda es cuál será la respuesta del gobierno de México, en caso de que el laudo del arbitraje llegue a favorecer a Vulcan,.

En los últimos días se registró el caso de Odyssey Marine Exploration, en el que el gobierno mexicano se niega a aceptar la decisión de un tribunal internacional que lo obliga a pagar los daños valuados en más de 30 millones de dólares.

El de Vulcan se convierte en un tema que complicará la intención del próximo gobierno de generar confianza entre los inversionistas. Veremos.