Pueblos originarios y soberanía comunicacional en la era de la IA

Un pueblo puede aparecer miles de veces en las pantallas y permanecer invisible. Puede ser fotografiado, documentado, convertido en nota periodística, personaje cinematográfico, atractivo turístico, dato estadístico o referencia antropológica y, pese a semejante exposición, seguir ausente del relato que otros construyen sobre él. La invisibilidad más profunda no consiste en no ser visto. Ocurre cuando alguien más posee el privilegio de decidir qué parte de nosotros merece ser mirada, cómo será nombrada y bajo qué categorías podrá existir públicamente. La pregunta que México tiene hoy frente a sí no es sólo quién tiene derecho a hablar. Es mucho más incómoda: ¿quién conserva la soberanía sobre el significado de aquello que somos cuando nuestras palabras, rostros, símbolos y memorias pueden transformarse en contenidos, bases de datos y materia prima para inteligencias artificiales?

México está discutiendo esa pregunta mientras ocurre algo jurídicamente relevante. La reforma constitucional al artículo 2.º, publicada el 30 de septiembre de 2024, reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dos años después, la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos atraviesa un proceso de consulta previa, libre e informada. La convocatoria contempla a 16,728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano; las asambleas regionales se desarrollan entre agosto y septiembre de 2026 y el Ejecutivo ha anunciado su intención de enviar la iniciativa al Congreso el 12 de octubre.

El asunto rebasa la técnica legislativa. Entre los derechos planteados aparecen la posibilidad de establecer y operar medios de comunicación comunitarios e indígenas, producir contenidos en las propias lenguas, acceder al espectro radioeléctrico, emplear tecnologías digitales y proteger el patrimonio cultural colectivo. Lo que está en juego, entonces, no es únicamente el derecho de una audiencia a recibir contenidos dignos. Aparece algo anterior y más radical: la capacidad de una comunidad para constituirse como sujeto comunicante, para producir presencia pública sin tener que atravesar permanentemente la mirada, la traducción o la autorización de otro.

Durante décadas concebimos los derechos de las audiencias bajo una arquitectura defensiva. Un medio emitía. El ciudadano recibía. Si ocurría una vulneración, reclamaba. Ese modelo sigue siendo indispensable, pero pertenece a una ecología en la que el poder comunicativo podía localizarse con cierta claridad. Hoy esa geografía se fracturó.

Una persona escucha radio comunitaria mientras consulta WhatsApp, mira TikTok y pregunta a un modelo generativo por la historia de su pueblo. El sistema mediático ya no sólo transmite representaciones: las ordena algorítmicamente, aprende de ellas y produce nuevas versiones de la realidad.

Por ello no basta con ampliar la representación. Hay que revisar quién posee las condiciones materiales para representarse.

Nancy Fraser advirtió hace décadas que una esfera pública aparentemente común puede ocultar profundas desigualdades en las posibilidades reales de participar en ella. Su noción de counterpublics resulta especialmente fértil aquí: los grupos históricamente subordinados no requieren únicamente entrar en una conversación cuya gramática fue definida por otros; necesitan espacios propios desde los cuales producir discursos, formular necesidades y disputar las categorías con las que son interpretados.

Una radio indígena, vista desde esta perspectiva, no es sólo otro canal dentro de la oferta mediática. Es una institución productora de realidad social. Lo mismo ocurre con un medio digital comunitario o con una plataforma desarrollada desde una lengua originaria. Allí se decide qué merece memoria, quién posee autoridad para hablar, qué acontecimientos importan y bajo qué horizonte moral serán comprendidos. Esto adquiere una densidad particular cuando hablamos de lengua.

México tenía en 2023 alrededor de 7.4 millones de personas de tres años y más hablantes de alguna lengua indígena, mientras 39.2 millones se reconocían como indígenas. La conectividad avanza: para 2025, 86.1% de la población de seis años y más utilizaba internet, aunque la diferencia entre zonas urbanas y rurales seguía siendo de casi catorce puntos porcentuales.

Conectarse, sin embargo, no equivale a habitar digitalmente el mundo en la propia lengua. Una lengua no es una colección intercambiable de vocablos. Contiene clasificaciones, afectos, relaciones con el territorio y modos de comprender aquello que merece respeto. En ella habitan los muertos sin estar muertos del todo. Hablan quienes precedieron a quienes hoy hablan.

Paul Ricoeur entendió que la identidad no es una sustancia cerrada sino una construcción narrativa mediante la cual el sujeto puede reconocerse a través del tiempo. Algo semejante ocurre con las comunidades. Perder capacidad para narrarse significa perder también una parte de la continuidad que permite responder quiénes somos.

Por eso traducir una lengua indígena al español no resuelve el problema. Una lengua permanece subordinada mientras sólo pueda traducir el mundo producido por otros. La verdadera vitalidad comienza cuando puede seguir produciendo mundo.

La inteligencia artificial introduce aquí una torsión que apenas empezamos a comprender. Durante siglos la apropiación cultural necesitó objetos, intermediarios y mercados. Alguien copiaba un diseño. Otro comercializaba una pieza. Una industria tomaba una melodía, un símbolo ritual o una narrativa ancestral y los convertía en mercancía. La IA modifica la escala de esa extracción.

Un modelo puede absorber miles de imágenes textiles, identificar patrones, recombinarlos y producir variaciones casi infinitas. Puede procesar narraciones tradicionales, estructuras lingüísticas y registros sonoros. Aquello que durante generaciones perteneció a una comunidad puede ingresar silenciosamente a un corpus y regresar convertido en producto.

Ya no hablamos sólo de apropiación cultural. Estamos ante la posibilidad de una extracción cognitiva automatizada.

Tahu Kukutai y John Taylor formularon la soberanía de datos indígenas precisamente como el derecho de los pueblos a controlar la recopilación, propiedad y aplicación de los datos vinculados con sus personas, territorios y formas de vida. La cuestión adquiere ahora una dimensión inesperada: ¿qué ocurre cuando esos datos alimentan sistemas capaces de generar valor económico sin la presencia, autorización ni beneficio de las comunidades que hicieron posible ese conocimiento?

UNESCO ha comenzado a advertirlo. Sus trabajos recientes sobre IA y cultura señalan que numerosos sistemas siguen entrenándose sobre conjuntos de datos poco representativos y que apenas 15% de los países reportan datos de entrenamiento en lenguas indígenas; sólo 7% declara políticas específicas para emplear IA en favor de lenguas indígenas o minoritarias. El organismo ha insistido, además, en que el desarrollo tecnológico relacionado con pueblos originarios debe reconocer su capacidad para determinar cómo se recopilan y utilizan voces, imágenes, conocimientos y sistemas simbólicos. Aquí se encuentra quizá la frontera más delicada de la futura soberanía comunicacional.

No basta con tener acceso a internet si otros gobiernan los algoritmos de visibilidad. Tampoco basta con utilizar inteligencia artificial si no existe capacidad para determinar qué puede aprender de nosotros. La próxima brecha no será solamente digital. Será una brecha de soberanía cognitiva entre quienes pueden decidir cómo sus conocimientos ingresan en los sistemas automatizados y quienes únicamente suministran, sin saberlo, la materia cultural con la que esos sistemas producen valor.

La economía digital ha encontrado un recurso extraordinariamente rentable: convertir la experiencia humana en dato. Con la IA generativa hemos avanzado un paso más: transformar cultura acumulada en capacidad productiva automatizada.

Precisamente ahí el patrimonio cultural deja de ser una cuestión ornamental. La imagen ritual, la voz de una anciana que conserva una lengua, la técnica de un artesano, una narración ligada al territorio puede contener algo que el mercado difícilmente sabe medir porque su valor no se agota en su precio. Existen significados cuya naturaleza es relacional. Algunos pertenecen al ámbito de lo sagrado. Extraerlos de la comunidad que les da sentido puede conservar su forma y destruir aquello que los hacía significativos.

Tal vez necesitamos revisar, entonces, nuestra noción misma de derechos de las audiencias.

Necesitamos derechos capaces de acompañar a las personas cuando pasan de una frecuencia de radio a una plataforma y de ahí a un agente de inteligencia artificial. Derechos que no desaparezcan cuando cambia la interfaz. Derechos a saber por qué vemos lo que vemos, a comprender cuándo interviene una máquina, a no ser discriminados algorítmicamente. Pero también derechos colectivos a decidir cuándo un archivo cultural puede convertirse en dato y cuándo una memoria debe permanecer fuera del alcance extractivo del modelo.

México tiene ante sí la posibilidad de construir algo más profundo que una nueva legislación sectorial. Puede comenzar a imaginar una soberanía comunicacional compartida, donde el pluralismo no consista en conceder espacios desde el centro, sino en reconocer que existen múltiples centros legítimos de producción de significado.

Porque una democracia intercultural no se mide solamente por cuántas voces logra escuchar. Se mide también por cuántas voces pueden hablar sin tener que dejar de ser ellas mismas para hacerse inteligibles ante el poder.

Quizá ahí se juega el verdadero horizonte de esta discusión. Cuando una niña pregunte dentro de algunos años a una inteligencia artificial quiénes fueron sus antepasados, ¿escuchará una respuesta construida desde el conocimiento vivo de su comunidad o una reconstrucción estadísticamente verosímil fabricada con fragmentos extraídos de ella? La diferencia entre ambas respuestas parece tecnológica. En realidad, es profundamente humana. Y decidir quién tendrá autoridad para responder es una responsabilidad que no podemos delegar al algoritmo.