Omisión criminal del gobierno ante Phillips

El gobierno mexicano es gordo y autoritario pero está ausente donde más importa. No sólo es un aparato hostil con los ciudadanos, sino que tiene una estructura incompetente, incapaz de ejercer su responsabilidad más básica: proteger la salud pública y garantizar la rendición de cuentas. Esto ha sido documentado con distribución de medicamentos y atención hospitalaria, pero hay un nuevo caso para fincarle responsabilidades algún día el gobierno federal. Me refiero al indignante episodio recientemente revelado por Mexicanos contra la Corrupción por el uso de ventiladores tóxicos de Philips en al menos 255 hospitales del país.

Estos ventiladores, modelo E30 contienen una espuma interna que se degrada y libera partículas tóxicas inhalables, con efectos en vías respiratorias, hígado, riñón y, en el peor de los casos, potenciales riesgos cancerígenos. Esto se detectó en Estados Unidos en 2021 y se siguieron los pasos lógicos de una administración responsable: la FDA emitió un recall de Clase I, el más grave posible. La orden fue clara: Philips debía localizar, retirar o reparar cada unidad defectuosa. El gobierno estadounidense no se limitó a alertar: impuso un programa nacional obligatorio de retiro, y firmó un Consent Decree con el Departamento de Justicia que obliga a Philips a cumplir estrictas condiciones de vigilancia y compensación. A la fecha, la empresa ha desembolsado más de 1.5 mil millones de dólares en acuerdos legales y sigue sometida a inspecciones federales.

En México no hay programa de retiro, ni alerta pública de COFEPRIS, ni exigencia formal por parte de la Secretaría de Salud. A pesar de que se sabe que estos equipos siguen en uso en hospitales del sector público, las autoridades han hecho caso omiso..

La semana pasada (11 de junio) la organización Mexicanos Primero hizo pública una investigación que documenta una parte del problema: al menos 255 hospitales del sector salud recibieron estos ventiladores durante la pandemia y los ventiladores tóxicos ahí siguen.

Paréntesis. Aquí debo hacer explícito un conflicto entre firmas. Resulta que fue la empresa Health Systems Care, antiguo distribuidor de Philips, quien en abril de 2024 denunció legalmente ante las autoridades mexicanas que la compañía no había retirado los ventiladores dañinos. Esa denuncia forma parte de un pleito comercial, sí, y Philips ha respondido —en entrevista con Carmen Aristegui— que el retiro no es su responsabilidad, sino de los distribuidores. Es imaginable que los directivos buscan blindar su responsabilidad o quizá haya elementos de presión en las acusaciones que hay entre ambas firmas. Pero ese pleito no nos interesa. Lo que nos interesa es que el Estado mexicano no interviene. Ni para retirar los equipos de los hospitales públicos —lo mínimo que debería hacer—, ni mucho menos para exigir a Philips que repare o sustituya los equipos para todos los consumidores afectados.

El contraste con Estados Unidos es humillante. Allá hubo intervención estructural: Estado, tribunales, agencias de salud, defensa del consumidor y litigios privados. Aquí no hay nada. Ninguna institución del Estado mexicano ha iniciado siquiera una acción básica. No existe un portal, no hay protocolos, no hay defensa institucional de los pacientes.

¿Cómo puede tolerarse que una empresa opere impunemente con equipos que serían ilegales en otros países, sin que COFEPRIS levante la voz? ¿Qué clase de Estado permite que hospitales públicos sigan usando equipos tóxicos?

Este no es un fallo técnico. Es una rendición política y ética. Una muestra más de la debilidad de nuestras instituciones. Mientras Philips cumple en Estados Unidos con protocolos, auditorías y pagos multimillonarios, en México da entrevistas en las que dice que no es su asunto.

México necesita un Estado que sirva, no uno que se esconda. Claudia Sheinbaum tiene responsabilidad en ello, aunque el caso le haya tocado a su mentor.