El negocio de la sed

El agua, bajo el esquema neoliberal, ha dejado de ser un bien común para transformarse en un botín corporativo y político, no únicamente en México sino en la mayor parte del mundo. La privatización del vital líquido en el país tiene sus antecedentes en 1992, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), marco legal que permitió la compra, venta y acaparamiento de volúmenes masivos de agua por partes de empresas embotelladoras, mineras, desarrolladoras inmobiliarias y la industria agroexportadora, mediante un sistema de concesiones y títulos de aprovechamiento.

Según el artículo 4°, párrafo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”, sin embargo, este ideal, en los hechos, es letra muerta.

Desde la reforma salinista hasta la fecha, diversos gobiernos estatales y municipales han entregado su gestión de agua potable a consorcios privados (privatizado) mediante figuras jurídicas como concesiones, asociaciones público-privadas (APP) y contratos de gestión mixta para delegar total o parcialmente el servicio de empresas privadas o consorcios internacionales, arrojando resultados severamente cuestionados en materia de tarifas y calidad de servicio.

Aguascalientes fue el estado pionero a nivel nacional en el modelo de privatización del agua, cuando en 1993, el gobierno estatal otorgó una concesión a largo plazo a la empresa Concesionaria de Aguas de Aguascalientes, S.A. (CAASA) para operar el servicio en la capital del estado. El estado de Puebla también optó por ese modelo mediante al otorgamiento de un título de concesión por 30 años a la empresa Concesiones Integrales, operada bajo la marca “Agua de Puebla para Todos”.

En ambos casos, las empresas concesionarias y los gobiernos estatales han enfrentado fuertes protestas sociales por cortes de suministro, tandeos restrictivos e incrementos tarifarios continuos. El gobierno de Quintana Roo, a través de la empresa Aguakan, también optó por la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la zona norte de la entidad federativa, abarcando municipios clave de alta densidad turística y poblacional como Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, en Playa del Carmen.

En Coahuila, el municipio de Saltillo, en el año de 2001, constituyó una empresa paramunicipal de carácter mixto llamada Aguas de Saltillo (Agsal), donde la firma española Aguas de Barcelona (Agbar) detenta la administración técnica y operativa. La Ciudad de México, en 1993, bajo la entonces administración del Departamento del Distrito Federal (DDF), dividió la capital del país en cuatro zonas operativas entregadas a consorcios formados por empresas mexicanas asociadas con trasnacionales extranjeras (francesas e inglesas).

Aunque dichos consorcios operaban bajo contratos de contraprestación (donde cobraban por la medición, padrón y recaudación), el descontento social generado por el incremento desmedido en las tarifas (de hasta 1,000%) obligó a que el modelo no fuera renovado en los mismos términos al término de sus contratos iniciales.

En 2022, el Congreso de Querétaro aprobó una nueva ley de aguas que generó protestas y señalamientos de abrir la puerta a la participación de la iniciativa privada en la infraestructura y distribución, aunque el gobierno estatal ha sostenido que no se trata de una privatización de la tarifa directa, sino de coinversión en infraestructura, sin embargo, la iniciativa generó el descontento ciudadano.

La crisis de agua que hoy viven los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) llegó a su clímax el domingo 11 de octubre del año en curso, cuando una protesta ciudadana fue sofocada por elementos policiacos con gases lacrimógenos, cañones de agua a presión y decenas de detenciones, en las inmediaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.

Con base en monitoreos ciudadanos e independientes en la red del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), los inconformes han detectado de forma reiterada la presencia de coliformes fecales y metales pesados como plomo, mercurio y aluminio. Su queja es porque el líquido que reciben los hogares llega amarillento, fétido y cargado de sedimentos.

Frente a la protesta ciudadana, la respuesta oficial del gobernador Pablo Lemus fue el uso de la fuerza pública para reprimir, en lugar de implementar medidas de mitigación sanitarias o transparentar los análisis microbiológicos de las plantas potabilizadoras.

La crisis del agua en la ZMG no brotó por la escasez climática, sino emerge de la desconfianza ciudadana hacia los manejos financieros de sus gobernantes. Y es que el gobernador Pablo Lemus, a través de una iniciativa que envío al Congreso estatal, pretende concesionar la construcción y operación de un nuevo acueducto del lago de Chapala a Guadalajara, obra que tendría un costo cuatro veces mayor a los casi 12,000 millones de pesos, más impuesto al valor agregado, que importaría con inversión pública directa.

El gobernador Lemus está hoy en el centro de la tormenta política, señalado por colectivos sociales, vecinales y actores políticos de impulsar esquemas de asociación público-privada que, bajo la promesa de modernizar la infraestructura hídrica, abrirían la puerta a la privatización de un derecho humano fundamental.

La privatización del agua -concebida en los noventa y mantenida por administraciones de distintos signos políticos- demuestra que transferir un derecho humano al libre mercado solo garantiza dos cosas: ganancias privadas e iniquidad social. El agua de Jalisco no puede ni debe ser la moneda de cambio para sanear finanzas públicas a costa de contratos transexenales ventajosos para corporaciones.

Cuando un gobierno responde con violencia y garrote a la exigencia ciudadana de no consumir agua con bacterias y metales pesados, evidencia que los intereses del aparato gubernamental han dejado de coincidir con el bienestar público. La crisis de agua en la ZMG exige robustecer al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), garantizando inversión pública, rendición de cuentas y, sobre todo, el respeto irrestricto al agua como un derecho humano y no como un nicho bursátil.