Libre comercio verde en una era proteccionista

BEIJING – Con las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de aumentar los aranceles a las importaciones procedentes de Canadá, China y México (lo que, según sus últimas declaraciones, podría ocurrir a principios de marzo), el mundo se prepara para grandes trastornos comerciales. El proteccionismo está otra vez de moda, y países como Estados Unidos fomentan el desarrollo interno de sectores críticos para reforzar su seguridad económica, pero el retroceso del libre comercio se acelerará bajo Trump, y eso traerá amplias consecuencias, sobre todo para la lucha contra el cambio climático. 

Hay una forma sencilla de acabar con la dependencia de los combustibles fósiles: fomentar las industrias verdes (que, además de mitigar el cambio climático, también impulsarán el crecimiento económico y la creación de empleo) y garantizar que sus productos puedan comerciarse con la mayor amplitud posible. La apertura comercial fortalecerá esas industrias, reducirá el costo de sus bienes y servicios en la mayoría de los países y facilitará la adopción de prácticas y tecnologías descarbonizadas.

En un momento de aumento del proteccionismo, esto demanda instituir un acuerdo especial de libre comercio verde, con una gran reducción de los aranceles y de las barreras no arancelarias sobre bienes y servicios que aportan beneficios medioambientales y climáticos. Ya que un marco auténticamente global estaría expuesto a que lo torpedeen una o dos economías, una alternativa sería apelar a “coaliciones de buena voluntad” para crear varios acuerdos más pequeños.

El proceso se puede acelerar en gran medida usando como base para el comercio verde los acuerdos comerciales regionales que ya existen. Un buen ejemplo es la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por la sigla en inglés), el mayor bloque comercial del mundo por población y por PIB, formado por Australia, China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y los diez países de la ASEAN. Usar el marco de la RCEP puede acelerar la negociación y la implementación de un esquema de libre comercio verde con participación de países que, en conjunto, equivalen al 30% de la actividad económica mundial.

El primer paso para hacer realidad esta visión es demostrar con claridad los beneficios económicos de un acuerdo de comercio verde a todos los miembros de esquemas como la RCEP. Es lo que hacemos en un estudio preliminar realizado por el Instituto de Finanzas y Sostenibilidad (que presido) e investigadores asociados, sobre la base de un modelo de “equilibrio general computable”. La conclusión del estudio, que presentaremos en un congreso que tendrá lugar en Hong Kong en marzo, es que un acuerdo de libre comercio verde puede estimular las economías de los participantes (en términos de PIB, exportaciones, empleo e ingresos fiscales), reforzar sus industrias ecológicas y acelerar la descarbonización.

Luego, para ayudar a mitigar el cambio climático y hacer frente a la degradación medioambiental, los países deben identificar los bienes y servicios que deberían incluirse en el acuerdo de libre comercio verde. Nuestro estudio indica que la lista podría incluir unas pocas decenas de categorías y unos pocos cientos de productos y servicios, por ejemplo, energías renovables, vehículos eléctricos y sus componentes, gestión de residuos, agricultura sostenible, soluciones basadas en la naturaleza y servicios profesionales medioambientales.

Una tercera prioridad es atraer inversiones extranjeras y transferencias de tecnología en las industrias verdes; esto demanda un entorno de políticas más estable, protecciones para los inversores y respeto de los derechos de propiedad intelectual en los bloques comerciales regionales. Un acuerdo de comercio verde que garantice estas condiciones ayudaría, en particular, a los países de menos ingresos a desarrollar industrias verdes y crear los empleos relacionados. Por ejemplo, en la RCEP, las empresas chinas, japonesas y surcoreanas que produzcan vehículos eléctricos o paneles solares podrían licenciar sus tecnologías a productores de los países de la ASEAN e invertir en la creación de cadenas de suministro verdes en la región.

Estos acuerdos también deben abordar las barreras no arancelarias, que pueden impedir el comercio y la inversión incluso dentro de zonas con aranceles bajos o nulos. El primer paso para que un acuerdo de comercio verde funcione es hacer un análisis minucioso de todas las barreras no arancelarias, por ejemplo, cuotas de importación y exportación, procesos de control de calidad y despacho de aduanas, requisitos de trazabilidad de productos, mecanismos de financiación del comercio y seguro de crédito para exportaciones y liquidación de pagos transfronterizos. A continuación, deberían aplicarse medidas específicas que reduzcan estos obstáculos; por ejemplo, armonizar las normas de calidad y trazabilidad entre jurisdicciones y reducir el costo de la financiación del comercio mediante instrumentos de financiación verde.

Es esencial que haya liderazgo y diálogo franco. En el caso de la RCEP, deberían liderar la búsqueda de consenso las economías más grandes, como Australia, China, Corea del Sur, Indonesia y Japón, con debates que destaquen los amplios beneficios colectivos de un acuerdo. Este enfoque será favorable a una “transición justa” hacia una economía con neutralidad climática, acelerará la descarbonización en los países participantes, promoverá el crecimiento y la creación de empleo en las industrias verdes y fomentará la confianza mutua, esencial para una cooperación más amplia en cuestiones climáticas y comerciales.

Los acuerdos de comercio verde se tornan incluso más atractivos al compararlos con las alternativas que usan las economías avanzadas. El mecanismo de ajuste de emisiones de carbono en frontera (CBAM), preferido por la Unión Europea, el Reino Unido y tal vez Estados Unidos, puede reducir las “fugas” de carbono derivadas de la importación de productos desde países con normas de emisiones más permisivas, pero resulta perjudicial para los ingresos y el empleo en las economías en desarrollo que exportan bienes con alta intensidad de carbono. Y no ayuda a fomentar la cooperación; al contrario, estas medidas unilaterales pueden provocar represalias y más proteccionismo.

Por el lado de los incentivos, el CBAM es un “palo” que castiga a los países en desarrollo por no sacrificar crecimiento y desarrollo para reducir las emisiones. Un acuerdo de libre comercio verde, en cambio, es una “zanahoria”: al alinear los objetivos climáticos con los de desarrollo, recompensa a las economías participantes por avanzar en la transición verde. Es una solución en la que todos salen ganando, justo lo que se necesita para que la transición verde sea justa.

El autor

Ma Jun, excopresidente del Grupo de Trabajo sobre Finanzas Sostenibles del G20, preside el Instituto de Finanzas y Sostenibilidad con sede en Beijing.

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