Jóvenes, vivienda y ansiedad económica: construir para un mejor futuro

Durante décadas, la vivienda ha representado mucho más que tener un techo. Ha sido un símbolo tangible de estabilidad, independencia y movilidad social. Comprar una casa marca la transición a la vida adulta, la formación de patrimonio y, en muchos casos, el inicio de una familia.

El informe The World’s Most Important Problem, presentado en el World Governments Summit 2026 con datos del Gallup World Poll, confirma un cambio profundo: el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales fuentes de ansiedad económica a nivel global. Y no es un fenómeno exclusivo de los países en desarrollo.

La preocupación económica se concentra especialmente en quienes enfrentan mayor vulnerabilidad financiera. Las mujeres mencionan los problemas económicos como el principal desafío nacional en mayor proporción que los hombres (35% frente a 31%), una brecha que se amplía en países donde la desigualdad salarial es mayor. Jóvenes y personas con menor poder adquisitivo también reportan niveles más altos de ansiedad. La inseguridad habitacional no es sólo financiera: es estructural y social.

Esta problemática es especialmente visible en economías avanzadas. Irlanda (49%), Australia (29%) y Canadá (16%) figuran entre los países donde más adultos señalan el costo de los alimentos o la vivienda como el principal problema nacional, pese a encontrarse entre las economías más prósperas del mundo. De hecho, la satisfacción con la disponibilidad de vivienda asequible en estos países ha caído de forma sostenida desde 2007 hasta apenas 25% en 2025.

Esto deja claro que el crecimiento macroeconómico no garantiza tranquilidad cuando las necesidades básicas se vuelven inaccesibles.

Así emerge un nuevo fenómeno: trabajadores activos, calificados e integrados al mercado laboral, pero sin posibilidad real de adquirir patrimonio inmobiliario. Una proporción creciente de jóvenes destina gran parte de sus ingresos al alquiler, retrasando decisiones clave como independizarse o formar una familia.

En la Ciudad de México, los trabajadores formales afiliados al IMSS tienen un salario base promedio cercano a 24 mil pesos mensuales, lo que les permite afrontar un gasto en hipoteca de entre 7 y 8 mil pesos. Sin embargo, ese nivel de ingreso los deja fuera del mercado inmobiliario —tanto de renta como de compra— en buena parte de la ciudad.

Atender este desafío requiere medidas integrales que comprendan la estructura del problema y ofrezcan soluciones de largo plazo. Tres acciones resultan fundamentales:

1. Incrementar el ritmo de construcción. En los últimos años, la edificación formal ha estado por debajo de 4 mil unidades anuales en la capital, muy lejos de la demanda real.

2. Ampliar las facilidades para desarrollar vivienda social desde el sector privado en zonas centrales, con el fin de complementar y fortalecer las acciones impulsadas por el gobierno.

3. Cuidar y fortalecer el ecosistema inmobiliario, que constituye una amplia cadena de empleo e ingresos formales para miles de personas. Un sector sólido permite generar una oferta más amplia y accesible.

La vivienda se ha consolidado como un eje transversal que conecta ingresos, empleo y bienestar. No es sólo un activo inmobiliario: es un factor estructural de estabilidad económica, tanto para quienes poseen una vivienda como para quienes trabajan en su cadena de valor.

Si logramos establecer una dinámica sostenida de ampliación de la oferta habitacional, podremos frenar estructuralmente el incremento en los precios de las viviendas en el largo plazo, con impactos inmediatos en la economía, al generar desarrollo urbano, empleo e ingresos tributarios para la ciudad.

*El autor es presidente de CANADEVI Valle de México.