Inversión con rectoría estatal: el reto de atraer capital

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 (Plan de Inversión), con una bolsa estimada en 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos, de los cuales el energético concentra 54%. El desafío económico es complejo, ¿cómo financiar, estructurar y ejecutar ese volumen de proyectos en un entorno de bajo crecimiento y restricciones fiscales?

La economía mexicana cerró 2025 con un crecimiento cercano a 0.7% anual del PIB. Es una expansión insuficiente para acelerar la creación de empleo formal y claramente distante del umbral de 3% o más que permitiría ampliar de manera sostenida la base tributaria. La inversión fija bruta reflejó la debilidad: en noviembre de 2025 cayó 5.7% anual; la maquinaria y equipo retrocedió 11.6% y la construcción acumuló un crecimiento anual de 0.6% de los cuales la construcción no residencial presenta una caída anual de 7%.

Estos datos anticipan menor capacidad productiva hacia adelante si no se corrige la tendencia. Con crecimiento bajo, la recaudación tributaria enfrenta límites estructurales y el déficit público permanece en niveles elevados. La deuda pública como proporción del PIB ha mostrado una trayectoria ascendente y, lo más preocupante, la deuda crece a una velocidad mayor que la capacidad productiva del país. En 2025, el endeudamiento del sector público ascendió a 1 billón 366 mil millones de pesos, mientras que la inversión física total pública alcanzó apenas 769.9 mil millones. La preocupación es que sin mayor crecimiento económico, el margen para sostener el gasto en infraestructura sin comprometer la estabilidad fiscal se reduce. Por lo que, la participación privada es una condición necesaria para ampliar la inversión total.

Cuando se promulgó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (Ley de APP) vigente, en 2012, el andamiaje estaba pensado para estructurar proyectos de largo plazo con asignación clara de riesgos y disciplina presupuestaria. Sin embargo, su uso se redujo en los últimos años. Ante ello, legisladores de Morena han impulsado algunas iniciativas de ley que buscan rediseñar el marco jurídico conforme a los criterios actuales. Por ejemplo, la propuesta de Ley de Infraestructura para el Bienestar plantea un esquema más alineado con la planeación estatal y el desarrollo regional. En contraste, la iniciativa de Inversiones Mixtas para el Bienestar enfatiza la coinversión con criterios sociales y controles fiscales. Ninguna de estas iniciativas ha sido aún aprobada por el Congreso.

Claudia Sheinbaum llega en 2026 con un plan entre manos que ya ha ido dando a conocer: no se trata solo de una ley, sino de todo un ecosistema diseñado para detonar la inversión, quizá inspirado en el camino que ha recorrido en el sector energético. En su conferencia de prensa matutina, la presidenta anunció la creación del Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que ella misma encabezará y en el que participarán todas las dependencias con proyectos incluidos en el portafolio federal. Este órgano priorizará obras y dará seguimiento puntual a su avance físico y financiero, identificando rezagos y obstáculos para que la inversión pública sea efectiva en generar desarrollo con justicia distributiva. La idea es que en el futuro se conozcan las particularidades de los proyectos en cuanto a su afectación a las comunidades locales o sectores productivos específicos.

En cuanto a los vehículos de inversión, la Secretaría de Hacienda ha destacado las oportunidades que ofrecen mecanismos de financiamiento como las Notas Pre-Capitalizadas (P-Caps), que permiten fondeo sin consolidar deuda en el balance del Estado, y fideicomisos adaptables —como los utilizados en la compra de las plantas de Iberdrola— capaces de generar ingresos propios y rentabilidad. Además, el Gobierno federal busca impulsar un Fondo de Fondos para movilizar capital de riesgo y atraer inversión privada, combinando recursos públicos y privados para fortalecer la capacidad productiva, la industrialización y el desarrollo de cadenas de valor en proyectos estratégicos de energía e infraestructura. Por último, se creará una Base de Datos Nacional que transparente cada proyecto ante ciudadanos e inversionistas, y se actualizará la normatividad para armonizar el marco legal e incorporar formalmente los contratos mixtos.

En la práctica, este tipo de proyectos mixtos se ha empezado a implementar en el sector energético. En diciembre de 2025, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad publicó un modelo contractual para trabajar con el sector privado en proyectos productivos con base en los nuevos lineamientos para Esquemas para el Desarrollo Mixto, previstos en la Ley del Sector Eléctrico de 2025. Bajo esta figura, la CFE puede asociarse con privados para desarrollar centrales de generación, bajo la condición de conservar al menos 54% del capital común en cada proyecto, asegurar mayoría accionaria y control estratégico. La Secretaría de Energía ha señalado que el objetivo es incorporar 7,500 megawatts adicionales antes de 2030, principalmente en tecnologías limpias bajo este esquema.

Los lineamientos de la CFE son relevantes porque delinean la arquitectura técnica que el Gobierno federal busca replicar en el Plan de Inversión para dar certeza a la colaboración público-privada. El modelo incorpora metodologías financieras como flujos de caja descontados, análisis de riesgos, mecanismos de pago y reglas claras de seguimiento y terminación contractual. Los contratos deben definir con precisión aportaciones de capital, distribución de riesgos, solución de controversias y destino de activos, privilegiando la licitación pública como mecanismo de selección. En términos normativos, el esquema se aproxima a estándares internacionales de financiamiento de proyectos y gobernanza de asociaciones público-privadas.

Sin embargo, existen matices importantes que conviene tener presentes en las próximas semanas, cuando se dé a conocer la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para sustituir el marco vigente de las APPs. En principio, los lineamientos de la CFE se rigen en buena medida por derecho público y privado, lo que otorga flexibilidad operativa a la empresa, gracias al régimen especial que aplica tanto CFE como Petróleos Mexicanos como Empresas Públicas del Estado que operan en industrias estratégicas. Esto significa que la certidumbre depende más de la calidad y consistencia de cada contrato específico que de un marco amplio y general aplicable a cualquier inversión. Por ello, no está claro si este modelo de contratos mixtos del sector energético puede trasladarse a otros ámbitos de la inversión. Por ahora, es importante considerar que el esquema de inversiones mixtas del sector energético no puede sustituir de manera integral a la Ley de APP vigente. Asimismo, aunque el gobierno ha subrayado que los proyectos son rentables al garantizar la CFE la compra de energía a largo plazo, la viabilidad financiera dependerá de su fortaleza crediticia —que, a su vez, está ligada a la salud de las finanzas públicas actuales— y de la percepción de riesgo regulatorio.

Por lo anterior, la armonización del marco jurídico para los contratos mixtos requiere de una incorporación inteligente de criterios, que incluyen la disciplina fiscal. Para el caso de la CFE, los compromisos de compra de energía implican obligaciones futuras que deben registrarse y evaluarse con rigor para evitar que se transformen en presiones no previstas sobre el déficit o la deuda pública. Es decir, no basta con que el flujo del proyecto sea atractivo para los bancos; debe ser sostenible para el erario. Si la asignación de riesgos es clara, los pagos están debidamente presupuestados y existe transparencia en la contabilización de compromisos de largo plazo, el esquema puede fortalecer la confianza. Si no, el costo de capital aumentará y la competencia en licitaciones será menor.

El dilema es particularmente sensible en energía al ser el sector con la mayor apuesta del Gobierno federal en este plan de inversión, pero también un sector económico con un régimen especial. En un entorno global donde el capital compara jurisdicciones, el marco regulatorio puede pesar tanto o más que la tasa de retorno. A ello se suma la situación financiera de Pemex, cuya elevada deuda representa un foco de vulnerabilidad fiscal y condiciona la percepción internacional sobre la política energética mexicana y la previsibilidad de la rentabilidad en proyectos mixtos para ambas partes.

De cara a la revisión del T-MEC y a la competencia global por atraer inversión extranjera directa, México requiere un marco jurídico para las inversiones coherente; que combine rectoría estatal con transparencia, disciplina fiscal y reglas previsibles. No se trata de volver al modelo de 2013 ni de cerrar el espacio al capital privado, sino de diseñar esquemas técnicos y consistentes con los compromisos internacionales que generen confianza de largo plazo. La infraestructura puede ser el principal detonador de crecimiento si activa inversión privada bajo incentivos claros y sostenibles; en ese contexto, vale la pena evaluar si mantener un 54% de control estatal en los proyectos mixtos amplía o restringe la participación frente a esquemas más abiertos como los de Costa Rica o Chile.

Igualmente, sería pertinente diseñar para el Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión un marco más robusto que involucre a los sectores público, privado y social para no solo monitorear cómo va la inversión, sino también para establecer canales de comunicación que permitan realizar consultas, resolver obstáculos, intercambiar diagnósticos y propuestas de política pública para alcanzar los objetivos del Plan de Inversión.

El punto central es sencillo: sin crecimiento no habrá finanzas públicas sólidas. Ampliar la base tributaria, reducir el déficit y estabilizar la deuda depende de una expansión sostenida de la economía. Y esa expansión exige certidumbre jurídica, disciplina financiera y un diseño institucional que permita al capital invertir con reglas claras y estables.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.