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Infonavit, en la encrucijada

Infonavit, la más importante financiera hipotecaria del país, que administra 2.4 billones de pesos, está en una encrucijada.
El gobierno quiere reconvertirla en una entidad constructora de vivienda.
Empresarios y sindicatos se oponen. Acusan que estaría en riesgo el dinero de los trabajadores, integrado por sus ahorros más las aportaciones de los patrones.
El gobierno propone un ambicioso Plan de Vivienda. La iniciativa de reforma prevé cambios sustanciales operativos, de representatividad, supervisión y vigilancia, del Infonavit. Dispone la creación de una filial de Infonavit que gestionará la construcción de vivienda.
Empresarios y sindicatos reclaman no haber sido consultados y aunque sí fueron escuchados, sus propuestas no fueron integradas a la iniciativa de reforma que ya aprobó la Cámara de Diputados.
Aseguran que previo a la discusión en el Congreso, pidieron audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum.
No los recibió. Se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la consejera jurídica, Ernestina Godoy, y el director general del Infonavit, Octavio Romero.
Acordaron con ellos puntos irreductibles que serían integrados en el dictamen final de la Cámara de Diputados.
Pero al final, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó las reformas sin incorporar los cambios acordados.
Frente al avance en Diputados y la exclusión de sus propuestas, empresarios y sindicatos alzaron la voz.
La aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit en la Cámara de Diputados y su tránsito a la Cámara de Senadores, provocó la unión de
fuerzas tradicionalmente antagónicas: los empresarios y los sindicatos, en oposición a las modificaciones propuestas por el gobierno porque, desde su punto de vista, ponen en riesgo los ahorros de los trabajadores, vulneran la representatividad paritaria de la institución y evade la transparencia en el manejo de los 2.4 billones de pesos que administra la más importante financiera hipotecaria del país
La Coparmex, encabezada por Juan José Sierra; Concamin, de Alejandro Malagón y Concanaco, de Octavio de la Torre y 15 poderosas organizaciones sindicales, entre ellas el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la CROM, la CROC, la CTM, el Congreso del Trabajo, ASPA y ASSA, se pronuncian en contra de la iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit.
Proponen el fortalecimiento integral del organismo y cuidar los recursos de los derechohabientes.
Específicamente, ponen sobre la mesa seis puntos:
1.- Que la asamblea y el consejo del Infonavit designe a su director; es decir, que no lo designe la Presidenta de México.
2.- Que la CNBV y la SHCP supervisen la totalidad de la operación del Infonavit, no solo la parte crediticia. Y que la ASF se mantenga como un mecanismo estrictamente complementario en la supervisión y control del organismo.
3.- Que la asamblea general sea el máximo órgano de gobernanza.
4.- Que la constructora filial de Infonavit sea parte del instituto
5.- Que las direcciones sectoriales y representatividad estén adscritas al consejo de administración y rendirles cuentas directamente.
6.- Que de acuerdo al tripartismo paritario, la designación del director general se lleve a cabo en la asamblea del Infonavit.
Por su parte, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del partido Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, asegura que con las modificaciones a la Ley del Infonavit el organismo continuará bajo la supervisión de las autoridades financieras y los ahorros de los trabajadores no correrán riesgos.
Dice que la empresa filial será una sociedad mercantil gestora y compradora de los materiales de construcción.
Que utilizará una parte de los recursos que actualmente dispone Infonavit para administración y que buscará reducir el costo de construcción de 600 mil a 400 mil pesos, para dar acceso a la vivienda a los trabajadores de menores ingresos.
El legislador dice que los recursos de los trabajadores están seguros y continuarán siendo invertidos y administrados por Infonavit.
Son las posiciones de uno y otro lado.
Infonavit está en una encrucijada. De las modificaciones legales que se aprueben dependerá el futuro y destino de la institución, pero sobre todo del ahorro de los trabajadores.
Las preocupaciones y propuestas de los empresarios y trabajadores, debieran ser escuchadas e integradas a la iniciativa de ley.
Si el objetivo es construir vivienda accesible, y se van a utilizar los recursos de los propios trabajadores y aportaciones de los empresarios, ambos sectores, deberían no solo ser escuchados, sino integrados en la reconstitución del organismo.
El riesgo de no hacerlo es que se pretenda dar un uso presupuestal gubernamental a recursos que no son del gobierno.
Al tiempo.