Independencia de jure, sumisión de facto en el Banco de la República

Durante las últimas semanas, como es sabido, el Banco de la República enfrenta un asedio particularmente inusual. La semana pasada, luego de la confrontación abierta del Ministro Ávila, la Junta votó unánimemente siete votos contra cero por mantener la tasa de interés de política monetaria en 11.25%. Con todo lo que se ha dicho hasta ahora la pregunta es clara, ¿habrá ganado la institucionalidad del Banco a través de la defensa férrea de Villar-Acosta o fue más una derrota silenciosa de la Junta Directiva?

La justificación de “decidir pausar” para “lograr acuerdos en la actual coyuntura” se sustentó en algunos datos económicos: una inflación total y en una inflación básica en marzo aumentando a 5.6 y 5.8%, respectivamente, en unas expectativas inflacionarias al alza para finales de 2026, en el posible aumento de los precios de los energéticos ante el alargamiento del conflicto en Medio Oriente.

Cuando parecía ser que la decisión sería aumentar la tasa en al menos 25 puntos base la Junta decidió “continuar apoyando la recuperación de la actividad económica” lo que vuelve la pregunta sobre su independencia ya no un tema retórico para volverse un tema empírico.

Aunque aquí un detalle en apariencia menor que puede resultar bastante revelador: el siguiente ajuste de la tasa se evaluará hasta después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio. Esto no es un mero dato administrativo o una prudencia institucional, quiere decir que el banco central ha acomodado su próxima decisión de política al calendario electoral.

O dicho de manera más técnica, el banco central ha incorporado explícitamente el ciclo político en su función de reacción. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno de Gustavo Petro pudo no haber tocado ningún artículo constitucional de 1991, aunque para el banco central colombiano eso significa una pérdida de independencia.

Podemos empezar por decir algunas cosas teóricas sabidas al menos desde los aportes. La teoría monetaria elemental wickselliana afirma que en el largo plazo la política monetaria no crea empleo ni productividad estructural de manera permanente, sólo determina el nivel de precios. Lo que sí puede hacer en el corto plazo es crear una ilusión monetaria transitoria de bonanza que después “se pagará” con una inflación persistente, algo que Colombia aprendió antes de la Constitución de 1991.

Dado que en algunas ocasiones la memoria económica es corta pero tenemos a nuestra disposición los hechos históricos, conviene recordar que antes de 1991 la política monetaria colombiana era presidida por el Ministro de Hacienda. El resultado: inflación crónica en doble dígito durante décadas, entre 22 y 27% durante algunos años anteriores y al cierre de ese 1991.

Al otorgarle la independencia al Banco de la República en la Constitución de 1991 para “preservar la capacidad adquisitiva de la moneda” el descenso en la inflación fue notorio: cercano a 9% en 1999 y por debajo del 5% durante casi toda la década de los 2000.

El mensaje es claro: la independencia de jure –la constitucional– puede permanecer relativamente “intacta” mientras la independencia de facto –la que se observa en el comportamiento efectivo del Banco bajo presión política– se erosiona en silencio hasta volverse sumisión. Esa es exactamente la transición que estamos viendo.

El gobierno que hoy asedia al Banco no reconoce los beneficios de una inflación moderada que existe con la independencia que ataca. El daño es real y no se medirá con la decisión del 30 de abril. Se mide en la duda razonable de todas las decisiones que vendrán. La lección para el Banco de la República como para otros bancos centrales es que no es necesario reformar la Constitución, basta con el asedio para cambiar sus reglas del juego.

*Profesor de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía, UNAM.