Hospitales digitales: interoperabilidad y tabuladores financieros

Invertir gasto de capital (CapEx) en licencias de software y servidores aislados no transforma a un hospital en una entidad digital; solamente encarece la burocracia analógica. La transición hacia la digitalización en el Sistema Nacional de Salud (SNS) exige un análisis profundo por parte de los hacedores de políticas públicas y directivos hospitalarios: la tecnología carece de valor intrínseco si no se integra directamente como el nodo de un ecosistema diseñado estructuralmente para la interoperabilidad. Hoy, el riesgo sistémico más grave que enfrenta la modernización sanitaria no es necesariamente la falta de presupuesto tecnológico, sino la fragmentación de la información que este presupuesto genera.

El verdadero activo de la digitalización es la liquidez y disponibilidad del dato clínico. Un hospital de tercer nivel que opera con un expediente clínico electrónico cerrado, incapaz de comunicarse bidireccionalmente con la unidad médica de primer contacto, opera bajo una lógica de silo que destruye valor. La transición ordenada del hospital analógico a uno digital exige cimentar la política pública sobre un estándar de interoperabilidad semántica y sintáctica de carácter obligatorio. Este flujo irrestricto y seguro de información es el único mecanismo viable para mitigar la duplicidad de estudios, reducir el gasto de bolsillo del paciente y, fundamentalmente, habilitar el intercambio de servicios interinstitucionales.

Sin embargo, la interoperabilidad tecnológica es fundamentalmente inoperante sin su contraparte financiera: la interoperabilidad transaccional. Para que el intercambio de servicios entre los tres niveles de atención, y crucialmente entre los sectores público y privado, abandone la retórica política y se convierta en una realidad operativa, el Estado requiere estructurar mecanismos de compensación rigurosos. No basta con que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueda leer la tomografía generada en un hospital privado o en una clínica del IMSS-Bienestar; es indispensable definir cómo, cuándo y a qué precio se liquida esa contraprestación.

Es aquí donde la política pública debe anclarse en la realidad contable mediante la definición de tabuladores de intercambio basados en el valor justo de mercado. Estos instrumentos financieros no pueden fijarse mediante negociaciones coyunturales o estimaciones históricas estáticas; deben estar matemáticamente indexados a los Programas Nacionales (PRONAMs). Los PRONAMs son la columna vertebral que dicta la priorización epidemiológica del país y, por ende, deben dictar la asignación de recursos.

En este punto emerge una alerta que no podemos ignorar. La tasa de desarrollo, actualización y la integración del costeo en estos PRONAMs avanza a una velocidad administrativa que amenaza la viabilidad de la integración sistémica. Si los Programas Nacionales no definen con agilidad y precisión las carteras de servicios, las guías de práctica clínica estandarizadas y los costos directos e indirectos asociados a cada patología mediante tabuladores, cualquier esfuerzo de intercambio de servicios colapsará por insolvencia y asimetría de información entre las partes. Un tabulador desactualizado genera incentivos perversos: obliga al prestador del servicio a absorber pérdidas o incentiva el rechazo de pacientes derivados.

A pesar de este diagnóstico, es necesario reconocer que existe una tracción inédita y positiva en el trabajo colaborativo reciente. Las mesas de diálogo entre el Poder Legislativo, las autoridades del Ejecutivo (particularmente la Secretaría de Salud) y la industria tecnológica y de insumos médicos demuestran una madurez institucional que no vimos en la administración anterior. Se ha comenzado a entender que la digitalización y el intercambio de servicios no son concesiones políticas, sino herramientas de eficiencia económica. El sector industrial ha mostrado disposición para aportar su know-how en arquitecturas de datos, mientras que los legisladores comprenden la necesidad de dotar de certidumbre jurídica a estas transacciones.

No obstante, esta búsqueda de un modelo colaborativo debe trascender la declaratoria de intenciones para aterrizar en la arquitectura legal, fiscal y regulatoria. El capital privado y corporativo exige reglas claras para desplegar inversiones en infraestructura interoperable; requieren la certeza de que el Estado actuará como un eficiente pagador de los servicios intercambiados. Esto aplica también para el intercambio entre instituciones prestadoras de servicios de salud.

La hoja de ruta para los tomadores de decisión es obligatoria y debe ejecutarse a cabalidad:

Primero, la Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo de Salubridad General, debe instrumentar una fuerza de tarea técnica enfocada exclusivamente en acelerar la publicación y el costeo basado en actividades (Time-Driven Activity-Based Costing) de los PRONAMs pendientes, que no son pocos.

Segundo, el Congreso debe legislar para elevar a rango de Ley la obligatoriedad de los estándares de interoperabilidad de datos en toda compra pública de Tecnologías de la Información, cerrando el paso a sistemas propietarios cerrados.

Tercero, y como elemento vinculante, la Secretaría de Hacienda debe validar y publicar los tabuladores interinstitucionales derivados de los PRONAMs, garantizando que los mecanismos de compensación definida en el acuerdo de abril de este año se cumplan mediante contratos o acuerdos inteligentes y auditoría digital.

El hospital del futuro en México no se definirá por la presencia de pantallas en sus pasillos, sino por su capacidad de establecer algoritmos para facturar, transferir y compensar un caso clínico con cualquier otra institución en tiempo real, con trazabilidad absoluta y bajo un tabulador transparente. O sistematizamos la interoperabilidad clínica y financiera, o el Sistema Nacional de Salud se enfrentará a una costosa “obsolescencia interconectada”.

Hoy cierro con una reflexión: "La digitalización del Sistema Nacional de Salud va mucho más allá de la implementación de herramientas tecnológicas, requiere que estás estén diseñadas en función de la sistematización de los servicios.”

*El autor cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, fue socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad. Y actualmente se dedica a la gestión de asuntos corporativos en materia de salud para la industria farmacéutica y la de dispositivos médicos.