¿Por qué la mayoría de los mexicanos no tienen un trabajo digno?

Al tercer trimestre de 2026, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 60.7 millones de personas ocupadas en México. Aunque el dato podría sugerir que el empleo vive uno de sus mejores momentos, la realidad es que el trabajo digno no avanza al mismo ritmo.

Las cifras demuestran que el mercado laboral ha priorizado la cantidad de plazas sobre la calidad del empleo, pues considerando que por lo menos el 55.0% del total de la población ocupada se encuentra en la informalidad, se entiende que la mayoría de las personas trabajadoras en el país carece de un empleo digno o decente.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un trabajo digno o decente debe contener, sin excepción, derechos laborales garantizados, tales como una contratación estable, condiciones seguras, una jornada de trabajo apegada a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), vacaciones, descansos, licencias y prestaciones; condiciones que difícilmente se ven en la informalidad.

Además, debe ser un empleo productivo con ingreso justo y remunerador, así como garantizar protección y acceso a la seguridad social, a lo cual se suma el diálogo social y representación colectiva y sindical. Si falta uno solo de estos componentes, la ocupación deja de considerarse trabajo digno.

Según el Termómetro salarial 2026 del Observatorio de Trabajo Digno (OTD) de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, del total de personas empleadas, 86% carece de representación sindical para la negociación colectiva.

Trabajadores mexicanos, sin acceso a trabajo digno

“En la práctica mexicana aún existen bastantes restricciones a la negociación colectiva y a la libertad sindical en diversos sectores”, comparte Marianela Fernández, coordinadora de estrategia de justicia laboral en Oxfam México.

Fernández aclara que la existencia formal de una plaza no garantiza la cobertura integral de derechos. “Puede ser que las personas estén contratadas en un empleo que pareciera tener todo bajo control, pero que no cubra algunos de los pilares, como el salario digno”.

En esa línea, del total de puestos de trabajo formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo 48% perciben un salario digno o superior; el resto carece de un ingreso suficiente para cubrir la canasta digna familiar, ubicándose en salarios de sobrevivencia o pobreza, según el OTD.

En esa línea, Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explica que el ingreso digno implica “ganar un salario suficiente que permita cubrir todas aquellas necesidades básicas de la persona trabajadora, pero también de su familia”.

De las 60.7 millones de personas ocupadas, el 60% no cuenta con acceso a instituciones de salud ni protección social, según los datos de la ENOE. En consecuencia, sólo el 40% de los trabajadores ocupados en México cuenta con un empleo formal que podría aproximarse al cumplimiento de los cuatro pilares que configuran un trabajo digno.

Trabajo digno, deuda pendiente en México

En el contexto de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se conmemora cada 7 de octubre para concientizar sobre la necesidad de hacer del empleo digno una prioridad en las políticas gubernamentales y empresariales, las cifras oficiales demuestran que el mercado laboral en México mantiene distorsiones que perpetúan la pobreza laboral.

A decir de Paulina Gutiérrez, “las mayores violaciones al trabajo digno están en la exclusión y la precariedad”, y aunque el Gobierno presuma un aumento en la tasa de empleabilidad, aún existe una deuda pendiente en las condiciones laborales necesarias para hablar de trabajo digno en México.

Las especialistas reiteran que, para conseguir un trabajo digno en México, se requieren políticas públicas enfocadas en la formalización integral, el fortalecimiento del poder adquisitivo salarial y la construcción de un sistema de protección social universal que desvincule el acceso a la salud del estatus laboral.

Además, Marianela Fernández plantea como pendiente ampliar la visión del trabajo y democratizar el espacio laboral, permitiendo que sectores como las cooperativas, la economía social y solidaria, el trabajo del hogar, las plataformas digitales y la economía popular puedan organizarse, ser reconocidos y exigir colectivamente sus derechos.

Y es que, aunque constitucionalmente existe la posibilidad de conformar sindicatos y se cuenta con una reforma para permitir la libertad sindical, Paulina Gutiérrez advierte que hasta ahora no se ha observado un esfuerzo o fomento real por parte del Estado para garantizar este derecho de manera efectiva, por ejemplo, mediante información adecuada para las personas trabajadoras.