¿Menos efectivo, menor ilegalidad?

Hay un exceso de efectivo circulando en la economía mexicana. El saldo de los billetes y monedas en circulación, que prácticamente equivale a la llamada base monetaria que calcula el Banco de México y que refleja la demanda de dinero de la población, es de 3.5 billones de pesos (14 de septiembre de 2026). Su crecimiento anual es de 6.82% nominal (casi 3% en términos reales). Considerando que la población mayor a 15 años es de 102 millones, ello implica un saldo per cápita de 34,650 pesos. Sí, ¡cada adulto tendría 35 mil pesos en efectivo en la cartera! Este dato se ha utilizado para ejemplificar el enorme tamaño del dinero ilegal que circula como consecuencia, principalmente, de lavado y corrupción.

La lógica para combatir actividades ilegales parece sencilla: si las operaciones clandestinas necesitan efectivo para evitar dejar huellas, limitarlo debería dificultar el lavado de dinero, la evasión fiscal, la corrupción y otros mercados ilícitos. Pero la realidad es bastante más compleja de lo que pretende la reciente iniciativa de la SHCP para prohibir el uso de efectivo en ciertos sectores estratégicos, que aún no han sido definidos, pero que se cree involucran al huachicol. Además, la legislación vigente ya establece restricciones al uso de efectivo en operaciones de alto valor (bienes raíces, vehículos, joyas).

Si bien limitar pagos en efectivo lleva a una mayor trazabilidad de las transacciones, ya que facilita la detección de operaciones inusuales, existe una diferencia importante entre dificultar una actividad ilegal y eliminarla. El problema aparece cuando se supone que reducir los billetes equivale a reducir el delito. No es así.

El dinero ilícito no desaparece porque disminuya el efectivo. Los grupos criminales pueden recurrir a transferencias entre cuentas, empresas fachada, intermediarios, criptomonedas, facturación falsa en actividades de comercio internacional o mecanismos informales de compensación. El problema, por tanto, no es solamente utilizar el efectivo, sino la capacidad de las autoridades para seguir el dinero. Si solamente se reduce el uso de billetes mientras las redes financieras clandestinas permanecen intactas, se habrá modificado el instrumento de pago, pero no necesariamente el delito.

Por ello, es equivocado pensar que limitar el uso de efectivo resultaría en menor corrupción, lavado y evasión de impuestos. La corrupción no existe porque haya billetes; existe porque alguien ofrece un soborno que otra persona acepta y ambas partes se mantienen en la impunidad. El lavado de dinero no depende exclusivamente del efectivo; depende de otros medios que posibilitan la introducción de recursos ilícitos en la economía formal. Pagos en efectivo son una forma de evadir la contribución impositiva (el clásico “si paga en efectivo es sin IVA”).

En suma, el éxito de una estrategia de reducción del uso de efectivo debería medirse, no por cuánto efectivo deja de circular en la economía, sino por cuánto dinero de origen ilegal logra ser identificado, congelado, decomisado y vinculado con sus beneficiarios finales. La presencia de instituciones débiles es un obstáculo para la detección y acciones anteriores. Por ello, combatir la ilegalidad requiere la combinación de reducir el uso del dinero en efectivo junto con una mayor solidez de las instituciones involucradas.