A dos años de iniciada la reforma judicial

En septiembre de 2024 se aprobó en el Congreso de la Unión la reforma judicial que modificó al sistema de impartición de justicia en México. No hubo foros para su discusión y análisis. Se advirtió que dicha reforma era apresurada.

En junio de 2025 se realizaron las elecciones para elegir a jueces, magistrados y ministros. Solo votó el 13 % del padrón electoral, muy lejos del porcentaje de personas que deseaban esa reforma según se argumentó al momento de llevarla a cabo. Lo más vergonzoso fue la utilización de los denominados “acordeones”, listas donde cada facción política del gobierno distribuyó el nombre de sus candidatos.

Ocho meses después de esa reforma, el Congreso volvió a reformar la reforma, para posponer a 2028 la elección de los demás impartidores de justicia faltantes.

Si bien es cierto, que dos años es poco tiempo para una evaluación completa en su aplicación, sí podemos percibir aspectos negativos que se ven cada día.

Por mucho tiempo en nuestro país, al momento de referirse a la impartición de justicia se dijo que para mejorarla, era necesario reformar a las instituciones de procuración de justicia, se hicieron intentos, las modificaciones al respecto sólo cambiaron de nombre a la institución, pasaron de ser procuradurías a fiscalías, se estableció que serían autónomas, las diferencias políticas en el país han impedido que la autonomía sea real, sólo es de nombre; ha habido casos donde el gobernador de un estado, apoyándose en su grupo parlamentario destituye a un fiscal y nombra a uno que se someta a sus propósitos, lo mismo ha ocurrido en la fiscalía general.

Para el caso de procurar justicia e investigar delitos, las fiscalías deben realmente reformarse para que los expedientes lleguen debidamente integrados al juzgado: investigar debidamente, recabar pruebas, proteger a la víctima, realizar peritajes científicamente.

La gravedad de este asunto, se comprende cuando revisamos el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 (INEGI octubre 2025): en 2024, se iniciaron 1,908,616 carpetas de investigación, de ellas, 78,253, es decir el 4.1 % correspondieron a la FGR; 1,830,363 carpetas, el 95.9% correspondió a las fiscalías estatales.

Atender lo que dicen estos datos es el inicio del trabajo por la verdadera justicia que los ciudadanos esperan.

La Revista Mexicana de Ciencias Penales, del INACIPE, señala que en 2024, la FGR contaba con 3,529 agentes del ministerio público, cada uno inició, aproximadamente, 22.1 carpetas al año, ó 1.8 carpetas mensuales.

En el mismo lapso, las fiscalías estatales contaban con 12,810 agentes del ministerio público, cada ministerio público atendió 142.8 asuntos al año, lo que da un promedio de 11.9 carpetas por mes.

Este es el panorama antes de llegar a los juzgados. Aquí es donde debe darse una reforma en serio y de fondo, de lo contrario la impartición de justicia continuará con las deficiencias que aquejan al ciudadano cada día.

Sin tomar en cuenta este antecedente, se implementó la reforma judicial que aún no arroja lo prometido por sus impulsores.

Los defensores de la reforma judicial alegan que los jueces, magistrados y ministros tienen legitimidad electoral; hay mayor transparencia; se pretende acercar a la justicia a toda la población. La verdad es: la elección de los impartidores de justicia politiza a los jueces, debilita la carrera judicial, hubo salida masiva de especialistas, existen riesgos para la independencia. Se modificó quiénes ocupan los cargos pero, aún no se logra demostrar que la impartición de justicia a la población es efectiva. Continuaron los vicios: se compraron lujosas camionetas para uso de los ministros, mismas que se devolvieron al verse descubiertos, el hecho generó indignación en los ciudadanos. Los ministros destacan por sus diferencias políticas no por sus aportes jurídicos.

La reforma es tan intrascendente para prevenir y castigar los delitos que día con día nos afligen; un ejemplo, los actos de terrorismo en Zacatecas, haciendo estallar un carro bomba y no pasará nada… los gobernantes y encargados de perseguir a los delincuentes sólo harán declaraciones inocuas.

Mientras no haya voluntad política, las reformas para una auténtica impartición de justicia continuará ausente, aún cuando ese derecho este plasmado en la ley.