Del discurso a la realidad: un abismo

“Del dicho al trecho hay un buen trecho”, dice la voz popular. Del discurso oficial a la realidad, como sabemos, el contraste suele ser enorme. A base de repetición y, a menudo, falacias, la voz oficial vacía de sentido palabras como “democracia”, “solidaridad” o “bienestar”, sometidas a la lógica política del momento. Así, en estos tiempos, el “bienestar” tiene que ver con lo que da el gobierno (becas y tarjetas de pensiones) o con servicios que ofrece como “el gas del bienestar”. La palabra omnipresente se convierte en etiqueta de un régimen, distante de lo que personas y comunidades pueden buscar y crear por y para sí. Lo mismo sucede ahora con “democratización” “movilidad”, “sostenibilidad”, “participación ciudadana”, usados con desparpajo en el Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México y en el discurso gubernamental. “Prometer no empobrece”, decían los políticos en campaña”;  confunde y engaña cuando las promesas son vacuas y las acciones gubernamentales las contradicen o anulan.

Un ejemplo reciente de estas contradicciones, por parte en este caso de actores de un mismo régimen, es la declaración del presidente de la SCJN acerca de la ley que regula los alquileres. Al presentar su propuesta de sentencia, el Ministro afirmó que el tope legal al aumento de las rentas busca evitar la gentrificación y la especulación. El aplauso fue inmediato. Desde luego que no se deben permitir aumentos abusivos del alquiler que ya han provocado la expulsión de habitantes en múltiples colonias, no sólo en la Condesa –donde se han dado manifestaciones contra la gentrificación. Sin embargo, resulta contradictorio que, justo ahora, el gobierno de la CDMX esté “consultando” un proyecto de ley de desarrollo a 20 años (PGD) que detonará la especulación inmobiliaria (para complejos habitacionales de lujo) y, por ende aumentará el predial de la zona, expulsará a quienes no puedan pagarlo y favorecerá aumentos de renta ilegales o la conversión de  viviendas en alquiler en espacios turísticos de corta estancia.  Se trata ciertamente de dos poderes distintos pero, en la retórica aluden ambos a gobernar de “para el pueblo”. Si la SCJN es la máxima autoridad en el ámbito jurídico, el gobierno de la capital debería rectificar o retirar el PGD.

Además de que muchos/as capitalinos/as ignoran de qué trata el PGD, su lenguaje difumina los problemas que su aprobación detonaría.  Promete una ciudad  “sostenible” y con “movilidad”, sin explicar cómo evitarán que la redensificación en “centralidades” con supuestos servicios “suficientes”  provoque más caos vial en zonas ya conflictivas, más escasez de agua, fallas de electricidad o internet deplorable. Tampoco establece cómo garantizará la construcción de vivienda social, ni explica, como señala Josefina Mac Gregor (Animal político, 19 febrero), qué se ha hecho con la reserva territorial destinada a éste fin (previas expropiaciones), ni explicita que el Atlas de Riesgos sea vinculante para la “planeación”, obligación básica en una ciudad con zonas de alto riesgo sísmico.

Tan preocupante como estas contradicciones es la creación, en el PGD, de instancias de planeación y decisión paralelas a las alcaldías, las Casas de Gobierno, dependientes del gobierno central, facultadas para organizar consultas a “asambleas comunitarias” vinculantes en la toma de decisiones sobre usos de suelo, por ejemplo. ¿Por qué se eliminan las Comisiones de Participación Ciudadana (COPACOS) actuales y se busca centralizar –y acaso manipular– la “participación” comunitaria?, ¿quién elegirá a los responsables?, ¿qué facultades tendrán las alcaldías? ¿Quién rendirá cuentas de qué? Hoy las alcaldías no rinden cuentas de sus obras a medias o inútiles. ¿Qué podremos esperar de Casas de Gobierno probablemente supeditadas al gobierno capitalino y su partido? Además, ¿con qué presupuesto se implementaría el PGD y operarían éstas? ¿Cómo se armonizarán la actual “planeación” y las supuestas consultas futuras?

El abismo entre el “utópico” discurso  y la implementación del pesadillesco PGD nos puede costar la participación ciudadana, la democracia y la sostenibilidad capitalinas.