Desarrollo sostenible tecnológico de México

La afirmación de que un país como México necesita exactamente tres operadores móviles, o que existe un “número perfecto” de competidores en un mercado nacional, es una generalización que no se ajusta a la complejidad del entorno de telecomunicaciones. Esta idea parte de un supuesto erróneo: que todos los operadores compiten por el mismo segmento de clientes y ofrecen propuestas de valor idénticas. 

La realidad en México, como en muchos otros países latinoamericanos, es diversa. Existen operadores que se enfocan en nichos específicos, como usuarios de bajo poder adquisitivo o zonas rurales, mientras otros concentran sus esfuerzos en clientes corporativos o de alto consumo. Limitar artificialmente el número de competidores con base en modelos de otros países ignora estas particularidades y puede restringir la inclusión digital.

No es lo mismo hablar del perfil de consumo de un usuario de AT&T que uno de Movistar, como se puede inferir en la diferencia de ingreso promedio para servicio móvil que se observa en estas dos empresas. Tampoco tiene el mismo alcance la mercadotecnia y publicidad de Telcel que la que pueda mostrar un operador móvil virtual como Oxxo Cel. Factores como la financiación, estructura tecnológica, acceso a espectro radioeléctrico y puntos de venta son determinantes al momento de definir cual es la competencia real que existe entre los distintos proveedores móviles en una misma localidad.

Un ejemplo ilustrativo es el de Estados Unidos, donde, a pesar de la existencia de tres grandes operadores nacionales con red propia (AT&T, T-Mobile y Verizon), también operan decenas de compañías regionales que prestan servicios en zonas rurales y ofrecen roaming a los operadores mayores. Estas empresas poseen su propia infraestructura y espectro, y no pueden ser clasificadas como operadores virtuales. Esta pluralidad de modelos permite atender mejor la diversidad de necesidades del mercado. En el caso de México, la misma lógica sugiere que deben fomentarse estructuras flexibles que permitan la coexistencia de múltiples operadores con enfoques complementarios, en lugar de imponer límites arbitrarios al número de competidores.

Lo que sí es cierto es que es sumamente difícil, por no decir imposible, que llegue a mercado una nueva empresa dispuesta a construir desde cero un operador de servicios móviles. Cualquier cambio en la dinámica del mercado se dará a corto plazo por medio de fusiones y adquisiciones. También es cierto que los cambios en inversión forzados por la evolución tecnológica de las redes móviles forzarán a todos los actores del mercado a tarde o temprano mirar positivamente la compartición activa de infraestructura y la proliferación de redes neutras. El incremento exponencial que implica construir redes 5G que cumplan con los parámetros de servicio prometidos y el ya no tan lejano advenimiento de las primeras redes de 6G forzaran amistades que antes parecían imposibles.

Precisamente, si en el contexto de la conectividad latinoamericana revisamos el avance de la tecnología 5G vemos que la misma aun marca una meta aspiracional. Países como Brasil, Chile y Uruguay han demostrado una rápida adopción de esta tecnología. A finales de 2024, Brasil contaba con más de 40 millones de líneas 5G, lo que representaba una penetración del 20%. Chile superaba el 26%, mientras que Uruguay alcanzaba el 28%. Estos logros se explican, en parte, por el mayor poder adquisitivo de sus ciudadanos, así como por políticas públicas orientadas a facilitar el despliegue de redes de nueva generación.

México, en cambio, enfrenta limitaciones estructurales que dificultan una adopción tan acelerada, siendo una de las principales el alto costo de los dispositivos compatibles con 5G, cuyo precio inicial puede oscilar entre 300 y 1000 dólares. Aparte de la no asignación de espectro para impulsar esta tecnología, la realidad es que solo uno de los tres operadores con infraestructura propia está siendo constante en continuar expandiendo el porcentaje de la población que tiene acceso a esta tecnología. Obviamente, el de menores ingresos expande su red de forma más pausada midiendo cada centavo que invierte en el país y preavisando a las autoridades que no esta dispuesto a pagar cualquier suma de dinero por un bloque de espectro radioeléctrico.

Aunque la publicación del proyecto de ley para el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión a apretado el botón de pausa en muchas de estas discusiones, la realidad dicta que el gobierno tendrá problemas impulsando un rápido despliegue de varias redes 5G en el país a corto plazo.

De todas formas, la inclusión digital en México está íntimamente ligada al acceso asequible a los dispositivos y a una infraestructura que cubra tanto áreas urbanas como rurales. Aunque el precio de los equipos es una de las principales barreras, no es la única. Es igualmente necesario contar con estrategias integrales que consideren el acceso a servicios de calidad, la educación digital y la creación de contenidos relevantes para las comunidades. Reducir la brecha digital no se logra únicamente con desplegar antenas; es necesario acompañar la conectividad con iniciativas de desarrollo social, educativo y económico.

La transformación digital se convierte, en este sentido, en un instrumento clave para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, eficiente y equitativa. Desde una perspectiva de política pública, la transformación digital puede reducir la burocracia, aumentar la transparencia administrativa, mejorar la eficiencia del gasto público y reducir los costos de transacción. Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Parlamento Europeo coinciden en que la digitalización impacta tanto la estructura económica como la social, al facilitar la inclusión, la innovación abierta y la sostenibilidad.

El concepto de transformación digital, aunque amplio y de definición variable, puede entenderse como un proceso orientado a mejorar entidades públicas y privadas mediante la incorporación de tecnologías de información, comunicación y conectividad. Esto implica no solo el uso de computadoras o redes, sino la ejecución efectiva de actividades en el ciberespacio, lo cual transforma significativamente la forma en que operan las instituciones, las empresas y los ciudadanos. En el caso del sector privado, la transformación digital permite automatizar procesos, reducir costos y ofrecer servicios más ágiles y personalizados. En el ámbito público, por otro lado, habilita el desarrollo de territorios inteligentes, sistemas de salud conectados, plataformas educativas en línea y mecanismos de gobierno electrónico.

La relación entre la transformación digital y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es directa y estratégica. La digitalización de los servicios contribuye de manera concreta a metas como la erradicación de la pobreza (ODS 1), la educación de calidad (ODS 4), la igualdad de género (ODS 5), el trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), la reducción de desigualdades (ODS 10), y la construcción de instituciones sólidas (ODS 16). De hecho, la UIT reconoce a la transformación digital como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y avanzar en la consecución de los ODS, bajo un enfoque de arriba hacia abajo, complementario al enfoque de abajo hacia arriba que representa el reconocimiento del Internet como un derecho humano.

En México, este vínculo entre transformación digital y desarrollo sostenible debe fortalecerse mediante políticas públicas que integren ambos conceptos en su diseño y ejecución. Para ello, es fundamental entender que no existe una solución única ni universal para cerrar la brecha digital. Cada región del país presenta necesidades distintas, y la elección de la tecnología adecuada—ya sea 4G, 5G, satelital, fibra óptica o redes comunitarias—debe basarse en estudios técnicos y sociales que permitan ofrecer la solución más costo-eficiente. Igualmente, importante es la capacitación digital de la población, la reducción de la pobreza y la creación de modelos de financiamiento que permitan a los sectores más vulnerables acceder a dispositivos y servicios.

En última instancia, la cobertura de red sin inclusión financiera ni educación digital tiene un impacto limitado. Por eso, cualquier estrategia de transformación digital debe estar acompañada de un enfoque social que garantice que nadie se quede atrás. México, con su diversidad geográfica, cultural y socioeconómica, tiene el desafío y la oportunidad de construir un modelo de desarrollo digital que no solo aumente la conectividad, sino que también transforme la manera en que los ciudadanos acceden a sus derechos, participan en la economía y contribuyen al progreso del país.

En conclusión, pensar en la transformación digital como una meta aislada sería un error. Su verdadero valor está en su capacidad para servir como motor del desarrollo humano y catalizador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que esto sea una realidad en México, se requiere una alianza entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil, con una visión común: la de un país más justo, conectado y resiliente. La conectividad, por sí sola, no cambia vidas, pero acompañada de educación, equidad y oportunidades, sí puede ser la llave hacia un futuro más sostenible e inclusivo.