La cruda de la fiesta democrática

El domingo fue la nueva “fiesta de la democracia mexicana”. Después de una magnífica participación del 12.9% y un costo por voto elevadísimo, esta es nuestra nueva realidad. Ahora que ocurrió lo que muchos pensaban imposible, ¿dónde estamos parados? ¿Qué sigue en términos económicos?

La desafortunada realidad es que apenas vamos a empezar a ver las consecuencias. La inversión y la economía en su conjunto, ya mostraban signos de desaceleración desde el año pasado, principalmente por la incertidumbre creada por el “Plan C”, sumada a factores externos incluyendo a Trump. Esa incertidumbre se acabó: el peor de los escenarios se materializó. El partido hegemónico ahora tiene control absoluto sobre los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y podrá hacer su voluntad en cualquier asunto, ya no quedan salvaguardas.

Antes un inversionista podía pensar que existía acceso a la justicia o alguna instancia de mediación ante un conflicto —como se da todos los días en los negocios— entre particulares o de un particular con el Estado. Esa garantía, que en última instancia podía ser la Suprema Corte, ha desaparecido. A partir del 1 de septiembre, tendremos una nueva Corte donde los nueve ministros son parte o afines al partido hegemónico. Quizá algunos son afines a ciertas corrientes dentro del movimiento y otros a otras, quizá algunos son más radicales que otros, pero lo que es un hecho, es que no se puede esperar que el tribunal supremo, ni los nuevos jueces, fallen en contra del Ejecutivo en ningún caso. Es un hecho consumado que para cualquier conflicto con el Estado mexicano no hay protecciones.

¿Por qué es esto grave? En el momento de decidir cualquier inversión y llevarla a un comité de inversiones o consejo de administración, ya sea en México o en el mundo, se valoran posibles beneficios y riesgos. Hoy, los riesgos en México son mucho mayores. Cualquier disputa con el gobierno —impuestos, concesiones, permisos y un larguísimo etcétera— será resuelta a su favor, sin importar los méritos del caso. Esto no hace imposible invertir, pero sí exige tasas de retorno superiores para compensar el mayor riesgo. Como resultado, muchos proyectos que estaban en la línea dejarán de ser viables. Esto se traducirá en menor inversión, menor crecimiento, menos empleo y más problemas fiscales. A esto habrá que sumar los costos asociados a todos los contratos con el gobierno o empresas públicas, ya que las empresas internacionales exigirán incluir en los contratos cláusulas de mediación con arbitrajes internacionales.

Ese será, por lo menos en el corto y mediano plazo, el precio de este “experimento” de democracia directa que impulsó el expresidente y culminó esta administración. Y así será hasta que se demuestre lo contrario de forma sostenida, algo que tomará por lo menos dos o tres años. Pero, con los antecedentes de los nuevos ministros de la Corte, eso se antoja más que complejo.

Pero este no es el único problema económico derivado de este hecho consumado. No podemos olvidar que estamos a la mitad de la renegociación y revisión del T-MEC. ¿Con qué cara vamos a poder exigir, cuando en términos prácticos y a ojos de nuestros socios comerciales ya no somos un país con Estado de Derecho?

Éstas y muchas otras preguntas tendrá que responder esta administración. Ésta es nuestra nueva realidad; ya no hay vuelta de hoja. Pero tampoco hay que hacerse ilusiones y pensar que no tiene costos. La “fiesta democrática” estuvo buena, ahora hay que ver cómo nos va con la cruda.