Contenido nacional: brújula para la competitividad, sostenibilidad e integración sanitaria

La política industrial moderna, aquella que trasciende los discursos para aterrizar en el desarrollo económico tangible, se construye sobre la base de reglas claras y mecanismos de fomento bien definidos. En este contexto, la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación, acreditación y verificación del Contenido Nacional representa un paso firme hacia la madurez regulatoria. Lejos de ser un mero trámite administrativo, este instrumento dota de certeza jurídica a un concepto que es fundamental para la sustentabilidad sanitaria y el fortalecimiento del mercado interno.

Para los sectores estratégicos de fabricación de medicamentos y dispositivos médicos, la actualización de estas reglas llega en una coyuntura ineludible. Nos encontramos ante una alineación de factores —el fenómeno del nearshoring, la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y una administración federal enfocada en la autosuficiencia— que requiere, precisamente, de esta claridad técnica para transformar el potencial de inversión en realidad operativa.

Uno de los avances más significativos de este nuevo acuerdo es la transición de criterios generales a metodologías específicas. Durante años, la determinación del Contenido Nacional (CN) operó bajo márgenes interpretativos que dificultaban tanto el cumplimiento por parte de las empresas como la fiscalización por parte de la autoridad. Hoy, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pone sobre la mesa una hoja de ruta técnica que permite calcular, con precisión matemática, el valor que cada eslabón de la cadena aporta al producto final.

Esta definición es vital para erradicar la incertidumbre. Al establecer reglas claras sobre cómo se acreditan los insumos, la mano de obra y los procesos tecnológicos realizados en territorio nacional, se incentiva a las empresas a revisar y profundizar su integración local. Ya no se trata solo de cumplir un requisito bajo protesta de decir verdad, sino de entender la proveeduría nacional como una ventaja competitiva estructural.

La relevancia de este Acuerdo se magnifica al analizar su alineación con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Ambas normativas actúan como engranes de un mismo motor de desarrollo.

El Artículo 28 de la LAASSP establece la prioridad de los bienes nacionales en las licitaciones públicas, reservando ciertos procesos de compra exclusivamente a empresas que cumplan con el grado de contenido nacional requerido (generalmente un 65%). Sin embargo, sin las reglas de cálculo recién publicadas, este artículo carecía de la fuerza operativa necesaria. Ahora, el mecanismo del Artículo 14 de la misma Ley, que otorga márgenes de preferencia a la industria nacional, cobra plena vigencia y aplicabilidad.

Esto envía una señal clara a los inversionistas: el Estado mexicano está decidido a utilizar su poder de compra —materializado en las adquisiciones consolidadas del sector salud— como una palanca para reconocer a quienes generan valor, empleo y transferencia tecnológica en el país. Se nivela el terreno de juego, permitiendo que la industria establecida en México compita en condiciones de competitividad comercial. Esto no inhibe el acceso a procesos licitatorios a quien por economía de escala importa producto terminado, abre el mercado a un entorno más competitivo.

Para la industria de Dispositivos Médicos, sector en el que México ya es un líder exportador global, este marco normativo abre una ventana de oportunidad para mirar hacia adentro. Muchas empresas que operan bajo esquemas de manufactura de exportación tienen ahora un incentivo claro para integrar a proveedores locales de segundo y tercer nivel —fabricantes de resinas, componentes electrónicos, empaques especializados y servicios de ingeniería—.

Al cumplir con las nuevas reglas de acreditación, estas empresas no solo diversifican su mercado accediendo a las compras gubernamentales, sino que robustecen el ecosistema tecnológico del país.

En el caso del sector farmacéutico, el Acuerdo ofrece una lectura sofisticada de la realidad productiva. Si bien la dependencia global de principios activos (APIs) provenientes de otras regiones es un desafío estructural, la normativa permite valorar y reconocer los complejos procesos de transformación fisicoquímica, formulación y acondicionamiento que se realizan en México.

Esto es un reconocimiento tácito a la infraestructura instalada. Reconoce a las empresas que mantiene plantas operativas, que invierte en sistemas de calidad, que emplea a químicos y técnicos mexicanos y que cumple con la regulación sanitaria de Cofepris. La regla distingue acertadamente entre la simple comercialización y la producción industrial, fortaleciendo a aquellas compañías que han apostado por la inversión productiva de largo plazo.

Naturalmente, la eficacia de esta política pública residirá en su implementación. Las autoridades tienen ante sí la importante tarea de la verificación, un proceso que debe ser técnico, transparente y ágil. Una tarea que será muy demandante.

Es aquí donde se abre un espacio necesario para la colaboración público-privada. La industria organizada debe ser un aliado proactivo de la autoridad, facilitando la información técnica y promoviendo las mejores prácticas para asegurar que la acreditación del Contenido Nacional sea rigurosa. Una verificación robusta beneficia a todos: protege a la industria formal, asegura la calidad de los insumos para el sector salud y garantiza que el presupuesto público cumpla su doble función de atender a la población y dinamizar la economía.

La publicación de estas reglas, en armonía con la LAASSP, perfila una política industrial de salud más madura y estratégica. Nos movemos hacia un escenario donde el "Hecho en México" no es solo una etiqueta de origen, sino el resultado de un proceso verificable de integración económica y tecnológica.

Para el sector salud, esto es una invitación a la innovación y al desarrollo de proveedores. Aprovechar este marco normativo permitirá construir un sistema de abasto más resiliente y una industria más sólida, capaz de responder a las necesidades del país con calidad y capacidad propia.

Hoy cierro con una frase que se atribuye a Joseph E. Stiglitz: “Los mercados por sí solos no generan la transformación estructural necesaria para el desarrollo; la política industrial cumple un papel central."

*El autor cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, fue socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad. Y actualmente se dedica a la gestión de asuntos corporativos en materia de salud para la industria farmacéutica y la de dispositivos médicos.