Un caso de discriminación que expone fallas en el sistema de salud público

Isolde Boadice Artz Colunga, una derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por más de 20 años, continúa su batalla legal contra la institución por la negación sistemática de medicamentos esenciales para tratar su melanoma metastásico en fase IV, un cáncer de piel agresivo diagnosticado hace años. A pesar de múltiples fallos judiciales y administrativos a su favor, el IMSS no responde en cumplir la cobertura de su salud, obligando a Isolde a financiar su tratamiento de manera privada y agotar su patrimonio; ahora ella reclama le repongan el daño calculado en alrededor de 16 millones de pesos. Este caso, que ha llegado hasta instancias internacionales, resalta la indolencia institucional y violaciones al derecho a la salud en México.

Isolde, diagnosticada en 2017, requiere fármacos de última generación como Pembrolizumab (Keytruda), Dabrafenib (Tafinlar) y Trametinib (Mekinist), aprobados internacionalmente y incluidos en el cuadro básico del IMSS. Sin embargo, la institución insistió en ofrecer solo quimioterapia, un tratamiento ineficaz y potencialmente dañino para el melanoma, argumentando razones administrativas sin base clínica. "Si hubiera aceptado eso, ya no estaría aquí", afirmó Isolde en una entrevista reciente, destacando que ha "movido cielo, mar y tierra" para acceder a inmunoterapia privada, lo que le ha permitido una recuperación parcial con pausas periódicas para el hígado.

El abogado de Isolde, Héctor Pérez Rivera, socio director de la firma Pérez Rivera, Salas & Peña, ha liderado la lucha legal desde hace siete años. En la entrevista, Pérez Rivera explicó: "El IMSS dice que no necesita medicamentos porque está 'sana', pero eso es gracias al tratamiento que pagó por su cuenta. Es un acto discriminatorio inconcebible". El caso se ha tramitado por múltiples vías:

Amparo Judicial: En marzo de 2022, el Juzgado 15° de Distrito en Materia Administrativa concedió el amparo (expediente 1163/2019), ordenando al IMSS proporcionar los medicamentos. Ante el incumplimiento, en julio de 2024 se inició un incidente de ejecución. Un peritaje del oncólogo Miguel Ángel Álvarez Avitia, presentado en septiembre de 2024, respaldó la necesidad del tratamiento. Sin embargo, la perita designada por el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), Ana Paulina Meléndez Fernández, enfrenta cuestionamientos por no cumplir con los requisitos de experiencia (menos de cinco años). La resolución pende de la decisión del Consejo de la Judicatura Federal, complicada por la reciente reforma judicial.

Resolución de CONAPRED: En agosto de 2024, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emitió la Disposición 14/2024 (expediente CONAPRED/DGAQ/0667/DQ/18/I/CDMX/Q0667), determinando que el IMSS discriminó a Isolde por su condición de salud, negando tratamiento adecuado, mostrando falta de empatía y violando la obligación de atención integral. La resolución ordena garantizar el acceso continuo a los medicamentos, capacitar al personal en derechos humanos, ofrecer una disculpa pública, actualizar las guías clínicas para melanoma con evidencia científica actual y reparar el daño. A pesar de causar ejecutoria, el IMSS interpuso un juicio de nulidad en abril de 2025, y CONAPRED inició seguimiento en diciembre de 2024. Pérez Rivera criticó: "Es absurdo que un organismo gubernamental cuestione a otro; ahora pelearemos en tribunales administrativos".

Reclamación Patrimonial: En julio de 2025 se presentó una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, basada en los artículos 8° y 113° constitucionales, exigiendo reembolso de gastos. El IMSS tiene tres meses para responder, pero se anticipa rechazo, llevando a más litigios.

Instancia Internacional: La petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, P-2168-23), presentada en agosto de 2024, solicita medidas provisionales. En febrero de 2025, se notificó la respuesta del Estado mexicano, y la CIDH analiza el caso. El gobierno, vía Relaciones Exteriores y Gobernación, expresó interés en soluciones internas, pero México tiene un historial de resistencia a fallos de la CIDH.

Isolde expresa su frustración: "He pagado cuotas toda mi vida laboral para esto, y ahora estoy enojada y desesperada. Quiero al menos un acuerdo para reembolsar y asegurar el futuro acceso en caso de que recaiga". Conforme se han dado las cosas, tanto Isolde como el abogado Pérez Rivera coinciden en que tal parece que el equipo del director general Zoé Robledo no quiere darle a ella el medicamento; y este es sólo un caso pero la realidad es que en el organismo hay una actitud de omisión sistémica, es decir de ignorar este tipo de casos de derechohabientes que reclaman la cobertura. “Esta situación afecta a miles de pacientes en todo el país, especialmente en zonas marginadas".

El caso ha generado eco en medios y redes, buscando presionar al IMSS para que responda, pero hasta el momento todo ha sido infructuoso. El caso es similar a otros recientes, como el de la niña Andy con atrofia muscular espinal, donde el IMSS también ignora órdenes judiciales, lo cual refleja una crisis en el acceso a tratamientos oncológicos en instituciones públicas.

Varias organizaciones incluso del mismo Estado, como CONAPRED, urgen a actualizar guías clínicas para evitar tratamientos obsoletos que "matan" a pacientes. Mientras tanto, Isolde busca amplificar su historia en prensa y redes para generar conocimiento y conciencia sobre lo que está sucediendo con muchos pacientes que se quedan atorados sin poder tener cubierta su salud conforme lo marca la ley, y así forzar un cambio, enfatizando: "Esto no es solo por mí, sino por todos los que mueren atorados en burocracia".