Autonomía, dique a autoritarismos e injerencias

Cada vez son más frecuentes las amenazas, surgidas desde los gobiernos estatales, a la autonomía de las universidades públicas, instituciones que resulta apetecibles por los fondos públicos que reciben anualmente de la Federación. Los focos de alerta debido a la injerencia gubernamental en detrimento de la autonomía universitaria son Sinaloa y Campeche, donde han proliferado detenciones, retrasos presupuestales, presiones políticas y modificaciones legales.

El derecho a la autonomía universitaria, consagrado en el Artículo 3, fracción VII, de la Constitución Federal, que tutela la facultad de las universidades para autogobernarse, es transgredido con más frecuencia por los Ejecutivos estatales, lo cual puede sentar un peligroso precedente para el sistema nacional de universidades públicas y la soberanía de sus instituciones.

De acuerdo con reportes periodísticos, la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, ha sido señalada de estar detrás del acoso y detención de José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, para hacerse del control político y económico de esa casa de estudios. Abud Flores fue destituido del cargo tras ser detenido por presunta posesión de estupefacientes.

Ese no ha sido el único caso de injerencia a la autonomía universitaria en Campeche, ya que, de acuerdo con la denuncia del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Carmen, la rectora de esa institución de educación superior, Sandra Martha Laffon Leal, fue presionada por funcionarios del gobierno local para que renunciara al cargo.

Durante las últimas décadas, las Universidades Públicas Estatales Autónomas (UPEAs) han sido blanco constante de presiones políticas, reformas legales perniciosas, asfixia presupuestal e intentos de injerencia por parte de los Poderes Ejecutivos y Legislativos locales. La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) tuvo una confrontación directa con el Gobierno del estado y el Congreso local por la reforma a su Ley Orgánica, un intento de intromisión para restar facultades de autogobierno al Consejo Universitario en la elección de sus autoridades.

La Universidad Veracruzana (UV) vivió uno de los episodios más severos de asfixia financiera y presión política durante el periodo de gobierno de Javier Duarte (2010-2016), quien retuvo de manera sistemática miles de millones de pesos correspondientes a subsidios federales y estatales ya aprobados, colocando a la universidad al borde de la insolvencia operativa y el impago de nóminas.

Así mismo, se intentaron modificaciones legales que mermaban la autonomía patrimonial, a lo que la comunidad universitaria respondió con una histórica movilización social y litigios que obligaron al Estado a reconocer judicialmente la deuda y respetar su autonomía presupuestal.

En tanto, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) mantuvo una disputa con el Poder Legislativo estatal, debido a que los legisladores buscaron someter los mecanismos de control interno de la universidad a la estructura de la Contraloría del estado, generándose un debate jurídico nacional sobre los límites entre la rendición de cuentas obligatoria y el derecho al autogobierno reconocido por el máximo tribunal del país.

Fue el mismo conflicto que enfrentó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) durante la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses, quien intentó imponer un órgano de control externo -un contralor designado por el Congreso local- para fiscalizar los recursos de la institución. El diferendo escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió a favor de la universidad, sentando un precedente de que los gobiernos estatales no pueden violentar la autogestión bajo el argumento de la fiscalización sin contravenir la Constitución.

Por lo anterior, fue grato encontrar en el diario El Economista un despacho informativo que daba cuenta de la magna movilización realizada -el pasado 21 de octubre- en las principales arterias de Pachuca de Soto, por la comunidad de la Autónoma de Hidalgo, culminando en la plancha de la Plaza Juárez -el corazón político de la entidad- para celebrar y reivindicar la autonomía universitaria, un dique indispensable frente al injerencismo de gobernantes autoritarios.

La importancia de la marcha de la comunidad universitaria de la UAEH radica en la magnitud y relevancia de la histórica victoria jurídica alcanzada el 3 de octubre de 2018, por las autoridades universitaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual dio la razón a la universidad al determinar que la imposición de órganos de vigilancia gubernamental externos violentaba la facultad de autogobierno consagrada en la Constitución.

Además, el reunir a decenas de miles de personas en el centro político del estado es una demostración de músculo operativo y capacidad de movilización de la comunidad universitaria que trasciende los muros de las aulas. Aunado a lo anterior, la presencia de liderazgos nacionales como el “Profe” Alberto Anaya González, senador y líder nacional del Partido del Trabajo (PT), así como de diputados federales del partido de la estrella, pone de manifiesto que la Autónoma de Hidalgo no es una isla académica aislada de la realidad nacional, sino un actor político de primer orden cuyo pulso influye directamente en la geopolítica regional, especialmente de cara a los próximos procesos de recomposición de poderes en Hidalgo.

La autonomía universitaria es el pilar técnico y jurídico que garantiza que la generación del conocimiento, la investigación y la docencia se ejerzan libres de coyunturas partidistas o caprichos del poder en turno. Por ello, la mega marcha universitaria del 21 de octubre dejó en claro que la comunidad universitaria de la Autónoma de Hidalgo está dispuesta a salir a las calles a blindar su marco legal ante cualquier intento de intromisión externa.