Va de nuevo

Uno de los aspectos más negativos durante los años de “la docena trágica” que abarcaron las presidencias de Echeverría y López Portillo fue el crecimiento acelerado del sector paraestatal mediante la creación, compra, rescate y expropiación de empresas productoras de todo tipo de bienes y servicios. Al finalizar el periodo de López Portillo, en noviembre de 1982, el gobierno era propietario de 1,155 empresas y organismos, que iban desde Pemex y CFE hasta aerolíneas, hoteles, fábricas de diferentes bienes, comercializadoras de café y tabaco y restaurantes, bares y centros nocturnos. La vorágine estatista llegó a su clímax con la expropiación de toda la banca comercial mexicana el 1º de septiembre de ese año al grito de “no nos volverán a saquear”.

Que el gobierno sea propietario de empresas productoras de bienes privados, es decir aquellos que cumplen con las características de exclusión en el consumo (si el individuo no paga por el bien no se los venden) y rivalidad en el consumo (la unidad específica del bien que un individuo consume no está disponible para el resto de los consumidores), acarrea diversas y graves ineficiencias con un elevado costo en bienestar social. Ejemplos de bienes privados son todos los que podemos adquirir en una tienda, la comida y bebida en un restaurante, un viaje en un avión, el alojamiento en un hotel, ver una película en un cine, el fluido eléctrico, la gasolina, etcétera.

La principal causa de las ineficiencias que se derivan de la propiedad gubernamental de empresas que producen bienes y servicios privados es la ineficiente definición de los derechos de propiedad. Mientras que en una empresa privada se conoce con certeza quién es el que aportó el capital de la empresa y, por consiguiente, es el propietario de los activos, en una empresa gubernamental nominalmente los activos son propiedad de todos los ciudadanos del país y el gobierno es únicamente el administrador; no es el dueño. (“Pemex es de todos los mexicanos”)

La definición de los derechos de propiedad en el caso de una empresa privada, así como su indefinición en el caso de una gubernamental tiene una importante consecuencia. En una empresa privada, sobre todo cuando opera en un mercado en donde enfrenta a otras empresas competidoras, el propietario tiene el incentivo para administrarla eficientemente, ya que de ello depende su participación en el mercado y el que maximice las utilidades sobre el capital que él invirtió. “Administrarla eficientemente” incluye, entre otras cosas, elegir la tecnología adecuada y la cantidad óptima de mano de obra y con el capital humano requerido para utilizarla.

Por otra parte en una empresa gubernamental, sobre todo si actúa como un monopolio, no existen los incentivos para la utilización eficiente de los activos, ni en cuanto a la tecnología (la cual tiende a ser obsoleta) y menos aún con la cantidad óptima de trabajadores y con la capacitación adecuada. En estas empresas lo que se observa es que la relación entre los activos fijos y la mano de obra es significativamente menor que la misma relación en una empresa privada similar y en el mismo sector de actividad; es decir, las empresas gubernamentales tienen un exceso de trabajadores. El mejor ejemplo de esto en México es sin duda Pemex; como se mida (por activos o por ingreso) esta empresa opera con un exceso de personal. Más aún, los trabajadores en las empresas gubernamentales tienen un salario, incluidas prestaciones, por arriba de lo que obtienen en una empresa privada similar en el mismo sector.

Con tecnología obsoleta, un exceso de personal y actuando como un monopolio al cual se le asigna una “función social” sin definir exactamente qué se debe entender por ello, resulta que las empresas gubernamentales generalmente operan con pérdidas y son, en consecuencia, una significativa fuente de déficit fiscal. Así por ejemplo, en 1982 el déficit financiero del sector público ascendió a 16% del PIB; un poco más de la mitad fueron pérdidas de las empresas gubernamentales.

No es papel del gobierno ser propietario y producir bienes privados; el sector privado lo hace de manera mucho más eficiente. Además, si éste incurre en pérdidas, éstas van directamente en contra de la riqueza del propietario, mientras que, por otra parte, si la empresa gubernamental incurre en ellas, éstas se socializan entre toda la población ya sea con mayores impuestos, más deuda pública o menor cantidad y calidad de bienes públicos, incluidos educación y salud. Por lo anterior y por la necesidad de hacer un ajuste estructural de las finanzas públicas es que los gobiernos de los presidentes de la Madrid, Salinas y Zedillo decidieron achicar el tamaño del sector paraestatal mediante el cierre y venta de diferentes empresas.

El presidente López, con lo populista y estatista que es y considerando que la privatización de empresas fue casi una traición a la Patria, al grito de “no nos volverán a saquear” ha emprendido un acelerado proceso de crecimiento de empresas gubernamentales, no sólo inyectando ingentes cantidades de recursos a Pemex y CFE, sino también creando empresas militares que administran ferrocarriles, aeropuertos, hoteles y una línea aérea, además de adquirir otras como Exportadora de Sal.

Como en los años de la “docena trágica”, con el actual gobierno ya empezamos a observar empresas gubernamentales ineficientes, con exceso de personal, con fuertes pérdidas y fuente de déficit fiscal, empresas destructoras de la riqueza nacional.

Para finalizar, la famosa frase de Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte: “La historia se repite dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”. Va de nuevo.

X: @econoclasta