Urbanización y desarrollo económico van de la mano. También la urbanización y reducción de la pobreza. No existe un solo país rico que no esté plenamente urbanizado. Todas las naciones desarrolladas observan un porcentaje de población urbana superior a 90-95%, mientras que su población rural es de apenas unos pocos puntos porcentuales, pero altamente productiva. Tampoco existe un solo país pobre que esté plenamente urbanizado. Lo mismo ocurre a escala regional o sub-nacional. En México, los estados más ricos tienen un muy alto porcentaje de población urbana, en torno a 80-90%, como es el caso de Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, y Baja California. Los más pobres aún mantienen una elevada proporción de población rural —alrededor de 50%—, notablemente, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Las correlaciones y causalidades entre población urbana e ingreso per cápita y desarrollo humano son extraordinariamente elevadas.

México observó un acelerado proceso de urbanización a lo largo de casi todo el siglo XX, que estuvo asociado a la creación de una considerable clase media y a la reducción de la pobreza extrema, al igual que a un aumento muy significativo en la esperanza de vida, alfabetismo, acceso a la educación, salud y seguridad social, vivienda, agua potable y drenaje, electrificación e ingresos medios. Desafortunadamente, el proceso de reforma agraria implicó la dispersión y arraigo de población campesina por todo el territorio nacional, aún en tierras poco productivas, abruptas, aisladas, ecológicamente frágiles y con escasez de agua. Así se sembraron las condiciones para una persistente muy baja productividad y pobreza extrema, así como para su transmisión intergeneracional; también para la deforestación y destrucción de la biodiversidad. De hecho, en nuestro país, como consecuencia, se registran alrededor de 200,000 asentamientos humanos con menos de 2,500 habitantes. Con todo, la población rural de México se redujo de casi 60% en 1950, a poco menos de 28% en 1990. Sin embargo, a partir de ahí, el proceso de urbanización se desaceleró y se estancó, al grado de que en la actualidad el porcentaje de población rural aún se mantiene en niveles cercanos a 25 por ciento. Es posible que en ello hayan incidido las políticas sociales impulsadas a partir de la última década del siglo XX.

El más reciente informe del Coneval corrobora el endemismo de la pobreza en el sur del país. Chiapas, Guerrero y Oaxaca son (y han sido siempre) los estados con la mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema, y con el mayor porcentaje de población campesina. En tales circunstancias, es prácticamente imposible (y la experiencia nacional e internacional lo documentan) elevar significativamente la productividad para permitir mayores ingresos. La transición demográfica y urbana debe acelerarse como condición indispensable para reducir la pobreza. Las ciudades son los sistemas más productivos de convivencia humana, de mayor intensidad de vida cívica, de mayores economías de escala, de interacción social, de acceso a empleos y multiplicidad de oportunidades, de acceso a infraestructura y servicios públicos, así como a la salud y a la educación. También, las ciudades densas, compactas y verticales son los sistemas de asentamiento humano más sostenibles dada su eficiencia territorial y bajos costos de provisión de infraestructuras y servicios, que permiten una baja huella ecológica y liberar espacios para la conservación de la biodiversidad. Cabe señalar que, igualmente, el proceso de urbanización es condición sine qua non para contener y revertir la deforestación a través de la llamada transición forestal observada en países desarrollados y en pleno desarrollo, en la cual se liberan tierras antes ocupadas por actividades agropecuarias improductivas para su recuperación ecológica, y se reduce la presión directa de subsistencia sobre los ecosistemas. Lo anterior, al tiempo que la producción de alimentos se transfiere a unidades de producción más eficientes y de alta productividad por hectárea, capaces de producir grandes volúmenes en superficies relativamente pequeñas.

En las ciudades obviamente hay pobreza, pero en gran medida es resultado de la migración del campo a las ciudades, de un proceso inacabado de integración social y productiva a la vida urbana, y, desde luego, de que en las ciudades se concentran las tres cuartas partes de la población total en México. La generación de pobreza extrema es un fenómeno eminentemente rural, mientras que la destrucción de la biodiversidad está correlacionada claramente con una alta densidad de población campesina en condiciones de pobreza.

En este contexto, tratar de arraigar a la población campesina en pobreza extrema en el campo (como lo pretende este gobierno) es arraigarla a la miseria y a la marginación, y equivale a anclar los mecanismos para su transmisión intergeneracional, al igual que para la deforestación y la degradación ecológica (agricultura de subsistencia, pastoreo extensivo). Es esencial una política expresa para promover la emigración a las ciudades de la población campesina más pobre y en condiciones de muy baja productividad, a través de instrumentos adecuados de capacitación, pagos por servicios ambientales en tierras puestas en recuperación ecológica (como soporte económico), y subsidios eficientes a la vivienda, educación, e inserción productiva en la vida urbana.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.