La semana pasada escribí en este espacio sobre el abierto desafío de Telmex al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en este inicio del 2015, que en fechas recientes ha intensificado su campaña publicitaria mediante la que ofrece un servicio que tiene expresamente prohibido en su título de concesión: la comercialización de servicios de video.

Me refiero al servicio de televisión bajo demanda que ofrece bajo la marca Clarovideo. El lector recordará que hice un símil con el caso de British Telecom (BT), que después de haberse adherido a la regulación dictada por el regulador de las telecomunicaciones en Reino Unido, logró que dicha autoridad resolviera quitarle en el 2001 la prohibición expresa contenida en la licencia de este operador, tal como había quedado estructurada a partir de que fue privatizada en 1984, por razones de competencia.

Justamente porque BT cumplió con las decisiones regulatorias adoptadas por las autoridades de Reino Unido, la prohibición para poder ofrecer servicios de televisión fue removida de la licencia correspondiente. Mencioné la semana pasada que esas decisiones regulatorias permitieron que en ese país existan condiciones de competencia efectiva, un escenario completamente distinto al que hemos vivido en México.

Lamentablemente, mi aspiración para que en este 2015 el IFT corrija los traspiés regulatorios cometidos a lo largo del 2014 pinta para desdibujarse desde la segunda semana de enero de este nuevo año. Se trata sin duda de un mal presagio. Afirmo que pinta para desdibujarse con tal sólo ver la decisión que acaba de adoptar ese órgano regulador en un tema relacionado: la concentración entre Telmex y Dish no notificada a la extinta Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

Se trata de la concentración entre un operador que tiene expresamente prohibida la explotación de servicios de televisión (Telmex) y otro concesionario que justamente explota servicios de televisión restringida (Dish). A pesar de ello, para el IFT no se trata de un asunto grave, pues, según uno de los agentes involucrados, el IFT determinó que dicha concentración no ocasionó daño alguno al mercado. Por ello, determinó que esa pequeña travesura sólo ameritaba una sanción de 14 millones de pesos para Telmex y de 43 millones de pesos para Dish.

El tamaño de esa sanción ilustra la verdadera convicción del IFT para cumplir con uno de los objetivos centrales de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión: promover la competencia efectiva. Una sanción de ese tamaño, sobre todo para un operador que tiene ingresos superiores a los 100,000 millones de pesos anuales tan sólo en servicios fijos, resulta simple y sencillamente inútil para los fines de meter en cintura al agente económico más poderoso de América Latina.

Eso significa que para este agente económico -y por tanto para todos los demás agentes que participan en el sector telecomunicaciones-, las decisiones del IFT para promover competencia efectiva en México simple y sencillamente no gozarán de credibilidad, un atributo fundamental para que esas decisiones sean eficaces para lograr el objetivo de competencia.

Para una falta grave o una conducta indebida del jugador que ha sometido al mercado durante 24 años, una sanción pequeña en términos relativos para el tamaño de ese agente y un mensaje equívoco de que una concentración indebida en la que se vio involucrado no causó daño al mercado , es signo inequívoco de que en el camino del 2014 perdimos uno de los pilares de la reforma constitucional: un regulador efectivo. Ojalá me equivoque.

Al paso que vamos, es probable que el IFT felicite a Telmex por ofrecer televisión bajo demanda, sin permiso.

*El autor es senador de la República.