UNAM: Estudiantes contra la violencia

Las protestas contra la violencia porril en la UNAM, la organización de asambleas interuniversitarias y paros en escuelas, y la conmemoración estudiantil de la Marcha del Silencio el 13 de septiembre han sugerido en la opinión pública diversos paralelismos entre las actuales protestas universitarias y el Movimiento estudiantil de 1968. Si bien, la coincidencia de fechas sugiere algunas comparaciones, es preciso analizar las demandas estudiantiles de 2018 en el contexto presente. Denostar o exaltar las demandas estudiantiles a la luz del M68 y Tlatelolco o especular acerca del trasfondo político de los hechos recientes sin mayor investigación, no contribuye a la comprensión de lo que, en mi opinión, constituye una llamada de atención que la UNAM y el gobierno de la Ciudad están a tiempo de enfrentar y resolver.

La violenta irrupción de porros el 3 de septiembre contra una manifestación convocada para demandar medidas contra la inseguridad y la violencia, cristalizadas en ese momento en el feminicidio de Miranda Mendoza Flores, estudiante del CCH Oriente, es un hecho vergonzoso e indignante que debe investigarse hasta llegar a los autores intelectuales - ya sean funcionarios de CCH, de la UNAM y/o personajes ligados a la política de la ciudad u otros. Castigar a los autores materiales es indispensable, y así debe entenderlo la PGJ. Al mismo tiempo, como el porrismo no es ajeno a las instituciones (que lo fomentan o toleran), enfocarse sólo en aquéllos sería ignorar las formas de coacción que empujan a algunos jóvenes a hacerse porros o a someterse a sus imposiciones.

Además del problema de la violencia delincuencial y de la flagrante presencia de narcomenudistas en los distintos planteles de la UNAM, documentada esta última por el periodista Humberto Padgett el año pasado, el estudiantado de nivel medio superior y superior ha denunciado la persistencia del acoso y la violencia de género en los planteles y lo que considera falta de medidas efectivas contra ésta por parte de las autoridades.

Es significativo, y distinto del M68, que uno de los siete puntos del pliego petitorio de la Segunda Asamblea Interuniversitaria sea precisamente la exigencia de una política contundente para prevenir y sancionar la violencia de género en el sistema universitario. Esta demanda no es nueva. Es producto de una larga serie de protestas que fueron largo tiempo desoídas y a las que, a ojos del estudiantado, las autoridades no han respondido con suficiente determinación. Recordemos que en marzo de este año estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas de CU organizaron sendos paros “feministas” para protestar por la falta de respuesta a casos de acoso y violencia contra ellas, incluyendo violencia sexual.

LA UNAM no ha sido del todo pasiva ante el acoso sexual en sus planteles, pero tampoco ha sido ejemplar. Apenas en 2016 aprobó un protocolo para atender estos casos y ha publicado dos informes al respecto. En el último (junio 2017-junio 2018), documenta 251 denuncias, en su mayoría de estudiantes (79.3%), contra alumnos (37.9%), personal académico (28.5%) y otros, y expone las medidas tomadas para sancionar a los agresores. Estas denuncias son significativas dada la dificultad que enfrentan las víctimas para alzar la voz, por la normalización de conductas misóginas, el miedo a poner en riesgo sus estudios o la falta de confianza en el proceso.

Las autoridades de la UNAM tienen hoy la oportunidad de demostrar que no van a negar (más) la realidad. Escuchar a quienes consideran que el protocolo es deficiente, considerar las opciones de seguridad ciudadana (y no un enfoque securitario) en sus campus, sancionar a funcionarios promotores o cómplices de cualquier violencia en sus escuelas y establecer una verdadera política de tolerancia cero ante el acoso, así tengan que sancionar a profesores connotados o a empleados sindicalizados, es lo menos que pueden hacer para responder a la valentía de las estudiantes que han sacado a la luz este grave problema.