Trabajadores competitivos

Este gobierno ha promovido múltiples iniciativas, algunas ya vigentes, para mejorar las condiciones de los trabajadores en México y darle contenido al mandato constitucional sobre que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

A pesar de ello, nuestro país ha tenido, y sigue teniendo, altas tasas de subempleo, empleo informal y migración de trabajadores potenciales a otros países –principal pero no únicamente Estados Unidos.

Es importante tener en mente que el mercado laboral no comparte dinámica con otros mercados en cuanto a competencia y libre concurrencia, por la enorme diferencia de poder entre los dueños del capital y la mano de obra, y el consiguiente incentivo de los patrones a extraer rentas extraordinarias. De la esclavitud para adelante, existe cuantiosa evidencia de que este mercado requiere intervenciones estatales y luchas sociales para mitigar el poder del lado patronal, excepto en los muy limitados sectores donde el talento de los trabajadores es tan escaso, que se igualan o invierten las relaciones de poder.

En el caso mexicano, históricamente prevaleció el paradigma de que el bajo costo de la mano de obra era una condición sine qua non para la productividad de las empresas, por lo que el salario mínimo se mantuvo a niveles preocupantemente bajos. Aun así, las empresas procuraron minimizar el número de empleos formales y recurrir a esquemas de subcontratación para evitar el pago de cuotas de seguridad y otras prestaciones de ley. Las organizaciones patronales y cúpulas empresariales blandieron siempre la amenaza de despidos masivos, pérdida de competitividad e inflación rampante ante cualquier aumento en el salario y las prestaciones.

Por eso, los términos de la relación laboral legal estuvieron estancados en jornadas presenciales de 8 horas, con un solo día de descanso por cada seis de trabajo, 15 días de aguinaldo, entre otros.

Este gobierno ha retado el paradigma. De 2018 a la fecha, el salario mínimo ha pasado de 2,650 pesos mensuales a 7,468 pesos, una cantidad aún insuficiente para hablar de salario digno, pero sin duda un avance en la dirección correcta. No se han podido observar los efectos plenos de este aumento, ni qué parte de los fenómenos laborales y económicos observados guardan una relación causal con el aumento al salario, pero no parece haber indicadores de un efecto inflacionario y de desempleo atribuible directamente a éste.

La reforma de 2021 a la Ley Federal del Trabajo y otras leyes relacionadas para prohibir el outsourcing han sido también clave para transparentar y reordenar las relaciones obrero-patronales, si bien ha quitado flexibilidad a las modalidades de contratación que podrían ser eficientes.

Se emitió también la norma oficial mexicana para reconocer y regular el teletrabajo y otra para el manejo de riesgos psicosociales; se aprobó asimismo una primera reforma para modificar el sistema a de pensiones; se incorporó la licencia por paternidad de cinco días.

Están en proceso de discusión reformas constitucionales y legales para asegurar que el salario mínimo aumente al menos al ritmo de la inflación; duplicar el aguinaldo de 15 a 30 días por año; reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y garantizar dos días de descanso por cinco de labores; aumentar la licencia por paternidad a 20 días; establecer la obligación de los patrones de garantizar el descanso a las personas que trabajan mayoritariamente de pie, y una reforma más profunda del sistema de pensiones.

Aumentar los costos de contratación formal para las empresas no es trivial, pero es sin duda un mecanismo para incentivar a los patrones a promover aumentos en la productividad de los trabajadores vía capacitación, eficiencia, flexibilidad de horarios y lugar de trabajo, cierre de brechas entre hombres y mujeres, transparencia, innovación y adopción de tecnologías, no sólo extracción de rentas a costa de la salud, bienestar emocional y capacidad de balancear la vida personal con el trabajo.

Las empresas mexicanas deben poder producir bienes y servicios a precios competitivos para lograr la preferencia de los consumidores locales y globales, pero no a costa de la explotación sin contrapeso. Ojalá se discutan las reformas planteadas con la seriedad que ameritan.