En la vida nacional cruzamos por problemas complejos y difíciles de acomodar. Unos provienen de “la pandemia de ocurrencias del presidente” (como ha dicho Sergio García Ramírez) y otros de la circunstancia y la trascendencia de lo que acontece diariamente.

Entre lo cotidiano, lo asombroso, proviene de la detención del Exsecretario de la Defensa Nacional: Salvador Cienfuegos. Resulta singular, porque es un hombre que ha sido vigilado, evaluado e investigado durante, por lo menos, 30 años. No hubiera podido ser secretario de la Defensa si hubiera tenido una mínima mancha en su historial o en sus relaciones, por lo demás bien vigiladas. Hay quien piensa que este asunto podría inscribirse en las voluntades electoreras del presidente. Hay quién piensa que este asunto es, sencillamente las declaraciones del Chapo Guzmán o de García Luna, buscando un acuerdo para reducir sus propias penas. Al final el juego de una manera de ver la justicia, como se hace en aquel país.

Si las cosas estuvieran hasta ahí, este y otros asuntos serían una anécdota más del accidentado transcurrir del gobierno durante estos dos años, sin embargo, están en la realidad muchos más frentes abiertos, qué por encima de la coyuntura, implican problemas mucho más serios; cada vez más delicados y preocupantes.

Héctor Aguilar Camín y la asociación “Signo Vitales” (que ha reunido a algunos de los mejores mexicanos intelectuales y profesionales en nuestro país), que acaba de publicar su texto de diagnóstico inicial: “México Enfermo”, han hecho un recuento de los temas jurídicos a los que la Corte les ha dado largas, inexplicablemente.

Hay, por lo menos 8 asuntos a los que la Corte no le ha querido entrar. Y, después del galimatías de la consulta sobre si debe ejercerse la ley o no, respecto de posibles delitos cometidos por expresidentes, no parece sencillo para que quiere la Corte hacer tiempo y eximirse de responsabilidades, a menos que el Ejecutivo tenga suficiente información o capacidad de presión para que los ministros no se pronuncien de manera clara y contundente frente a estos 8 asuntos que desde mi perspectiva, son todos inconstitucionales. Reseño lo expuesto por Signos Vitales. com.

  1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, faculta al Presidente de México, para reorientar de manera unilateral los ahorros obtenidos a partir de la racionalización del gasto. Artículo 61 Ley Federal de Austeridad Republicana y Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal bajo los criterios que en el mismo se indican. El presidente, puede reorientar y gastar de manera unidireccional el 75% de subejercicios de las partidas de materiales y suministros y servicios generales de todos los ramos administrativos debido a la crisis sanitaria por COVID.
  2. Ley de la Guardia Nacional “Invadir responsabilidades que eran propias de diversos poderes y niveles de gobierno. El Presidente, a través de la Guardia Nacional, ahora puede: Atender ilícitos del fuero federal y de los fueros locales. La GN puede investigar delitos, realizar investigación en materia de prevención de delitos, efectuar tareas de verificación para prevenir infracciones administrativas, solicitar la georreferenciación de equipos móviles, solicitar la intervención de comunicaciones, recabar información en lugares públicos, requerir y solicitar información a autoridades y personas, analizar y procesar información.
  3. Ley Nacional de Extinción de Dominio Extinguir el dominio de propiedades privadas bajo supuestos que pueden ser violatorios de la constitución, como cuando un individuo no compruebe a cabalidad la legítima procedencia de los bienes en controversia.
  4. Artículos 7 y artículo 9 numeral 4 Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos (LFRSP) Violar derechos laborales a través de la reducción de salarios a funcionarios públicos.
  5. Artículo 6 Código Penal Federal Penalizar a los funcionarios que reciban remuneraciones que superan el salario que le corresponde al presidente de la República. Artículos 217 y 217 bis (Declarados inconstitucionales por la SCJN).
  6. Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza Utilizar la fuerza epitelial, permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la integridad de la autoridad o de personas ajenas, con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor.
  7. Art. 6, fracción VI Utilizar armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas que sean Art. 27 calificadas, sin fundamentos claros por la autoridad, como no pacíficas o carentes de objeto lícito. Se les permite a los entes encargados de garantizar la seguridad pública a hacer uso de todos los niveles de la fuerza pública, entre las que se encuentran el uso de armas de fuego y el uso de la fuerza letal en los casos en los que, a juicio de los ejecutores de la fuerza, las manifestaciones sean violentas.
  8. Art. 28 Ley Nacional del Registro de Detenciones La Fuerza Armada permanente está autorizada para llevar a cabo y registrar detenciones. Art. 19 5to transitorio

Todas estas 8 modificaciones legales, que están en leyes que están sometidas a revisión constitucional en la Suprema Corte de Justicia, ponen en peligro nuestras libertades individuales, la presunción de inocencia y la capacidad de actuar política y socialmente en la discusión pública.

De considerarse constitucionales y aceptables, estaremos ante un gobierno que nos puede perseguir, nos puede amenazar y nos puede quitar todo, sin que haya manera de quejarnos o defendernos. Hay que alzar la voz y cuidarnos, porque este gobierno quiere poder controlarnos a todos. Nada menos, pero nada más.

Miguel González Compeán

Abogado, politólogo y economista

Columna invitada

Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM.

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